En su visita oficial a Argentina, la mandataria chilena junto a su homóloga Cristina Fernández, expresaron que pueden dar su opinión pero no tomar decisiones, debido a que es algo que les corresponde a los tribunales de justicia. “Hay que arbitrar todas las inspecciones y políticas tendientes a que se desarrolle en un respeto total al medio ambiente”, aseguró Bachelet.

Fuentes: Chile Sustentable y Perfil

En el marco de su visita oficial a Argentina, la Presidenta Michelle Bachelet, así como su homóloga Cristina Fernández, se refirieron al proyecto minero Pascua Lama, que involucra a las dos naciones. En la oportunidad, las dos Mandatarias indicaron que como autoridades pueden tener una opinión sobre el proyecto, pero no pueden tomar decisiones.

“La minería per se no es ni buena ni mala en sí misma, sino que en realidad hay que arbitrar todas las inspecciones y políticas tendientes a que se desarrolle en un respeto total al medio ambiente”, aseguró Bachelet.

Además agregó que Chile cuenta con una institucionalidad ambiental y judicial que “nosotros respetamos plenamente”.

Por su parte, Fernández defendió la minería al afirmar que “no es ni buena ni mala” y señaló que “una de las mayores contaminaciones” en la Argentina es “en el Riachuelo donde no hay ninguna” minera.

“La contaminación no está vinculada a la minería”, enfatizó la Presidenta argentina, quien aseguró que “nosotros tenemos una política ambiental como la tienen todos los países que tienen la suerte de tener esos recursos”.

Durante la rueda de prensa junto a su par de Chile, Michelle Bachelet, Fernández indicó que “la minería per sé no es ni buena ni mala”, al tiempo que subrayó que “si (los habitantes) no tienen trabajo tampoco va a haber ambiente saludable”. 

Además, indicó que “las presidentas podemos hacer comentarios entre nosotras respecto a esas cuestiones, pero no tomar decisiones”, señaló.

El proyecto de la minera canadiense Barrick Gold está ubicado en la frontera entre Chile y Argentina y, desde el inicio de su construcción, ha sido fuertemente cuestionado por organizaciones ambientalistas que reclaman que está destruyendo glaciares y provocando daño ambiental, lo que afectaría, entre otras cosas, a comunidades diaguitas de la zona.

Por esta razón, el Tribunal Ambiental determinó la paralización del proyecto y la obligación de tomar lo antes posible las medidas de mitigación que resguarden los recursos hídricos del lugar. El proyecto está a 4.000 metros de altura y ha significado una inversión de más de 8.000 millones de dólares para la empresa canadiense.