Santiago, Chile – 21/04/08. Proyectos con distintos grados de avance para la construcción de represas y de exploración y explotación minera a lo largo de la cordillera austral levantan reacciones compartidas por las comunidades argentinas y chilenas. La minera Deprominsa, filial de la canadiense Suramina Resources Inc. explora para desarrollar una iniciativa para extraer oro, plata, plomo y zinc en Argentina cerca de la frontera con Chile, a la altura de la Región de Aysén. Hoy la preocupación de las organizaciones chilenas, y ayseninas en particular, es alta. No ven al Gobierno preocupado de garantizar los derechos de sus comunidades, las cuales han debido actuar personalmente para prevenir posibles impactos en los cursos hídricos compartidos.
Fuente: INVERTIA
A principios de agosto de 2007, 14 organizaciones de la Región de Aysén vinculadas al turismo, el desarrollo sustentable, el medio ambiente, el comercio, la ganadería, la agricultura, la Iglesia Católica, el trabajo vecinal y los derechos de los consumidores pidieron mediante carta a la ex intendenta Viviana Betancourt y al ministro de RREE Alejandro Foxley que asumieran su responsabilidad de Estado e hicieran cumplir el Tratado de Medio Ambiente suscrito por Chile y Argentina en 1991, particularmente su Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos. Esto, a raíz de diversas iniciativas mineras y de represas que se proyecta desarrollar en Argentina sobre recursos hídricos compartidos, las cuales afectarían a las comunidades chilenas aguas debajo de estos ríos y lagos.
Sólo el secretario de Estado respondió mediante oficio 35 del 3 de septiembre de 2007 a la consulta, señalando sobre los proyectos de represas y minería trasandinos que “se ha solicitado antecedentes al vecino país en el marco del citado protocolo, y está siendo analizado por la Dirección de Aguas y por la Conama, de nuestro país. Este proyecto (la represa La Elena sobre el río Corcovado), como otros de carácter minero, también serán objeto de consultas en cuanto se refieran a recursos hídricos compartidos y temas ambientales”.
Ha pasado más de medio año y nada más han sabido las organizaciones regionales sobre las “consultas” que habría hecho el Estado chileno a su par argentino. Pero hoy, a través de agrupaciones ciudadanas argentinas, se les informa que existe proyectado un gigantesco proyecto industrial minero concreto sobre el lago Pueyrredón, que es el nombre que recibe en Argentina nuestro lago Cochrane. Y éste forma parte de la Cuenca del Baker, precisamente la que se incorporará en forma piloto a la Estrategia de Cuencas Hidrográficas que lanzará en Aysén la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.
Minería en Recursos Hídricos Compartidos
El Tratado de Medio Ambiente entre Chile y Argentina señala expresamente en su artículo primero que “las partes convienen en que las acciones y programas relativas al aprovechamiento de recursos hídricos compartidos se emprenderán conforme al concepto de manejo integral de la cuencas hidrográficas. El aprovechamiento de los recursos hídricos en el territorio de una de las partes, pertenecientes a una cuenca común, no deberá causar perjuicios a los recursos hídricos compartidos, a la cuenca común o al medio ambiente”.
Hoy, Deprominsa (filial de la canadiense Suramina Resources Inc.) está realizando un completo trabajo con la comunidad de Lago Posadas (o Hipólito Yrigoyen, como también se le conoce), para persuadirlos de la importancia e inocuidad de dos proyectos mineros de plata, oro, plomo y zinc: Cerro Cuadrado y El Bagual, ubicados en las cercanías del lago Pueyrredón, a 8 kilómetros de distancia entre sí, y a 60 kilómetros al este de Cochrane. En estos momentos ya han empleado en la zona a unas 30 personas, en un trabajo que se espera fructifique en un proyecto minero de grandes proporciones, con un uso intensivo del agua como en toda iniciativa de este tipo.
Incluso, ya cuentan con folletería donde informan sobre la iniciativa y muestran, al igual que Endesa España y Colbún en el caso de la Región de Aysén, cómo la comunidad de 250 habitantes se mostraría favorable a la iniciativa. Pero en estos días se ha generado tal revuelo por la iniciativa que las autoridades locales debieron reunirse con la localidad para explicar la situación.
Hoy la preocupación de las organizaciones chilenas, y ayseninas en particular, es alta. No ven al Gobierno preocupado de garantizar los derechos de sus comunidades, las cuales han debido actuar personalmente para prevenir posibles impactos en los cursos hídricos compartidos.
Por esto, solicitarán a la intendenta Silvia Moreno que cumpla con lo comprometido por el ministro Alejandro Foxley en la carta del 3 de septiembre del año pasado: “Esta Cancillería aprecia la participación en dicho foro de los organismos patagónicos representativos, a los que ciertamente se invitará al próximo comité en 2008” dijo el secretario de Estado, refiriéndose a las reuniones del Comité de Frontera Integración Austral, donde participan representantes de las provincias argentinas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y las regiones chilenas de Aysén y Magallanes. Y esa reunión se realizará en Ushuaia los días 7 y 8 de mayo.
La carta original enviada a Viviana Betancourt y Alejandro Foxley fue suscrita por la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia de Cochrane, la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Río Tranquilo, la Mesa Representativa La Voz de Tortel, la Asociación Gremial Pequeños Agricultores de La Junta, la Cámara de Turismo y Comercio de La Junta, la Junta de Vecinos Puerto Ingeniero Ibáñez, la Asociación de Consumidores de la Patagonia, Codeff Aisén, la Escuela de Guías de la Patagonia, la Agrupación Nacional Jóvenes Tehuelches, la Corporación Costa Carrera, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, el Comité de Pesca Recreativa de la Cámara de Turismo de Coyhaique y la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Aysén.
