La pretendida modificación de la Ley de Glaciares vía decreto, orientada a que avance la actividad minera, además de constituir un exceso reglamentario, sería una provocación. Una tendencia que parece haberse puesto de moda desde que asumió el primer mandatario del país de Estados Unidos de Norteamérica.
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Por María Eugenia Testa para Punto Verde
Uno de los efectos colaterales de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos es el levantamiento de las barreras inhibitorias de políticos, funcionarios y empresarios de otros países en temas hasta ahora sensibles o que se suponía contaban con el aval de la mayoría de la población. La lucha contra el cambio climático y la protección ambiental están entre ellos. Y en este contexto, los gobiernos ideológicamente permeables a las “corrientes de moda” pueden pasar de una defensa enérgica de la lucha contra el cambio climático bajo la postura “obamista”, a una tendencia negacionista o de banalización de lo ambiental en línea con la actual administración de la Casa Blanca. En esta clave deberá leerse la política ambiental en nuestro país en los próximos cuatro años.
En esta línea, la pretendida modificación de la Ley de Glaciares vía decreto, orientada a que avance la actividad minera, además de constituir un exceso reglamentario, sería una provocación. Una tendencia que parece haberse puesto de moda desde que asumió el primer mandatario del país del norte.
Si bien la Ley de Glaciares prohíbe todas las actividades extractivas en zonas protegidas, en su momento instituyó por primera vez un debate nacional abierto y público sobre la minería en particular. Una actividad con alto impacto ambiental, demandante de recursos estratégicos y que se basa en la extracción de recursos no renovables. Y ese debate, más allá de los reduccionismos de uno y otro lado, se centró en el ordenamiento del territorio – mediante la realización de un inventario y la prohibición de actividades en determinadas zonas- y la protección de recursos estratégicos –los glaciares, ya castigados por el calentamiento global-. En ese marco, el Congreso de la Nación aprobó en el año 2010 la Ley N° 26.639, cuya primera versión había sido vetada por la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Está claro que el debate alrededor de la Ley de Glaciares no agotó el tema, ni en su variable ambiental ni en la económica. Y es cierto que la dicotomía general “minería sí/minería no” es poco realista, además de ser una estrategia de debate muy útil para las empresas que tildan de fundamentalistas a quienes cuestionan los impactos de la actividad.
¿Qué tipo de minería queremos como país? ¿Qué minerales extraer y cuáles ya no son necesarios? ¿Qué alternativas existen hoy a la minería? ¿Qué otros ecosistemas deben ser protegidos de esta actividad? ¿Cuáles impactos estamos dispuestos a tolerar –y en qué condiciones- para autorizar la minería? entre otras, son la cuestiones que aún siguen pendientes.
Hoy, ciertamente, no hay duda alguna sobre la importancia de los glaciares y el ambiente periglacial como reguladores del recurso hídrico y del impacto agregado que generan las actividades extractivas, como la minería, a los efectos del cambio climático en estos ecosistemas. De allí, que una modificación de una ley votada por el Congreso de la Nación y con amplio respaldo social, además de constituir una intromisión de un poder sobre otro, sería volver a foja cero el debate sobre minería. Porque las barreras inhibitorias parece que se levantaron también para las formas republicanas.
El nuevo decreto reglamentario de la Ley de Glaciares no sólo buscaría reglamentar los artículos faltantes de la norma –recordemos que el escueto decreto original que era demorado por el gobierno anterior se publicó debido a un bloqueo de Greenpeace en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold– sino que además, intentaría flexibilizar el alcance de la protección establecida para las áreas de glaciares y ambiente periglacial.
Según la nueva versión de reglamentación que circula, y que fuera publicada por Infobae semanas atrás, entre otras cosas se buscaría instaurar un “Estudio de Significancia Hídrica” no previsto en la ley que se supone lo harían las propias empresas a través de “instituciones reconocidas”. También parece que la significancia hídrica definiría si un glaciar es digno de proteger o no. De esta forma se estaría intentando invertir la carga de la prueba: es decir, que se pruebe que un glaciar tiene esta significancia para ser protegido y no que una empresa pruebe que no afecta glaciares o ambiente periglacial.
De ser así, la flexibilización de la norma vía decreto tiene una serie de proyectos esperando detrás, alrededor de 44, que claramente se ven o verían afectados por la protección ambiental. Minería responsable, la llaman.
Por otro lado, además de las restricciones ambientales establecidas por la Ley de Glaciares, algunas provincias han prohibido determinadas prácticas o metodologías de extracción de minerales en sus territorios. Estas prohibiciones han sido motorizadas por la sociedad civil y también se encuentran en jaque frente a la avanzada.
Al día de hoy son ocho las provincias que prohíben técnicas de extracción de minerales: Chubut (ley 5001), Río Negro (ley 3981), La Pampa (ley 2349), Mendoza (ley 7722), Córdoba (ley 9526), San Luis (ley 0634), Tucumán (ley 7879) y Tierra del Fuego (ley 853). En el caso de La Rioja, que había prohibido ciertas técnicas mineras en 2007 (ley 8137), la ley fue derogada en el 2008 (ley 8355).
Esta situación evidencia que el gobierno y las empresas no han asumido ni aprendido nada del debate en torno a la minería. Porque más allá del cuestionamiento a la actividad por sus impactos ambientales o sobre el modelo de desarrollo local que promueve, el problema de la minería es, además, sus formas. La prepotencia, el ganar por la fuerza, el apriete, el hacer trampa, el chantaje, la mentira, ocultar datos y accidentes, violar la ley, evitar controles, avanzar sobre territorios sin consultar a las comunidades, la falta de diálogo, la falta de transparencia, etc. son su modus operandi. Y esto es percibido claramente por gran parte de la población.
De lo que deberían ser conscientes es que la provocación de modificar una ley de protección ambiental por decreto no va a mejorar esta imagen, ni el debate en torno a la minería ni el desempeño de las empresas mineras. Cambiar el fondo y las formas, es decir la profundidad del análisis y de los modos de relacionarse con la ciudadanía, debería ser el camino a seguir para llegar a decisiones que contemplen los intereses de todos.
Por las malas y a la fuerza no se llega muy lejos.
