Entrevista a Nicolás Gutman, experto en temas de minería y medio ambiente. Su interés por estudiar el desarrollo e impacto de la actividad minera surgió en Estados Unidos, cuando se encontraba realizando una maestría en Economía y Políticas Públicas, en George Mason University. Su análisis, en aquellos tiempos, era más bien general y no se centraba en la Argentina, que se transformó en un país de importancia en la minería en 1997, cuando la mina Bajo La Alumbrera entró en actividad en la provincia de Catamarca. Nicolás Gutman es licenciado en Ciencias Políticas (UBA), asesor en temas medioambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de Tierra del Fuego y profesor en la Universidad de Palermo (Buenos Aires).
Fuente: El Diario de Madryn
“Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y Canadá -expresa Gutman- son los pioneros en la minería. En Canadá y Australia esa actividad ocupa un rol muy importante en la economía local. Las grandes mineras del mundo históricamente son las anglosajonas. Se trata de empresas privadas reguladas por el estado. El sector minero se ha llevado siempre mal con esa regulación estatal. Está presente en la psicología de las empresas cierta aversión por las reglas. Estados Unidos hace cambiar las leyes mineras de diversos países, pero en ese territorio la legislación actual es la misma que se promulgó antes de la época del telégrafo. Ese cambio no se ha producido por el lobby de las empresas en el Senado.”
P: -En el país, ¿se percibe también esa presencia de las empresas mineras frente a distintos proyectos presentados en el Congreso de la Nación?
NG: -En Argentina se creó un Código Minero en las sombras; nunca fue debatido y se firmó a libro cerrado durante el menemismo. Fue realizado por autores que hoy son parte de la industria minera: (José Luis) Gioja, gobernador de la provincia de San Juan, y su hermano, (César), y Jorge Mayoral, actual secretario de Minería de la Nación. Si uno analiza el Código Minero de Argentina, se da cuenta que hay páginas iguales a las del Código Minero de Filipinas. Eso no es una coincidencia, sino que da cuenta que ese texto no se escribió en buena parte en el país. El sector minero hizo las leyes a su medida durante el menemismo y las vive y las disfruta. Hay, además, un sector político argentino que es muy proclive, sobre todo en la Cámara de Senadores y en menor medida en la de Diputados, a ser voceros de esos grandes grupos de presión. Probablemente el poder económico que tiene la minería sea uno de los más concentrados del país. Por ejemplo, otro sector dinámico como el sojero está diseminado ya que hay miles de productores e intermediarios, más allá de la concentración de algunos terratenientes.
-Realizó una comparación entre el Código Minero de Argentina y el de Filipinas. ¿A qué se refiere?
-Hay códigos que están hechos en el marco de una política del Banco Mundial que buscó modificar las legislaciones mineras de diversos países del mundo, especialmente de los denominados subdesarrollados, que es donde se encuentra la mayor parte de los recursos. Eso empezó a principios de los años ochenta y se extendió hasta mediados de los noventa. Todos esos códigos fueron revisados por expertos ligados o provenientes de las empresas mineras y del Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Africano de Desarrollo. Si uno lee algunos pasajes enteros del Código Minero de Filipinas o de Nicaragua y lo compara con el de Argentina, se da cuenta que no hay diferencias ni siquiera en la ubicación de los puntos y las comas. Lógicamente no se les ocurrió a legisladores de países tan lejanos escribir lo mismo. Eso último demuestra que el Código Minero no está hecho en Argentina, sino en otros países. Es una vergüenza. En Argentina, el Código Minero es el único fuera del Código Civil y Penal. Es decir, el sector minero tiene un código propio que está a la misma altura de los otros códigos que organizan toda la vida de la república, que además no está escrito en la Argentina o al menos determinadas partes de ese texto, y que a su vez tiene aberraciones jurídicas y contradicciones fragantes en la escritura. Es un desastre.
-La actividad, ¿genera un crecimiento de la economía nacional?
-Lo que queda en el país es la regalía de un máximo del 3 por ciento. Es decir, se regala a empresas extranjeras el subsuelo a cambio del 3 por ciento. Es muy triste, es una claudicación. Se vuela una montaña para que el mineral quede en manos de empresas canadienses o peruanas, por dar un ejemplo. La ley indica que se prohíbe que una empresa estatal pueda explotar el subsuelo. Eso es dejar por escrito que somos estúpidos.
-Existen distintas formas de explotación, por ejemplo la tradicional y la minería a cielo abierto. ¿En qué se diferencian? Por otro lado, ¿hay minerales que se necesitan para la actividad humana?
-Son dos técnicas diferentes. No es lo mismo tener una chacra para el cultivo que realizar un monocultivo en grandes dimensiones de hectáreas incluyendo fumigaciones aéreas. Lo mismo sucede con la minería. No es lo mismo la minería de socavón, la minería tradicional o la minería a baja escala que hacer un cráter que se ve desde el espacio y que se lo deja con solución cianurada (con cianuro y otros tóxicos) por siglos. Son diferentes tecnologías. La minería a cielo abierto es una industria química a cielo abierto, porque se usan más químicos que inclusive en cualquier industria química. No significa, por otro lado, que la minería de socavón no tenga problema, pero la escala es absolutamente diferente. Una mina a cielo abierto implica la existencia de elementos particulados en el aire y además afecta las aguas subterráneas y fósiles a un nivel mucho más amplio que una mina de socavón. La minería a cielo abierto es una tecnología que comenzó en 1979. Es novedosa en el mundo y hasta que se entendió ese proceso se han creado importantes catástrofes ambientales. La minería de socavón no crea catástrofes ambientales, aunque sí puede por ejemplo ocasionar la muerte de quienes trabajan en el lugar por la caída de las cámaras.
Una forma de confundir a la sociedad civil es a partir de la supuesta necesidad de los minerales o metales, lo cual no es cierto. El oro por ejemplo no se necesita para nada. La mayor parte de los proyectos del país son auríferos. Es una forma utilizada para confundir por los lobbies y los medios de comunicación. En el país siempre hubo minería de baja escala y no ocurrieron problemas. El problema está en la minería a cielo abierto. No ocurrieron grandes protestas por las canteras de mármol o de laja. Se va del país el 90 por ciento del mineral que extrae en el territorio. Aun en procesos históricos de industrialización, como ser con Acindar, nunca se necesitó en el país dinamitar la Cordillera de los Andes. El oro no tiene ningún uso. Sirve en todo caso para hacer lingotes y dejarlos en Suiza.
-Usted redactó la ley actual de minería de Tierra del Fuego. ¿En qué aspectos se diferencia de otras que rigen en las restantes provincias?
-Hay provincias que no tienen problemas respecto a la minería, como ser las mesopotámicas. Por lo pronto en esos lugares no se han descubierto yacimientos importantes y no se espera que vaya a ocurrir. Es decir, su integridad territorial no está puesta en juego. En la Cordillera de los Andes están las mejores reservas de minerales. Todas las provincias cordilleranas tienen recursos mineros. Algunas de ellas han optado por una legislación previa con el fin de preservar a las personas y al entorno, como ser la de Río Negro que prohibía las peores prácticas de la minería (inclusive incluía cierta protección a los pueblos originarios del lugar). Cuando Carlos Soria fue gobernador de esa provincia, lo primero que hizo fue hacer ciertas reformas para impulsar la actividad. Allí se ve el lobby en acción. El caso opuesto es San Juan, que es la provincia pro minera del país. De allí además salió el impulso a la actividad durante el menemismo. Durante esa época José Luis Gioja fue presidente de la Comisión de Minería en la Cámara de Diputados y su hermano, César, de Senadores. A pesar de ser una provincia cordillera, en Tierra del Fuego no se había realizado la exploración minera efectuada en el país por Naciones Unidas en los años setenta con dinero de los argentinos. Es a partir de esa información obtenida que hoy las empresas piden realizar una prospección en determinado lugar sabiendo de antemano que hay minerales y que se quedan con un yacimiento prácticamente de forma gratuita. Todo ese proceso se da por supuesto en contubernio con la Secretaria de Minería de la Nación y de los gobernadores de las provincias que en muchos casos son feudos provinciales. Al no haberse realizado esa exploración, en Tierra del Fuego se entendió que el ecosistema de esa provincia chica es frágil y que la explotación minera a cielo abierto dentro de ese entorno es dañina para todo el conjunto. Nunca la minería a cielo abierto es un buen negocio. El mejor ejemplo es Catamarca: hace 17 años que está Bajo la Alumbrera (segundo exportador en el país) y sin embargo esa provincia sigue igual de pobre que siempre. Si no cambian las condiciones de vida trayendo a esas empresas, lo mejor es no seguir invitándolas. Una vez que llegan al país, no se van nunca más y manejan políticamente una provincia. En Tierra del Fuego no se prohíbe la minería a cielo abierto, sino lo que es nocivo. Es decir, conforme a esa ley se puede explotar allí el recurso minero como en cualquier otro sitio del país, pero no se pueden utilizar ciertas sustancias y técnicas probadas que son agresivas con el ambiente y que afectan de forma muy grave la salud de las poblaciones. La minería que más dinero da es la que utiliza los peores procesos, y en Tierra del Fuego no pueden ser llevados adelante. Las empresas mineras prefieren no avanzar, si no pueden explotar la minería a cielo abierto utilizando las peores sustancias, que es lo que más le reditúa. Por lo tanto, si no quieren hacer minería de baja escala o utilizar otros métodos, y en cambio pretenden dinamitar todo y utilizar cianuro, es una decisión empresarial.
