Indígenas chilenos y campesinos peruanos pusieron en crisis, con sus denuncias ambientales, a dos de los mayores proyectos mineros de la región: Pascua Lama, en Chile, y Conga, en Perú, mostrando que hoy América Latina ya no recibe a las inversiones mineras con los brazos abiertos.
Fuente: AFP
En el Valle del Huasco, en el norte de Chile, una comunidad indígena diaguita logró paralizar el proyecto Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, la mayor mina de oro del mundo, con una inversión de más de 8.000 millones de dólares.
La pequeña etnia diaguita acusa el daño irreversible de los cursos de agua con los que se han alimentado y desarrollado su ganadería y agricultura por miles de años, tras la construcción de una gigantesca mina a tajo abierto a más de 5.000 metros de altura, en la frontera chileno-argentina.
En Cajamarca, en el noreste de Perú, grupos de campesinos se oponen a la construcción del proyecto Conga, de la estadounidense Newmont, que con una inversión de 4.800 millones de dólares prevé la extracción de oro y cobre en cuatro lagunas naturales.
A mediados del año pasado, el proyecto fue suspendido tras fuertes protestas que dejaron cinco muertos, pero las comunidades acusan que la construcción sigue avanzando y realizan permanentes marchas de oposición y vigilancia de las lagunas.
Conga y Pascua Lama son dos de los mayores emprendimientos mineros proyectados en América Latina, pero no los únicos que han debido lidiar con protestas.
Un catastro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina informa de 197 proyectos en conflicto, que involucran a 276 comunidades, en su mayoría asentadas en Chile, Perú, México y Brasil.
En Costa Rica la justicia canceló esta semana el proyecto de una mina de oro de la canadiense Infinito Gold por potencial daño ambiental, incluida la destrucción de un bosque nativo.
En tanto, en Ecuador, la minera canadiense Kinross se vio forzada a suspender el proyecto minero Fruta del Norte en la selva amazónica al no llegar a un acuerdo con el gobierno sobre temas impositivos. El proyecto había sido también fuertemente resistido por indígenas.
El aumento de la conflictividad se registra a la par del auge de la minería de oro y cobre en la región, donde hay 300.000 millones de dólares proyectados de inversión hasta 2020.
Pero tras décadas de acoger esas inversiones sin contrapeso, hoy las comunidades locales no están dispuestas a soportar el progreso a cualquier costo y han decidido dar la batalla frontal, superando inicialmente su propia incredulidad.
“Pensamos que nunca David le iba a ganar a Goliat nuevamente”, afirmó a la AFP el vocero de las comunidades diaguitas, Ernesto Alcayaga, sobre la paralización de las obras de Pascua Lama.
El proyecto fue multado también con 16 millones de dólares -la multa más alta que se haya impuesto en Chile-, tras constatar 23 incumplimientos a la resolución ambiental que aprobó su construcción en 2006.
“Nosotros fuimos una zona agrícola y de pequeña ganadería con la cual nos alimentábamos. Ahora no tenemos acceso hacia la cordillera para pastorear a los animales y los ríos han sufrido bastante contaminación”, describió Alcayaga.
“¿De qué nos sirve a nosotros que se esté instalando este empresa, sino le da pega (trabajo) a nuestra gente, nos está contaminando el agua y nos está matando el valle”, agregó.
Conga, en Perú, podría comenzar próximamente el trasvase de la primera laguna a un reservorio ya completado, pero las comunidades anunciaron que no darán marcha atrás a su resistencia.
“La defenderemos (el agua) con nuestras vidas. Nosotros los campesinos pedimos que se retiren los reservorios, no hay marcha atrás, la población no quiere más contaminación de sus agua”, dijo a la AFP Idelso Hernández, presidente del Comando Unitario de Lucha de Cajamarca.
El proyecto es apoyado por el gobierno peruano, que afirma cumple con la normativa medioambiental y podría crear hasta 7.000 empleos.
Perú “no puede dejar de lado una inversión tan grande como Conga”, dijo el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino.
La minería es una actividad fundamental en las economías chilena y peruana. En ambos países representa casi el 60% de sus exportaciones nacionales.
Chile es el primer productor mundial de cobre, con casi un tercio de la oferta mundial.
Por su parte Perú es el segundo productor de cobre y sexto de oro, según datos del Ministerio de Energía y Minas.
Con casi dos décadas de retraso, parece haber comenzado a instalarse una mayor coincidencia ambiental en América Latina.
“El primer mundo vivió hace más de dos décadas una explosión de conciencia ambiental y de las decisiones judiciales a favor del medioambiente”, explicó a la AFP el abogado Lorenzo Soto, que defiende a los indígenas diaguitas y otras causas ambientales en Chile.
“Tras ello, esas mismas empresas vinieron al tercer mundo y aprovecharon la vista gorda de autoridades o impunidad ambiental para instalarse aquí sin contrapeso, lo que recién comienza a cambiar ahora”, comentó.
¿Qué es lo que está detrás de este cambio?
“Ha cambiado todo; la conciencia medioambiental, la legislación, la fuerza y movilización de las comunidades que se siente afectadas. Ha cambiado la política, ha cambiado todo”, agregó el jurista.
La irrupción de las redes sociales ha visibilizado también los reclamos de las comunidades.
“Las redes sociales nos han ayudado mucho a visibilizar nuestros reclamos. Eso ha abierto los ojos al Estado chileno y ha mostrado que el pueblo diaguita siempre ha estado aquí”, dice Alcayaga.
La desconfianza, tras una larga historia de contaminación provocada por una infinidad de proyectos, sigue no obstante trabando el entendimiento.
“Falta diálogo, ya que hay un tema legítimo en cuanto a desconfianza (de las comunidades) por contaminación”, dijo por su parte Cesar Ipenza, de la sociedad peruana de Derecho Ambiental.
