Amenazados por demandas por miles de millones de dólares que surgen de tratados de inversiones, varios gobiernos han formado un nuevo grupo para lidiar con las compañías transnacionales. Existen casos de inversiones iniciados por compañías transnacionales en contra de los gobiernos bajo tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio que permiten a estas compañías demandar por pérdida de futuras ganancias esperadas. Por ejemplo, debido a nuevas reglas gubernamentales o a una cancelación o enmienda de un contrato.
Por Martin Khor publicado en Rebelión
Los líderes de varios países latinoamericanos han formado una nueva coalición para coordinar acciones encaminadas a enfrentar el creciente número de demandas legales internacionales que las compañías transnacionales están emprendiendo en contra de sus gobiernos.
En Guayaquil, la reunión ministerial de 12 países que se llevó a cabo sirvió decidir acerca de varias acciones conjuntas encaminadas a contrarrestar la amenaza que presentan dichas demandas, las mismas que han cobrado millones o hasta miles de millones de dólares a los gobiernos.
“Los países pequeños ya no deberían tener que enfrentar las demandas de grandes compañías por sí mismos nunca más,” manifestó el Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Ricardo Patiño, en una rueda de prensa que se llevó a cabo luego de la reunión que presidió.
“Ahora, hemos decidido lidiar con los retos que presentan estas compañías transnacionales de manera coordinada.”
Siete de los países, en su mayoría representados por sus ministros de relaciones exteriores, comercio o finanzas, adoptaron una declaración con el acuerdo de formar una conferencia de estados afectados por intereses transnacionales.
Dichos países son: Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y también Venezuela.
Los representantes de otros cinco países (Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras y México) también asistieron a la reunión y transmitirán sus resultados a sus respectivos gobiernos.
Los ministros decidieron formar un comité ejecutivo, que estará liderado inicialmente por el Ecuador para coordinar acciones políticas y legales incluyendo el envió de información sobre controversias legales que involucran a los estados, coordinar acciones legales conjuntas y difundir información al público.
También acordaron establecer un centro regional de arbitraje para solucionar controversias de inversiones, que se base en reglas justas y equilibradas al momento de solucionar controversias entre corporaciones y Estados.
El centro propuesto provee una alternativa a los tribunales internacionales existentes, cuya imagen es la de tener un sesgo a favor de los intereses de los inversionistas.
Los tribunales, como el CIADI (radicado en el Banco Mundial en Washington), también han sido acusados de estar enredados en situaciones en las que hay conflicto de intereses.
Sólo pocos árbitros escuchan la mayoría de los casos, muchos de ellos también aparecen como abogados de las compañías en otros casos, y algunos son miembros de las juntas de compañías transnacionales.
Los ministros también decidieron crear un “observatorio internacional” para monitorear y analizar los casos de inversión, reformar el actual sistema de arbitraje, y sugerir mecanismos alternativos para que exista una mediación justa entre los estados y las compañías transnacionales.
El observatorio también promovería la coordinación entre los sistemas judiciales de los estados latinoamericanos, para asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales nacionales que se emitan en controversias entre los estados y las compañías transnacionales.
También deberá proveer asesoría a los gobiernos en cuanto a sus negociaciones con corporaciones transnacionales, en especial en cuanto a contratos comerciales y de inversiones.
La reunión había sido motivada por graves preocupaciones que surgieron de casos de inversiones iniciados por compañías transnacionales en contra de los gobiernos bajo tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio que permiten a estas compañías demandar por pérdida de futuras ganancias esperadas. Por ejemplo, debido a nuevas reglas gubernamentales o a una cancelación o enmienda de un contrato.
Ha habido más de 500 casos conocidos de inversionistas contra estados, 60 solamente en 2012.
Algunos países de la región como Argentina, Ecuador, Venezuela y México, tuvieron, cada uno, de 20 a 30 casos emprendidos en su contra.
La proliferación de casos en los últimos años también ha afectados a los países en vías de desarrollo de otras regiones como Sudáfrica, India, Indonesia y Vietnam, al igual que a varios países desarrollados.
Desilusiones con acuerdos y el sistema de arbitraje han motivado a los gobiernos a tomar una variedad de acciones como la suspensión de negociaciones para nuevos tratados, intentos de renegociar o retirarse de tratados existentes, y su retiro de la jurisdicción del tribunal de la CIADI.
El Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas Espinel, presentó un resumen ante la reunión acerca de dos arbitrajes de controversias en contra de su gobierno iniciadas por parte de compañías bajo tratados bilaterales de inversión (TBIs), y sobre las resoluciones del tribunal que, en su opinión, eran injustas e incluso exorbitantes.
En uno de los casos, al Ecuador se le pidió que pagase US$2.3 mil millones por compensación (incluyendo el interés) a la compañía petrolera estadounidense Oxy aún cuando los árbitros reconocieron que la compañía había violado los términos de su contrato con el gobierno.
Otros ministros y funcionarios también presentaron las experiencias de sus países en casos emprendidos en su contra por parte de inversionistas extranjeros, y propusieron acciones que podrían tomarse para evitar casos futuros o reducir sus efectos.
En una nota introductoria que explicaba la razón de la reunión se manifestó que los procedimientos de arbitraje y las demandas de las compañías multinacionales europeas y estadounidenses en contra de un número creciente de estados del sur se han incrementado de manera drástica.
Estas costosas litigaciones, en la mayoría de las cuales se falló a favor de los inversionistas, no sólo afectan a la situación fiscal de los estados sino que también presentan un grave reto para sus jurisdicciones nacionales y soberanía.
Este problema se origino en los años 90 cuando los tratados bilaterales de inversión eran firmados por los países en vías de desarrollo con la esperanza de atraer inversiones extranjeras, pero las consecuencias negativas de tales compromisos ahora se han vuelto evidentes, se afirmó en la nota.
Una segunda reunión del grupo recién formado se llevará a cabo en Caracas en el mes de julio.
