Fue una de las conclusiones a las que arribó el Parlamento de los Pueblos, que sesiona desde ayer en Tucumán para definir acciones contra la megaminería a cielo abierto. Los participantes del encuentro entregarán hoy sus conclusiones, plasmadas en un proyecto, al Parlamento del NOA, que también delibera en la provincia.
Fuente: diario El Siglo
24/04/2012. La contaminación ocasionada por la megaminería a cielo abierto, como la que realiza Minera Alumbrera en nuestra región, encuadra en los delitos de lesa humanidad. Esa fue una de las conclusiones a las que arribaron ayer los representantes de organizaciones ambientalistas, sociales y políticas de distintos puntos del país que se dieron cita en Tucumán para participar del Parlamento de los Pueblos.
De las deliberaciones en esta suerte de “contra-cumbre”, que se realiza de forma paralela con la primera reunión del año del Parlamento del NOA, que culminará hoy en nuestra provincia (ver nota aparte), participó el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez.
“Participamos en los distintos talleres junto a las organizaciones sociales que llegaron para este encuentro, haciendo hincapié en el encuadre de los delitos ambientales cometidos por la megaminería a cielo abierto como delitos de lesa humanidad”, sentenció Gómez, en diálogo con EL SIGLO.
El magistrado explicó que “la contaminación de la megaminería califica como un delito de lesa humanidad por el amplio espacio que ocupan este tipo de emprendimientos, en cercanías de zonas pobladas a las que afectan, como el caso puntual de Andalgalá (Catamarca), y porque además cuentan con la anuencia del Estado”.
“Todo lo que sea una afectación a una masa importante de población, de manera indiscriminada, entra en esta tipificación, de delito de lesa humanidad, si es que esa actividad que contamina cuenta con la anuencia del Estado nacional”, recalcó.
El fiscal federal dijo que durante el debate realizado ayer en el ámbito del Parlamento de los Pueblos, que tuvo como sede la Asociación Francesa (San Juan al 700), se “habló sobre la necesidad de considerar a este tipo de contaminación como un delito de lesa humanidad, por un lado, para que no sean prescriptibles, y por otro para que se puedan elevar planteos ante organismos internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Derechos Humanos”.
Por otro lado, informó que “se discutió sobre la estrategia a seguir en el caso de Agua Rica, debido a que el secretario de Minería de Catamarca emitió una resolución autorizando a la empresa a realizar una serie de tareas, como subir perforadoras, que van en contra de lo ordenado por el juez de minas de esa provincia, que había dispuesto hace dos años paralizar las actividades en la mina para mantener la paz social. Sin que nadie se entere este funcionario autorizó a la empresa. Por eso, se decidió abrir una denuncia penal en la Justicia de Catamarca”, precisó.
En su exposición ante el Parlamento de los Pueblos, Gómez también se refirió a las demoras en la resolución de la causa contra Minera Alumbrera, iniciada hace más de una década en la Justicia Federal de Tucumán, a raíz de la contaminación con metales pesados del canal DP2, que es tributario de la cuenca Salí-Dulce. En este sentido, el fiscal informó sobre las audiencias de las que participó recientemente en Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y en Suiza, país de origen de la firma Xstrata Cooper, una de las accionistas de Minera Alumbrera, donde se expuso sobre estas dilaciones de la Justicia.
Otras definiciones del encuentro
El Parlamento de los Pueblos se dividió en cuatro comisiones de trabajo, que tuvieron un temario en común, referido a las problemáticas de la megaminería, el agua y los hidrocarburos. Los participantes coincidieron en que hay una política dictada por los grandes intereses empresariales y estatales, que están tratando de profundizar el saqueo de los recursos nacionales, con un modelo de depredación y contaminación en perjuicio de los pueblos de la región.
El dirigente del Partido Obrero (PO), Daniel Blanco, quien participó de las deliberaciones informó a EL SIGLO que “se ratificaron los reclamos por los cuales los distintos organismos ambientales se movilizaron en todo el país para rechazar la megaminería a cielo abierto y se planteó la necesidad de que se ponga en ejecución la Ley Nacional de Glaciares, con la derogación de varias normas dictadas por los gobiernos de provincias mineras y de la ley que rige la actividad desde la época del menemismo”.
Respecto al petróleo, Blanco precisó que se propuso “una nacionalización integral bajo control de los trabajadores como única medida efectiva para recuperar la soberanía energética”.
Finalmente, indicó que en el encuentro “se denunció violación a las normas ambientales por el uso de agrotóxicos en distintas provincias” y que los representantes de Santiago del Estero advirtieron “sobre un negociado inmobiliario que terminará aniquilando el Jardín Botánico de esa ciudad”. Todas estas propuestas serán plasmadas en un documento que este viernes será entregado al Parlamento del NOA, con el objetivo de que haya un pronunciamiento del cuerpo al respecto.
Los participantes de la “contra-cumbre” tienen previsto concentrarse a las 10.00 en el Rectorado de la UNT, donde exigirán la ruptura del vínculo entre la casa de altos estudios y Minera Alumbrera. Desde allí marcharán hacia la Legislatura, ubicada en avenida Sarmiento y Muñecas, donde harán entrega de sus propuestas, que serán expuestas por el diputado salteño Claudio Del Plá (Partido Obrero) ante el Parlamento del NOA, que tiene previsto sesionar en ese recinto desde las 11.00.
