La querella en la causa contra la minera aportó en la Justicia material audiovisual que demuestra la existencia de vida en el canal DP 2, usado por la empresa para arrojar sus efluentes.
Por Esteban Stanich publicado por Primera Fuente
La organización Pro-Eco, querellante en la causa contra Minera Alumbrera entregó al juez federal Nº2, Fernando Poviña, material probatorio tendiente a demostrar que el canal pluvial DP 2 actualmente es utilizado por la población circundante para su supervivencia y que, además, en ese desagüe aún existe fauna y flora que estarían siendo dañadas por los desechos presuntamente contaminantes que allí arroja la minera.
“Lo que pretendemos con estas imágenes es probar que sí hay vida en ese canal pese a que desde la minera afirman lo contrario. El material manifiesta que existe todo un ecosistema afectado por los desechos que la minera arroja. Se demostró cómo la población de Ranchillos se alimenta de los peces que se pescan en el canal y pudimos ver que hay personas que se bañan y hasta beben agua del DP 2. Están ingiriendo los desechos que arroja la minera con el tremendo riesgo que esto implica a la salud”, afirmó Alfredo Carbonel, integrante de Pro-Eco.
El objetivo de la querella es que, a partir de estas pruebas, la Justicia utilice parámetros legales de medición de contaminación fijados por la ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051 que contemplen niveles guía de calidad de agua para la existencia de vida acuática en el canal y, sobre todo, para el uso del agua para consumo humano. En tanto, desde la defensa de la empresa, sostienen que los niveles que la Justicia debe usar para determinar si hay contaminación deben basarse en parámetros de uso de agua para irrigación, los cuales son muchos más tolerantes.
“En el canal DP 2 hay vida acuática que proteger como así también existen poblaciones humanas que pueden verse seriamente afectadas por los efectos acumulativos de las sustancias que contienen los efluentes que Minera Alumbrera arroja allí”, sostiene el documento presentado el 22 de julio.
En las imágenes aportadas a Poviña, tomadas en marzo de 2013, se puede ver a un grupo de chicos pescando pejerreyes para su consumo o para venderlos. También se ve a animales consumiendo agua de ese ducto que desemboca en la cuenca Salí-Dulce. “Tomamos las fotografías en plena época de lluvias, cuando el canal tiene más cauce.
Ese momento es aprovechado por sábalos y pejerreyes que nadan remontando canal arriba, desde el embalse de Río Hondo, para desovar. La gente se alimenta de ellos y hay un eso público del DP 2 que la Justicia debería contemplar por el riesgo que esto conlleva”, agregó Carbonel.
Vale recordar que el canal DP 2 es utilizado por Minera Alumbrera como descarga de efluentes desde la Planta de Filtros ubicada en Ranchillos, 24 kilómetros al sureste de San Miguel de Tucumán. En esta instalación desemboca el mineraloducto que provienen desde la explotación de Bajo La Alumbrera, Catamarca. Toda esta infraestructura también será utilizada por la empresa minera para la explotación del yacimiento de Bajo El Durazno –ubicado en Andalgala- pese al fuerte rechazo social y las denuncias que tienen este tipo de explotaciones a cielo abierto.
Otra prueba clave en la causa
El 12 de agosto pasado de 2013, el Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) – dependiente del Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA)- remitió al juez federal Poviña, un informe en el que se asienta la contaminación con cobre en aguas del canal DP2, afluente de la cuenca Salí-Dulce.
El estudio, realizado por profesionales ecotoxicólogos, afirma que los valores de cobre detectados exceden los niveles de parámetros en cuanto a la protección para la vida acuática. “Los efectos negativos del cobre para la salud pública (gastrointestinales) son probables a largo plazo dado la capacidad de este metal de bioacumularse tanto en peces como humanos que consumen la fauna acuática”, agrega.
El informe también sostiene que las consecuencias negativas de la empresa del caso (Minera Alumbrera) “son marcadas y denotan una gran negligencia en el tratamiento de efluentes”. Por este motivo, la vicedirectora del IEGEBA, Ines O’Farrell, quien firma el estudio, aconsejó realizar un monitoreo de agua más detallado “para establecer en forma directa el efecto sobre la salud humana”.
