Aportaron nuevas pruebas a la Justicia para probar el daño ambiental que causa Minera Alumbrera. Insisten con el pedido de procesamiento contra ex vicepresidente de la empresa, Julián Rooney.

Por Esteban Stanich publicado en Primera Fuente

La ONG Conciencia Solidaria pidió nuevamente al juez federal Nº2 de Tucumán, Fernando Poviña, el procesamiento del ex vicepresidente de Minera Bajo la Alumbrera, Julián Patricio Rooney.

En su carácter de querellante, la organización solicitó esta medida argumentando que, pese a todas las pruebas aportadas, la causa ya lleva más de 14 años de demora sin que, hasta ahora, se haya determinado culpabilidad alguna por la violación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (ley 24.051).

El 7 de noviembre pasado, Conciencia Solidaria aportó nuevo material probatorio que incluye el delicado estado de salud de una mujer quien, según denunció la ONG, durante los años en los que fue empleada de la minera, sufrió la contaminación de químicos tóxicos.

Según se consigna en la denuncia aportada a la Justicia, la aparente víctima se enfermó mientras trabajaba en la planta de tratamientos de efluentes de Minera Alumbrera, ubicada en Ranchillos, (departamento de Cruz Alta, Tucumán). «Esto le produjo enfermedades dermatológicas, por contacto directo, y respiratorias, por suspensión de sustancias en el aire agravadas de forma crónica», sostiene el documento.

Esta prueba se suma a los informes y análisis realizados por el Instituto Nacional de Agua (INA) y el Instituto Nacional de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGBA), que determinaron niveles de cobre y mercurio en el canal DP 2 que superan el máximo permitido, «perjudicando la vida acuática y la salud pública, por bioacumulación». En este ducto se arrojan los desechos producidos en la citada planta de filtrado de Ranchillos.

Por su parte, el fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, explicó que se «realizaron pruebas que arrojan resultado positivo en cuanto la contaminación imputada se refiere», en referencia a los valores de cobre vertidos en el canal DP2, conforme a la Ley de Residuos Peligrosos, el artículo 41 de la Constitución Nacional (incorporado en la reforma de 1994), y la Ley de Gestión de Residuos Provenientes de Actividades Industriales y de Actividades de Servicios.

«Según los estudios, el aumento en las concentraciones de cobre plantea un riesgo para la salud pública por la exposición crónica de la vida marina y sus consumidores en la población humana. El tiempo se acabó. Minera Alumbrera no debe continuar ni un minuto más», manifestó Iván Berkman, coordinador regional de Conciencia Solidaria.

«Corre peligro la vida. La ambición por parte de Alumbrera es absolutamente desmedida. Ya cercano al cierre del emprendimiento minero original, esta empresa busca explotar otro yacimiento conocido como «Bajo el Durazno» que se encuentra a unos 10 kilómetros, aproximadamente, del complejo industrial de Minera Bajo la Alumbrera. Esto implicaría la continuidad de un flagelo y contaminación que avanza con total impunidad sobre algunas poblaciones de la provincia de Catamarca, Tucumán y el Dique El Frontal en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero», agregaron desde Conciencia Solidaria.