En Santa Cruz aparecen las voces oficiales que comienzan a torcer la luz. El gobierno, concejales de Puerto Deseado y funcionarios de las áreas de la Producción, empiezan a pedir cambios, más regalías, mejores controles ambientales y mayor compromiso empresario. La profunda crisis financiera del estado santacruceño y los municipios hace aflorar la verdad sobre la minúscula participación de la minería a gran escala en los circuitos económicos donde se instala.

Fotos: la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner en su discurso en la mina Cerro Vanguardia (Santa Cruz)a fines de marzo de 2012.

Fuente: OPI Santa Cruz

11/06/2012. Existe una apatía (para nada desinteresada) de los gobiernos y las autoridades políticas de los pueblos y los habitantes mismos, ante lo que es visiblemente un atropello de las empresas extractivas que se llevan todo el oro y la plata de nuestro suelo, a precio de liquidación, como no lo podrían conseguir en otro lugar del mundo y además, nos dejan los despojos contaminantes por el resto de nuestras vidas.

Finalmente (y enhorabuena) los representantes de la gente se hicieron escuchar. Es valorable la actitud de los Concejales de Puerto Deseado que cuestionaron a la empresa Estelar Resource, operadora de Cerro Moro, a quienes les exigen que cumplan con la «responsabilildad social» y respeten el «compre local», entendiendo que hay una brecha muy grande entre lo que dicen y prometen las empresas cuando llegan y lo que la realidad demuestra un tiempo después. Tal ha sido la posición de los concejales Ana María Parejas y Myriam Alonso de la ciudad portuaria, la propia Ministro Paola Knoop, que está orientada hacia la obtención de más beneficios sociales y del Gobernador Peralta que, además de entender que la onza de oro cotizaba 200 dólares cuando se generó el marco regulatorio de las mineras, hoy está a 1.800 dólares y las condiciones ha cambiado sustancialmente en el país, la provincia y el mundo.

El punto, es que se debe cambiar la ley y elevar las regalías que pagan las empresas extractivas. Hoy están empantanadas en un magro 3%, con beneficios extraordinarios otorgado por una legislación que no se adaptó a los tiempos que corren, sin embargo, en la práctica solo pagan el 1%, dado que el aumento de las regalías funcionará para aquellos emprendimientos que se instalen a futuro. Desde el gobierno provincial la diputada Blanca Blanco ha presentado un proyecto para elevar el canon minero a un 12%, que si bien no es mucho, significa al menos la intención de equiparar minimamente las regalías mineras con las hidrocarburíferas.

«Hablé con algunos jefes de esta firma, que van a venir a Puerto Deseado en los próximos días, y les recordé que el recurso es nuestro y que no es renovable», dijo la Concejal Alonso a un medio local, aludiendo a que existen varias empresas mineras esperando la aprobación del último trámite legal, para lanzar su agresiva campaña de exploración y explotación en la meseta del Deseado.

La edil, ajustándose a la realidad y a la experiencia por comparación de otras localidades donde llega la minería con la promesa de «dar trabajo y desarrollar el comercio local», dijo al medio de prensa «no nos vendan espejitos de colores, no hagan que los comerciantes se pongan a hacer gastos innecesarios para un emprendimiento de este tipo para que les digan que no necesitan lo que tienen para vender, o que ya lo compraron en Buenos Aires, o que vienen de una localidad vecina de la provincia».

Sin embargo las ediles, si bien tienen muy buenas intenciones en lo que dicen y la actitud que toman frente a las empresas, debieran ir más allá de del mero «compromiso social», del cual ya hemos hablado en nuestras notas y con el cual no coincidimos totalmente. De hecho, las empresas mineras tienen razón en señalar que «les están exigiendo que aporten 100 millones de pesos para resolver cuestiones que las debe resolver el Estado (entienden ellas)» y además, como si sonara a un reproche burlesco, le recuerdan a los funcionarios de gobierno que lo que le solicitan corresponde al doble de lo que el Estado recauda en un año en concepto de regalías (que rondan los 53 millones de pesos de todos los proyectos mineros que hay en Santa Cruz).

Tanto la Ministro, como los Concejales, como el propio Gobernador y los diputados, debieran propender al cambio de la ley nacional. Generar un cambio en la legislación que obligue a las mineras a aportar lo que corresponde en regalías y a sanear el ambiente que impactan de la manera que debe hacerse. Claro, para eso, hace falta que el ejemplo empiece por casa y que mejor que Cerro Vanguardia, donde el Estado Provincial tiene participación a través de Fomicruz y sustenta y avala la apertura de más de 50 pits de enormes dimensiones, sin que hasta el momento se conozcan inversiones, planes y actividades concretas, tendientes a remediar al tremenda degradación del terreno que implicó 10 años de explotación megaminera en cercanías de Puerto San Julián.

De hecho, el vocero de Comunicaciones de Cerro Vanguardia Germán Stocker, en una entrevista mantenida por Radio News, cuando le hicieron ver que si no se adoptaban medidas preventivas, la megaminería dejaría a la provincia agujereada «como un queso gruyere», reaccionó contestando con un brutal concepto de lo que, para él, es el impacto ambiental que produce la minería a cielo abierto en la provincia y dijo:

«Le puedo asegurar que donde está ubicado el yacimiento CV es muy pequeño y la provincia de Santa Cruz es inmensa» y cuando el conductor le insistió sobre si los enormes pits generados por CV quedarían sin tapar, Stocker respondió «si, algunos si.. y lo que se hace, justamente, es desconectar el sistema de drenaje y comienzan a aflorar las napas.»