Esgrimen “derechos adquiridos” para ampliar zonificación. El Bloque del PJ lleva la inquietud de Camicruz a la reunión que tendrán con el Ejecutivo el próximo 22 de marzo. Es por la Ley de Zonificación Minera, que regula la explotación en Santa Cruz y que motivó un fuerte reclamo del sector.
Fuente: diario Tiempo Sur
A partir de la Ley de Zonificación Minera sancionada en la Legislatura provincial, el Gobierno analiza el correcto emplazamiento de las áreas a afectar a emprendimientos mineros, en una amplia extensión comprendida entre la ribera norte del río Santa Cruz y el este de la traza histórica de la Ruta Nacional Nº 40, hasta el límite con Chubut y la costa atlántica, respectivamente.
Sin embargo, desde las cámaras que representan al sector se hizo un fuerte reclamo sobre finales del 2009, asegurando que se violaban derechos adquiridos y hasta se amenazó con la posibilidad de iniciar medidas judiciales.
Sugerencias
La posibilidad de dar respuesta a una serie de inquietudes que planteó la Cámara de Empresas Mineras de Santa Cruz (Camicruz), tras la sanción de la Ley de Zonificación Minera de la Provincia, está contenida en un paquete de temas sobre los que el Bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista, consensuará con el gobernador Daniel Peralta, el próximo lunes 22 de marzo.
Así lo aseguró el presidente de bloque en la Legislatura, Atanasio Pérez Osuna, quien a su vez preside la Comisión de Desarrollo, Industria, Comercio y Minería del cuerpo, que completan los diputados oficialistas Jorge Adolfo Turinetto, Juan Domingo Hamer, Horacio Miguel, y por el Bloque de la UCR, Nadia Ricci.
La decisión se tomó en la primera reunión de la Comisión, tras la reanudación de la labor parlamentaria, hace una semana atrás.
El Presidente de esta Comisión informó que tras recibir el año anterior a Camicruz con distintas sugerencias, las mismas están siendo evaluadas por lo que consultarán con el Ejecutivo algunas propuestas que plantean.
Pérez Osuna adelantó que no le pareció mal la propuesta del Ejecutivo de delimitar las áreas de exploración y explotación minera, aunque indicó que hay que buscar un equilibrio y no perjudicar al sector privado.
La sanción de este proyecto generó una polémica en el sector minero, que tuvo su punto más álgido cuando amenazaron con paralizar “proyectos millonarios”.
Esto obligó al propio gobernador Daniel Peralta a contestarle a la Cámara a comienzos del mes de diciembre. “Nosotros somos los que tenemos que fijar las reglas. Lo dije muy claro en Perito Moreno, si les gusta bien y si no tendrán que hacer las valijas y buscar inversiones en otras provincias”, manifestó en ésa oportunidad el mandatario provincial ante las críticas de Gemera Y Camicruz.
La ley
En noviembre pasado el Poder Legislativo de la provincia sancionó una ley que crea un área de Interés Especial Minero que prohíbe la extracción de metales fuera de dicha zona, según se desprende de la norma. Ninguna empresa podrá realizar actividades mineras fuera de esa área que se circunscribe al territorio de meseta y excluye la cordillera de los Andes.
Las empresas indicaron que la medida deja entrever la posibilidad de que los derechos ya adquiridos por las compañías para explorar y explotar las zonas ajenas al área de interés, queden sin efecto, lo que se traduce en “grandes pérdidas para aquellas empresas que ya iniciaron la actividad en dichas zonas”.
Desde las compañías que estaban instrumentando la exploración de zonas ahora excluidas de la nueva área de Interés Especial Minero, sostienen que el trabajo de detección de los minerales requiere de inversiones muy elevadas, que van desde los 5 millones hasta los 200 millones de dólares, que “se traducirán en pérdidas si el Gobierno de Daniel Peralta les impide explotar esas zonas”. Además, sostiene que las cámaras se quejan de que este cambio repentino en las normas perjudicará la imagen del país y muchas multinacionales optarán por invertir en países vecinos.
“Los proyectos mineros son a largo plazo, y no se pueden llevar adelante si no existe un marco regulatorio estable.
Respetamos las leyes y a los gobiernos, pero no podemos admitir que esta norma sea retroactiva y perjudique los proyectos en marcha”, dijo Julio Ríos Gómez, presidente de Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina, y agregó: “Esta ley es inconstitucional, va en contra de los derechos adquiridos. Se trata de un mensaje muy malo a la inversión y va a significar la caída de un 25% de la actividad en los próximos años”.
El punto más controvertido -según la misma fuente- es el que afirma que se creará “una comisión ad hoc de diez miembros, con el objetivo de evaluar (y cuyo dictamen será vinculante) cada uno de los estudios de impacto ambiental de los proyectos que se encuentran otorgados o concedidos fuera del Área de Interés Especial Minero”. Para el abogado especialista en Asuntos Mineros Leonardo Rodríguez, asociado del estudio Marval, O’Farrell & Mairal, la nueva medida santacruceña “viola las normas federales incluidas en el Código de Minería, según el cual, cualquier empresa que cuente con derechos de exploración y encuentre un mineral, automáticamente podrá adquirir el poder de explotación. Las provincias no pueden regular la actividad minera hasta el punto de prohibirla.
Eso es facultad del Congreso de la Nación”, explicó Rodríguez. Por este motivo, asegura que la norma traerá gran cantidad de litigios al Estado si no se otorga por decreto garantías a aquellas compañías que actualmente estén explorando y explotando fuera del área en cuestión.
«Si bien los tribunales pueden declarar inconstitucional la medida, el proceso judicial puede llevar años y las obras mientras tanto quedarían paralizadas y las compañías se perjudicarán”, dijo el abogado.
