Solo el barco chileno que se hundió en Magallanes llevaba en sus bodegas el equivalente a 5,5 años de regalías mineras que ingresan a la provincia de Santa Cruz. Santa Cruz va camino a constituirse en un gran queso gruyere, pits, cráteres, túneles, terrazas, huecos inmensos, degradación de la tierra y malgasto del agua; todo por nada (o muy poco).
Fuente: Agencia OPI Santa Cruz
02/12/2009. Hay en el mundo un boom de ventas ante el precio récord que tiene el oro en estos momentos. Mientras la onza pasó la barrera de los 1.200 dólares, la extracción no llega a 300. Las mineras avanzan sobre los países de más bajo coste de explotación y mejores beneficios impositivos, entre ellos la Argentina. Santa Cruz va camino a constituirse en un gran queso gruyere, pits, cráteres, túneles, terrazas, huecos inmensos, degradación de la tierra y malgasto del agua; todo por nada (o muy poco). Solo el barco chileno que se hundió en Magallanes llevaba en sus bodegas el equivalente a 5,5 años de regalías mineras que ingresan a la provincia de Santa Cruz.
El boom del precio del oro tiene un alto impacto en la Argentina, país productor. Tanto, que el metal es uno de los pocos productos que hoy por hoy permiten engrosar las exportaciones del país, señala el periodista Tomás Canosa en un informe publicado por Crítica de Argentina. Las principales compañías auríferas realizarán más exploraciones y estiman que la cotización continuará al alza, señala.
Tienen una razón de peso: la onza cotiza a 1.215,45 dólares en N.Y, mientras el costo para extraerla en países como el nuestro no supera los 300 dólares. En este contexto, las exportaciones del mineral no paran de crecer y durante el tercer trimestre acumularon 333 millones de dólares. Desde Barrick Gold, la minera más grande del mundo y la principal exportadora del país, manifestaron que este panorama “puede servir para continuar posicionando la actividad como relevante en el contexto económico nacional”. Esta compañía se vio favorecida por el Gobierno cuando la presidenta Cristina Fernández vetó la ley para proteger los glaciares.
Las ventas al exterior de oro alcanzaron u$s 738 millones durante este año y crecieron 21% en los últimos 12 meses. Durante el primer trimestre de este año se exportaron u$s 173 millones, en el segundo u$s 232 millones y en el tercero 333 millones de dólares, según publicó el INDEC.
Nuestra realidad
En tanto Santa Cruz es la provincia dorada por excelencia para atraer capitales de inversionistas mineros debido a su permisiva legislación medio-ambiental, a las bajas regalías que deben pagar (solo 1%) y a los beneficios impositivos que les cabe por estar trabajando en la región patagónica y sacar el material por puertos como el de Deseado o Quilla, por ejemplo donde no pagan absolutamente nada.
Algunos problemas energéticos están siendo solucionados por las mineras mediante el interconectado, las probabilidades de generación que entregará la usina de Río Turbio y una posible (aunque lejana) concreción del proyecto dique Los Monos. El otro inconveniente que se les presenta (a futuro, hoy no lo tienen) es la utilización del agua, debido a los problemas que viven en localidades de la zona norte donde el suministro de agua potable es cada vez más difícil, razón por lo cual se hace necesaria la construcción por parte del gobierno de acueductos y reservorios que aseguren la provisión a las poblaciones afectadas para que el eje de la atención deje de ser el alto consumo que tienen las mineras y las petroleras de la zona.
Recordemos que solamente Cerro Vanguardia consume en un día la cantidad de agua que toda la población de Río Gallegos consume en un mes. Por lo tanto un factor fundamental a la hora de calcular los costos de extracción debiera ser la utilización del agua obtenida en este caso de napas subterráneas; sin embargo el pago es mínimo y además las fuentes cercanas a Fomicruz aseguran que se está pagando mucho menos que el agua que realmente utilizan.
En cuanto a la extracción de oro específicamente está plenamente comprobado que en nuestra provincia el costo-beneficio para las poblaciones donde se asientan los emprendimientos mineros es asimétrico. Las “inversiones” que se vuelcan en la zona generalmente están vinculadas exclusivamente a la labor extractiva aunque desde el discurso oficial y desde algunos medios se intente establecer el vocablo “inversiones” con una amplitud que deja entrever el alcance “social” en las comunidades afectadas por la minería.
La práctica y la observación “in situ” han demostrado que esto no es así. Si bien San Julián tiene un evidente movimiento comercial que gira alrededor del yacimiento Cerro Vanguardia, no se ha logrado otra actividad accesoria que le permita al pueblo sobrevivir a la minera (sin la minera) y de hecho hace un año se habló de la falta de rentabilidad de la mina y un posible cierre y la gente comenzó a volcar su opinión desfavorable, especialmente, en relación a lo poco que habían dejado 10 años de explotación ininterrumpida.
Hoy existen al menos seis proyectos mineros a instalarse en Santa Cruz. La Ley de Fomento Minero que data del año 1993 favorece ampliamente a las empresas y hacen de esta provincia un botín dorado, dado que además, las leyes medioambientales no existen o son permisivas y que el estado no toma el rol de controlador, fiscalizador y generador del estudio de impacto ambiental, lo cual queda en manos de las empresas (fábula del zorro en el gallinero).
Si bien se aprobó recientemente la Ley de Zonificación Minera, la propia Diputada por Encuentro Ciudadano Gabriela Mestelán sostuvo que “este encuadre es un punto de partida, falta todavía trabajar fuerte y firmemente para generar normativa que garanticen el cuidado de los recursos naturales no renovables y creen condiciones para una minería sustentable”.
Precio vil
Las condiciones extractivas para las empresas mineras en Santa Cruz son inmejorables. A pesar de que existe una difusa propaganda alrededor de los enormes costos de explotación, los beneficios que les da esta provincia son muy significativos.
El canon establecido para el pago de regalías mineras está establecido entre el 1 y 3% de la producción; Santa Cruz cobra el 1%. Otorga beneficios incomparables por la exportación por puertos como Deseado y Quilla y solo basta decir que la carga de boullón doré que se hundió con el pesquero Polar Mist hace un año (luego recuperada del fondo del estrecho de Magallanes) tenía un valor de 20 millones de dólares (declarados). Estas 9,5 toneladas de material pertenecían a un solo embarque de solo dos mineras: Cerro Vanguardia y Triton.
Santa Cruz percibe en regalías como aporte de todas las mineras que operan en la provincia la suma de 13 millones de pesos por año.
Una simple ecuación matemática nos muestra que solamente con la carga del Polar Minst y en un solo embarque, se transportó el equivalente a cinco años y medios de regalías mineras en la provincia.
Esto se presenta en estos trazos gruesos, solo para mensurar comparativamente lo que se llevan las empresas extractivas de nuestro territorio y lo que en realidad dejan como beneficio para el Estado provincial.
El agua, más que el oro
Un artículo recientemente publicado por la Dirección General de Aguas de Chile organismo encargado de medir y cuantificar tanto la cantidad como la calidad del recurso hídrico en sus fuentes y de otorgar los derechos de aprovechamiento de aguas; es además organismo de gobierno en la formulación de políticas y normas ambientales, participa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y sus comités operativos de seguimiento. Tiene el rol de policía y vigilancia del agua, se relaciona con las organizaciones de usuarios del agua, realiza permanentemente estudios de disponibilidad y caracterización del recurso; regula y controla el uso del agua en el emprendimiento minero Pascua-Lama, dentro del programa de Recursos Hídricos y Protección de Glaciares en Chile.
Rodrigo Weisner es Director del DGA y desde el año 2008, también tiene a su cargo la investigación y medición de las reservas de agua en estado sólido (glaciares).
Los derechos de aprovechamiento de aguas se otorgan de la misma forma para cualquier persona natural o jurídica, independiente de su actividad económica o de su tamaño: se debe hacer una solicitud formal donde se identifique claramente el tipo de derecho, la cantidad y naturaleza de las aguas. Luego la DGA debe verificar en terreno la exactitud de los datos, permitir que existan oposiciones de terceros y resolver en base a la disponibilidad de agua existente, sin afectar derechos de otras personas ni al medio ambiente.
El Código de Aguas vigente data de 1981, pero sufrió una importante modificación (cuya tramitación duró 13 años en el Congreso) en el año 2005. El agua en Chile es un bien nacional de uso público, y para su uso y goce es necesario contar con un derecho de aprovechamiento de aguas, el que debe tramitarse ante la DGA y se resuelve en base a la disponibilidad del recurso. En términos bastante sencillos, estos derechos pueden ser consuntivos (que extraen el agua desde su fuente, como el riego, la minería, el consumo humano) o no consuntivos (que la usan y luego la devuelven a su cauce, ej. Hidroelectricidad) y la naturaleza del derecho puede ser superficial o subterráneo.
Antes de la reforma al Código, si el agua estaba disponible, era obligación de la DGA entregarla a quien la demandara, aunque se tratara de un río completo. Además quien pidiera el agua no tenía obligación de usarla. Dicha práctica redundó en una gran concentración de los derechos (y también dio pie a la especulación). Actualmente, tras las modificaciones del 2005 la DGA puede, entre otras atribuciones, limitar la cantidad de agua solicitada según la actividad económica a desarrollar (en base a una tabla de equivalencias) y también cobrar una patente por el no uso a quienes tienen derechos de aguas pero no los utilizan. Adicionalmente, se perfeccionó el sistema de los remates de agua, que se producen cuando existen dos o más peticionarios pero el agua solicitada no es suficiente para cubrir la demanda.
La Fiscalización ambiental de proyectos mineros aprobados en el marco del SEIA se realiza dentro de los COF (Comités Operativos de Fiscalización) donde participan diferentes Servicios Públicos. También se realiza otro tipo de fiscalización, exclusiva de la DGA, que está ligada al tema de las extracciones ilegales de agua y las obras no autorizadas (pretiles, pozos, etc.). Esto es realizado por la Unidad de Fiscalización del servicio, la que se vio fortalecida con las modificaciones al Código de Aguas recién señaladas, que cuenta con profesionales de dedicación exclusiva para atender las denuncias que llegan al respecto y que también realizan sus propias investigaciones.
Ante emergencias ambientales las direcciones regionales de la DGA se hacen presentes ya sea por si solas o como parte del comité de fiscalización (de un proyecto sometido al SEIA), dependiendo de la emergencia, de la vía de información etc. Además se coordina con el laboratorio ambiental de la DGA en caso de requerir de toma de muestras de aguas.
En el caso de aplicar sanciones éstas son administradas por la Comisión Nacional del Medioambiente y decididas por las Coremas, los servicios públicos informan para la toma de decisiones.
En el caso de Pascua-Lama, es un proyecto transfronterizo que en el sector chileno no saca aguas para la operación industrial (lo tomaría de Argentina), solo sacaría aguas para los requerimientos de los campamentos y estos son del orden de 40 l/s (litros por segundo), por lo que el porcentaje de agua utilizada es bajísimo.
El plan de monitoreo presentado por Barrick en enero del año 2008 contempla la entrega de informes anuales referentes a parámetros glaciológicos e hídricos del área de influencia del proyecto Pascua- Lama. Entre los antecedentes glaciológicos que serán entregados destacan el inventario de glaciares de la cuenca del Río Huasco, balances de masa y energía de algunos glaciares de la zona, modelo de derretimiento nivoglacial para la cuenca del glaciar Ortigas y el estudio de la dinámica hídrica del permafrost en la zona del proyecto. Además, el informe anual entregado a las autoridades contempla la evaluación de los impactos de la actividad minera en el medio criosférico, determina la DGA de Chile.
¿Y nosotros?
En Argentina aún discutimos sobre si una empresa minera va o no a dejar algún beneficio a la población que impacta. El oro deja ínfimos beneficios a Santa Cruz y el agua no está protegida por el Estado. La tendencia dice que el futuro no es el oro, es el agua; precisamente así lo entienden lo chilenos que no viven en otro continente, solo cruzando la montaña que son comunes a ambos países.
