Ya es extraño que un diputado provincial, integrante de la Comisión de Minería en la Cámara y con decisión sobre leyes del sector, sea un empresario proveedor minero, pero más paradójico es que un legislador, tenga una empresa de transporte de cianuro y la policía detenga sus camiones porque no están habilitados por la verificación técnica obligatoria, para transitar con cargas peligrosas como son los contendedores de este peligroso componente utilizado en la minería.
Fuente: OPI Santa Cruz
Esta mañana un convoy de cuatro camiones pasó por el puesto policial de Chimen Aike y al ser revisada la documentación respectiva, los efectivos encontraron que uno de ellos no tenía la VTV (Verificación Técnica Vehicular) al día y allí mismo fue demorado su paso. El problema es que no se trataba de un transporte común, sino que era un equipo con carga peligrosa. Transportaba cianuro, lo cual implica una serie de medidas y obligaciones accesorias al transporte común de cargas, que son exigibles para todas las empresas que circulen por territorio argentino.
A raíz de la infracción, todo el convoy debió esperar en el lugar, el camión fue descargado, la carga manipulada con un guinche privado que la depositó en otro camión provisoriamente, hasta que el equipo en cuestión se retiró de allí y pocas horas después volvió con la VTV confirmada.
Los camiones de la empresa Transportes Álvarez en Chimen Aike – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
De acuerdo a las fuentes consultadas por OPI el camión, parte del convoy que van camino a Caleta Olivia, tenía vencido los permisos respectivos, sobre las condiciones mecánicas y de seguridad que debe poseer y más aún los dedicados al transporte de cargas peligrosas.
La empresa “Transporte Álvarez” es del diputado Leonardo Álvarez, que tiene su base en San Julián y con la cual abastece a las empresas mineras de la zona. Como explicamos en otras oportunidades, el legislador, tiene una fuerte vinculación con el sector minero, legisla sobre minería, como integrante de la comisión respectiva en la Cámara de Diputados y es, además, proveedor minero. Una extraña forma de combinar lo público con lo privado y dejar la sospecha de cuándo actúa en uno u otro sentido, siendo que fue uno de los más férreos defensores de las empresas mineras, cuando el Ejecutivo pretendía aprobar un proyecto de ley que exigía a las empresas un canon inmobiliario por los negocios multimillonario que hacen las multinacionales, vendiendo las riquezas del subsuelo de Santa Cruz.
