San Luis, Argentina – 13/08/08. “Yo estoy por la prohibición de los tóxicos” fueron las palabras que pronunció el presidente de la Comisión de Medio Ambiente Héctor Hernández (PJ-San Martín) antes de decidir pasar a un cuarto intermedio. Junto a sus pares estuvieron reunidos por espacio de más de dos horas con vecinos, legisladores comunales y funcionarios municipales de distintos puntos de la provincia, que no se retiraron conformes del encuentro y decidieron luego -tras deliberar en asamblea en la explanada de la Legislatura- hacer un corte simbólico en el puente que une el centro de la ciudad, con el sector sur.
Fuente: Periodistas en la Red
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Los vecinos comenzaron a llegar temprano de distintos puntos de la provincia, principalmente de aquellos sectores que se verían afectados por explotaciones mineras que cambiarían definitivamente su modo de vida si esos emprendimientos se ponen en marcha. Desde Merlo traían 3.500 firmas que habían recolectado para pronunciarse en contra de este tipo de explotaciones.
En la asamblea que comenzó a deliberar temprano en la mañana, había vecinos de Santa Rosa del Conlara, Merlo, Potrero de los Funes, El Trapiche, Carolina, Nogolí y de la capital puntana.
A todos los preocupaba la indefinición que existe en Diputados con el tema de la denominada megaminería metalífera con explotación a cielo abierto, el derrame de químicos tóxicos en las nacientes de los ríos y la posibilidad de extracción de un mineral altamente peligroso para la salud por su radioactividad: el uranio.
Con el ingresado ayer por la oposición, suman cuatro los proyectos que están en estudio en la Comisión de Medio Ambiente. Este último fue presentado en medio de la reunión, pero es el que había sido consensuado por los legisladores y de buenas a primera “desapareció” como despacho. Eduardo “Lalo” Estrada Dubor, Eduardo Gargiulo y Ana María Nicoletti le pusieron la firma a ese texto y fue presentado allí, mientras se desarrollaba la reunión con los ambientalistas.
También sumó otra propuesta la diputada mercedina Ivone Ruiz, que tiene “un anexo impecable”, según coincidieron los conservacionistas, pero el articulado de la ley se detiene en otros aspectos que no hacen al fondo de la cuestión, cuya discusión se centra en si se prohibe o se limita el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otros tóxicos en la tarea de la extracción metalífera.
La reunión, por momentos se puso tensa a partir de la participación poco afortunada de la diputada del PALEM, Alicia Arrieta, autora junto a Graciela Mazzarino del más cuestionado de los textos presentados, que permite la utilización de tóxicos. “Porque la prohibición es inconstitucional” se limitó a decir la legisladora sureña cuando la invitaron a esgrimir sus argumentos en favor de la utilización de estos químicos.
“Seis provincias ya han legislado en contra de estos procesos”, le refutaron inmediatamente, junto a la lectura de los artículos constitucionales que tras la reforma de 1994 le dan potestad a las provincias para legislar en la materia.
La blonda diputada debió pasar un mal momento cuando las concejalas de Santa Rosa, del partido oficialista, le recriminaron su actitud “soberbia”. “No se puede reir de la gente”, le dijeron. “No estamos discutiendo sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad, estamos hablando de la vida o de la muerte”.
Quienes participaron de la reunión quieren una ley que prohiba el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la extracción de minerales metalíferos y la inibición de la explotación de minerales radioactivos como Uranio y Torio.
Los ecologistas fueron acompañados por concejales de distintos signos -incluso el propio PJ- de la localidad de Santa Rosa del Conlara, una de las urbes que se vería afectada si se pone en marcha un proyecto de una multinacional que tiene intención de extraer Uranio de las sierras de San Luis.
También el director de medio ambiente de la villa turísica de Merlo, Daniel Faraoni, acompañó a los manifestantes que hoy se hicieron presentes en la Legislatura de la Provincia donde en la actualidad hay cuatro proyectos de ley para regular la actividad.
Hay que recordar que el Concejo Deliberante de Merlo emitió una declaración donde se opone a la explotación de minas a cielo abierto.
Los conservacionistas se encuentran realizando tareas de concientización en San Luis, El Trapiche, Merlo y Santa Rosa del Conlara, lugares que se verán afectados por distintos proyectos que están en la etapa de exploración.
La Asamblea para la Protección del Agua y la Tierra Argentinas, APATA, que funciona en esos poblados, venía trabajando conjuntamente con los legisladores para intentar lograr una ley consensuada, pero tras una reunión donde se había logrado consenso, integrantes del oficialismo presentaron una nueva propuesta que habla de “limitar” el uso de los tóxicos a “diluciones permitidas” en lugar de prohibir su uso como había sido acordado.
“No queremos veneno en las nacientes de nuestros ríos”, era una de las consignas que llevaban en sus pancartas.
La movilización de los ecologistas se originó a partir de una serie de marchas y contramarchas que tuvo el proyecto original enviado por el Ejecutivo, al que se le habían realizado algunas modificaciones y luego fue consensuado en casi toda su extensión.
Luego hubo un encuentro entre algunos diputados oficialismo con representantes de la empresa canadiense Castillan y surgió la nueva iniciativa, que nada tenía que ver con la que había sido hablada ni con la original propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente.
“Nos vamos muy preocupados y desilusionados”, dijo Guido Pollini, jefe de los Bomberos Voluntarios de Santa Rosa, entidad que ha movilizado a los vecinos de esa localidad. La comisión de Medio Ambiente, tras escuchar a los vecinos, se reunió a puertas cerradas y luego decidió pasar a un cuarto intermedio.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
