En declaraciones a un diario chileno, un directivo de minera Los Pelambres, la empresa que lanzó desechos y cubiertas en San Juan, negó que se vaya a retirar la escombrera. Ningún avance: en una entrevista un directivo de la firma trasandina dijo que harán una remediación, pero no habló de retirar el material. El CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, negó el retiro y habló solamente de llevar a cabo un cierre medioambiental, es decir, aislar y contener la montaña de escombros, pero que la misma quede en territorio sanjuanino.
Fuente: mdz
Cuando se pensó que la discusión era el plazo que demoraría Los Pelambres en sacar la escombrera de San Juan, con la empresa pidiendo 10 años de plazo y el Gobierno de la vecina provincia acotándolo a 5, ahora surgió otro problema.
De acuerdo al diario de la vecina provincia los dichos del directivo causaron sorpresa en la gestión de Uñac, ya que se contradicen con lo que funcionarios de Cancillería habían informado en el Senado y ante autoridades locales. Incluso, la compañía trasandina había presentado un plan de remoción.
La llamada escombrera Cerro Amarilla ocupa 60 hectáreas de suelo calingastino y según una pericia oficial, contamina lagunas cordilleranas, es un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas.
El directivo dijo al medio chileno Diario Financiero que “creemos que como en cualquier escombrera o depósito de ese tipo, es importante proceder a su cierre medioambiental y eso es lo que hemos sostenido y creemos que es lo que hay que hacer”.
La Justicia dispuso que se saque la escombrera, en el marco de la causa que lleva adelante por contaminación y usurpación de agua y suelo. En la misma, están imputados los exgerentes de la minera chilena Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, sumado a Veloso, de Antofagasta Minerals. Los implicados enfrentan el riesgo de tener una condena en su contra.Los Pelambres aseguró que armó la montaña de escombros en suelo argentino por la cartografía que le brindó el gobierno trasandino. Por esa razón, Arriagada sostuvo que “entendemos que hay discusiones entre los gobiernos, las que son adecuadas, porque este es un problema entre los gobiernos”.
