El pueblo kañari y a las comunidades campesinas están siendo afectadas por el proyecto minero Loma Larga, considerado como estratégico para el gobierno. A pesar de que Ecuador es considerado, al menos hacia el exterior, como un Estado vanguardista en cuanto a principios jurídico-ambientales al reconocer en su constitución los derechos de la naturaleza y ser un país que reconoce la plurinacionalidad de sus habitantes, en los últimos años las políticas económicas han promovido e impulsado la expansión de la industria extractiva, la cual atenta contra la integridad territorial y cultural de diversas nacionalidades.
Por La Tlacuila* publicado en Animal Político
Mi amigo y colega Diego García se encuentra en Ecuador y desde allá me envió el siguiente texto, que considero oportuno compartir en este espacio.
A pesar de que Ecuador es considerado, al menos hacia el exterior, como un Estado vanguardista en cuanto a principios jurídico-ambientales al reconocer en su constitución los derechos de la naturaleza y ser un país que reconoce la plurinacionalidad de sus habitantes, en los últimos años las políticas económicas han promovido e impulsado la expansión de la industria extractiva, la cual atenta contra la integridad territorial y cultural de diversas nacionalidades.
En esta ocasión me refiero concretamente al pueblo kañari y a las comunidades campesinas que serán y están siendo afectadas por el proyecto minero Loma Larga, considerado como estratégico para el gobierno, que la empresa INVmetals desarrolla en 9 mil 497 hectáreas del páramo de Kimsakocha, ubicado a 30 km al sur de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. A pesar de que aún no comienza la fase de explotación (está terminando la de exploración), las consecuencias, al menos a nivel social, ya son sensibles. Es decir, la entrada del proyecto ya ha dividido a la sociedad y comienza a roer el tejido social.
Aunque el hasta hace unos días presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que la minería en Kimsakocha sería una minería responsable, este proyecto afectará de forma irreversible la Cuenca hidrológica de los ríos Tarqui, Yanuncay y Rircay. De las aguas que nacen del páramo de Kimsakocha dependen al menos 10 canales de riego comunitario, de los cuales se benefician alrededor de 2 mil 400 familias cuya principal actividad económica es la agro-ganadera; por si esto fuera poco, más de 14 mil 900 familias verán comprometida la fuente principal de agua potable con que cuentan.
Frente a este panorama desolador, Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, destaca la participación de las mujeres y comenta que “desde el 2002 se han llevado a cabo distintas acciones de resistencia frente al proyecto minero, las cuales incluyen manifestaciones simbólicas, el cierre de vías por días e incluso semanas y la toma de instituciones“. Por otro lado, el Doctor. Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Kichwa del Ecuador, afirma que debido a la violación al derecho a someter el proyecto a una consulta previa libre e informada, en octubre de 2012 “en una asamblea se decidió hacer una consulta, se aprobó su reglamento, se eligió un tribunal, se eligieron las autoridades indígenas, se convocó a invitados, observadores nacionales e internacionales, y el 92% dijo no a la minería y apenas el 4 % se pronunció a favor”. Por supuesto que esta consulta no fue tomada en consideración e incluso fue calificada como falaz.
Este hecho fue tomando como un duro golpe político tras el cual comenzaron una serie de ataques y una campaña de desprestigio a los líderes antimineros por parte del Estado, en la que Correa los tildó de “emponchados”, “tira piedras”, “ecologistas infantiles”, e incluso llamó al Dr Pérez “siki ñawi” (cara de culo en kichwa) frente a más de 30 mil personas. Aunada a esta violencia simbólica, se ha perseguido y criminalizado la resistencia antiminera, a tal grado que varios líderes han sido encarcelados o amenazados.
Desafortunadamente, a pesar de tan grandes y dignos esfuerzos para detener el proyecto minero en Kimsakocha, encabezados por el Sistema Comunitario de Aguas Tarqui-Victoria del Portete, éste sigue en marcha y la sombra del ecocidio y etnocidio sigue rondando sobre las comunidades kañaris y campesinas que serán afectadas. Por fortuna, cada día son más los que se suman a la lucha y defienden la vida y el agua. Esperemos que el nuevo presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, haga algo al respecto y escuche las miles de voces que gritan ¡NO a la mina!
* Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años con organizaciones indígenas en cuestiones de comunicación, entre otras, coordinó un proyecto de incorporación de organizaciones indígenas a internet a finales de los 90, proyecto con el cual se convirtió en fellow de Ashoka (red internacional de emprendedores sociales). En los últimos años se ha dedicado a difundir información de los pueblos indígenas en la prensa escrita, colaborando con diarios como Excélsior en 2006 y Milenio de 2007 a 2010.
