Impacto ambiental del que no puede determinarse su magnitud, fallas en el sistema de gestión ambiental y de mantenimiento, y precariedad de la estructura y el diseño del canal por donde pasan los líquidos cargados con contaminantes tras el proceso de lixiviación de la roca: esas son algunas de las faltas graves que la Secretaría de Ambiente de la Nación detectó en la mina Veladero, en San Juan, después del derrame de cianuro que ocurrió en septiembre pasado.
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Fuente: La Nación
Las conclusiones surgen de un informe que fue realizado por la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental de esa dependencia nacional en octubre pero que estuvo “cajoneado” hasta hace dos semanas, cuando los empleados de esa dependencia, hoy Ministerio de Medio Ambiente, acercaron a las nuevas autoridades el detalle del relevamiento y al que LA NACION tuvo acceso.
Las faltas señaladas por la comisión nacional que inspeccionó la mina que maneja la empresa canadiense Barrick Gold en San Juan se enmarcan dentro de la ley de residuos peligrosos que establece castigos que van desde un mero apercibimiento hasta la clausura. Todos los detalles del informe fueron enviados por el Ministerio de Medio Ambiente a los dos juzgados que siguen hoy la causa por contaminación de la minera aurífera; en la justicia federal, a cargo de Sebastián Casanello y en la justicia de Jáchal, que atiende un amparo y una denuncia penal.
El trabajo critica la explicación entregada a la justicia por la empresa. Uno de los problemas que señala, por ejemplo, es la metodología para determinar la cantidad de material que se derramó ante la falla de una válvula a consecuencia del frío extremo y menciona que se demoró una hora: “La forma correcta hubiera sido informar valores máximos y mínimos calculados, o bien se debería haber presentado un valor final con un error o una incertidumbre asociada”, sostiene el informe. Cabe recordar que el accidente se hizo público luego de la difusión de un mensaje de Whatsapp que un empleado envió a su familia, río abajo. Luego la compañía habló de 200 m3 de solución cianurada involucrada en el escape, cifra que después se convirtió en 1000 m3, es decir más de un millón de litros.
El informe también señala con preocupación que se haya demorado más de una hora en detectar la fuga y en realizar el posterior desvío: “A pesar de la cronología presentada por la empresa, donde entre otras cosas detallan que el incidente se detectó mediante aforos manuales, queda en evidencia que este sistema de detección no es eficiente en cuanto al tiempo que demora en encontrar el punto de fuga”, dice.
El relevamiento se suma al peritaje que realizó la Policía Federal y que está contenido en el expediente que atiende el juez federal Sebastián Casanello, que da cuenta de la contaminación en cinco ríos sanjuaninos y al peritaje realizado por la agencia de Naciones Unidas (UNOPS) que también halló vestigios de cianuro en la zona del derrame y que recomendó su remediación.
En la Barrick respondieron a LA NACION que no conocen el informe de la cartera ambiental. Y, aunque aseguran que tras el accidente se tomaron las medidas de seguridad necesarias, el episodio golpeó al corazón de la compañía. Tal es así que dos meses después del derrame la empresa reemplazó al Gerente General de Operaciones de la mina. Rick Baker, que se desempeñaba entre las autoridades corporativas del área Medio Ambiente de Barrick, reemplazó en el cargo a Antonio Adame, que estaba a cargo de la explotación minera cuando ocurrió el derrame por el cual la justicia imputó a varios miembros de la empresa, directivos y empleados, entre ellos el propio Adame. Hay al menos siete empleados que deben prestar declaración ante la justicia de Jáchal. Otra incorporación importante a la empresa fue la de Juan Bautista Ordóñez (ex Roggio) quien asumió como director Ejecutivo de la operación en la Argentina.
La propia compañía habla de una “nueva etapa” de Barrick en Argentina. E insisten en que en las mediciones de la UNOPS en las zonas 0 y 1, que son las más cercanas a la mina, y que comprenden el río Potrerillos hasta el río Las Taguas, se detectaron algunas trazas de cianuro, “pero todas por debajo de los niveles guía para consumo humano”, según un comunicado que la empresa envió a LA NACION.
“Con los datos preliminares de la UNOPS y los de otros estudios quedaría totalmente descalificado el resultado de la Policía Federal. Un estudio de monitoreo técnicamente adecuado implica contrastar los resultados de muestras tomadas contra los parámetros de ley y los parámetros de línea de base, ya que las características naturales de las aguas no pueden ser desconocidas ni desatendidas”, indicaron en la minera en la misma respuesta.
Los vecinos de Jáchal creen que esto sólo es una maniobra dilatoria de la Barrick. “Nosotros pedimos que se cumpla la ley de glaciares y que se le dé intervención a la UBA. Las autoridades de San Juan y la minera hablan de las líneas de base y de la información pública pero es mentira. La información pública se oculta, nosotros no pudimos nunca acceder a ellas”, indicó Saúl Zeballos, uno de los vecinos que interpuso el recurso de amparo ante la Justicia de Jáchal y que estuvo con Casanello esta semana.
“Hemos venido para traer información y hemos aportado análisis que están incluidos en el amparo que está en Jáchal. Trajimos análisis de agua y de vegetales para que el juez pueda dimensionar cómo nos afecta a nosotros esta situación”, agregó a la salida de Comodoro Py.
“Nosotros seguimos preocupados por localidades de Jáchal y del departamento de Iglesia porque el agua que allí se consume es subterránea. Queremos que se haga un estudio serio. Estamos solicitando la información de la línea de base para poder saber en qué estado está hoy esa agua subterránea y cuál era el estado anterior al derrame. Tambería, Mogna y Bella Vista son las localidades más afectadas”, indicó Zeballos.
Los vecinos también se reunieron ayer con el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. El funcionario viajará a Jáchal en fecha a confirmar. Hace poco menos de un mes el presidente, Mauricio Macri, viajó a San Juan y anunció la quita de retenciones a la minería.
