A tres meses del accidente que protagonizó la minera Barrick Gold, los habitantes siguen preocupados por la potencial contaminación del río; la empresa insiste en que no hubo daño. Los pobladores del amplia área de infuencia de Veladero, donde Jáchal es la ciudad con más habitantes, reclaman que la mina de Barrick Gold sea cerrada defintivamente por los daños que ha causado a los pobladores, a la economía regional y la biodiversidad.
Fuente: La Nación
“Incertidumbre.” “Temor.” “Dudas.” “Desconfianza.” Ésas son las palabras que más repiten los habitantes de esta ciudad desde hace tres meses cuando se produjo el derrame de solución cianurada en la cuenca del río Jáchal por la explotación de la minera Barrick Gold en Veladero, a unos 300 kilómetros de aquí.
Como en Famatina, el pueblo riojano que expulsó a cuatro mineras, las mujeres son mayoría entre los asambleístas que ubicaron una carpa en la plaza de la ciudad. Francisco Jofré, uno de sus voceros, cuenta a LA NACION que la falta de información continúa. “Hay obstáculos para acceder a datos”, denuncia.
Los asambleístas reclaman que les provean la línea de base, es decir el informe sobre el contenido de metales o sustancias que estaban presentes en el río previamente a la explotación, que la empresa y la división provincial de Hidráulica realizaron en la cuenca y el dique Cuesta del Viento.
El director de Asuntos Corporativos de Barrick, Miguel Giménez Zapiola, asegura que esos datos están, pero sin hacer demasiadas precisiones: “Hemos hecho todos los estudios y están corroborados por las autoridades. Indican que no hay suba en el nivel de metales solubles, que tienen presencia histórica en el agua”.
El geólogo Carlos Seara admite que el debate es “complejo”. Los ríos San Juan y Jáchal históricamente tuvieron entre 2,2 a 2,6 miligramos de metales pesados por litro. Ahora ese nivel estaría por encima de los 5. “El agua ya no será la misma”, define.
Los pobladores del amplia área de infuencia de Veladero, donde Jáchal es la ciudad con más habitantes, reclaman que la mina de Barrick Gold sea cerrada defintivamente por los daños que ha causado a los pobladores, a la economía regional y la biodiversidad.
Sin embargo, Daniel Taillant, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, lejos de los pobladores, apunta a instrumentar contoles y “frenar, hacer estudios de impacto y rearmar el proyecto”. Señala que Veladero está en un ambiente periglaciar, un área protegida por la ley de glaciares, que se implementó luego de la explotación de la minera, pero que tiene efectos retroactivos. indica. Los suelos congelados son frágiles e inestables, y la instalación de escombreras -el lugar donde las mineras tiran los desechos- supone riesgo. “Acá no hay política ambiental, no hay voluntad de instrumentar controles. San Juan inventa datos, son apócrifos”, agrega.
El vocero del Ministerio de Minería de San Juan, Felipe Saavedra, se comprometió con LA NACION a responder un cuestionario, que pidió que se enviara por correo electrónico. Pero no hubo respuesta.
Desprotegidos
El sábado pasado una caravana solidaria entregó 2000 litros de agua mineral a la ciudad.
Mientras cocina en la carpa, Lilia cuenta: “El agua vale más que un contrato. Acá hay quienes apoyan la minería por promesas de empleo o por un subsidio. Nos sentimos desprotegidos, «guachitos»”.
Rosa recuerda que la inquietud empezó a mitad de año, cuando se enteraron de un proyecto para la explotación de uranio: “No quiero dejar a mis nietos un pueblo muerto, contaminado”. Sonia, en tanto, advierte que la preocupación excede a la minera Barrick: hay otros proyectos en marcha como Chita (cobre, oro y plata) y Gualcamayo (oro).
Mario Luna, presidente del Concejo Deliberante de Jáchal, reconoce que la gente está “muy preocupada”. Para el funcionario “se generó conciencia y se quiere saber en qué estado está el dique en su totalidad y qué pasivo ambiental quedará cuando la mina se vaya”.
“El inmediato plan de respuesta al incidente fue exitoso. No hubo contaminación ambiental y ninguna persona o ser vivo sufrió daño en su salud. No es correcto definir que hubo contaminación. Según la ley general del ambiente, para que la haya debe producirse un daño severo y permanente o prolongado. Y eso no sucedió. Toda la solución derramada se diluyó inmediatamente y no produjo consecuencia alguna”, insiste Giménez Zapiola.
El fiscal federal de la causa, Ramiro González, que además es titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), confirma a este medio que los análisis que pidió en diferentes puntos de la cuenca se limitaron por “la complejidad de la logística”. El Instituto Nacional del Agua hace la evaluación que, “en breve”, entregará los resultados.
La Ufima puso en marcha una investigación por averiguación de delito. “Para cerrarla faltan respuestas a algunas cuestiones y, en función de eso, tomaré la decisión”, dice González, que imputó a las autoridades de la minera y medioambientales de la Nación y San Juan.
En lo penal hay “demoras” porque la pericia de la válvula que iba a realizar la Universidad Nacional de Cuyo no se hizo. “Necesito ese dato para descartar o no si hubo dolo”, plantea.
Giménez Zapiola dice que el desperfecto fue por un congelamiento a causa de las prolongadas temperaturas bajo cero.
