El juez de Jáchal, Pablo Oritja, aseguró que la apertura de las compuertas que causó la contaminación no fue un hecho casual. Investigan la responsabilidad de los inspectores.
El juez de Jáchal, Pablo Oritja aseguró que hubo contaminación en las aguas del río de la localidad sanjuanina e indicó que 9 personas con cargos gerenciales fueron imputadas.
“He imputado a 9 personas con cargos gerenciales en la empresa porque son los que tienen la facultad de tomar decisiones y decidieron sobre la condición de seguridad de la compuerta que permitió la fuga del líquido cianurado”, indicó el magistrado.
“En principio la responsabilidades que hemos encontrado solo se suscriben a personal de la empresa pero esto no quiere decir que en el transcurso de la investigación se encuentren otras responsabilidades que entre en el ámbito penal”, agregó.
El magistrado aseguró que hubo una intencionalidad puesta en el hecho que determinó la posterior contaminación: “Esto no fue una cuestión casual, se tomó una decisión concreta de apertura de esa compuerta y por eso la responsabilidad está determinada en estos empleados”.
De acuerdo con Oritja, en caso de que se comprobara que la decisión de abrir la compuerta fue tomada con anticipación y que la autoridad de control, quien tiene el poder policía de fiscalización, no se opuso, o no hubo ningún tipo de inspección u observación, se consideraría algún grado de participación en el delito, pero hasta el momento no hay indicios de esto y es por eso que los imputados están todos directamente relacionados con la empresa.
El juez comentó que existen dos causas, una que transita a través de acción de amparo por la secretaría civil, ámbito en el que se decretaron las medidas cautelares; y otra, la causa penal que entró cuatro horas más tarde en donde se investiga en comisión el delito de contaminación.
“Ellos -la Barrick Gold- lo han reconocido y lo han comunicado así que eso está indiscutido y con la acción de la sobrecarga que ha producido en el río también está comprobado. Yo el día que hice la inspección ocular tome tres muestras concretas de distintas partes del río y las tres muestran que si bien no hay presencia a de cianuro y de mercurio , si hay hay otros metales pesado que se despertaron como el aluminio y el manganeso”, aseguró.
Sin embargo, el magistrado advirtió: Necesitamos la comprobación técnica porque es la base de la imputación y probar el impacto ambiental.
Además, Oritja señaló otras pruebas con las que cuenta, tales como los informes de la Universidad Nacional de Cuyo y el de la Universidad de San Juan y un muestreo realizado por la universidad católica de Cuyo, Aguas Cordobesas y dos organismos privados que se limitaron a buscar la presencia del arsénico y mercurio.
La municipalidad de Jachal es la que pidió el servicio a la Universidad Nacional de Cuyo, cuyos datos trascendieron y fueron publicados por el sitio de la casa de estudios, Unidiversidad, y que ocasionó un planteo legal del gobierno de San Juan al rector Daniel Pizzi.
Oritja señaló el peligro de que las aguas de Jáchal estén contaminadas y destacó la necesidad de determinar el grado de contaminación y la peligrosidad que estos metales pueden ocasionar a la flora y la fauna, porque de esa agua no se abastece ni dicha localidad, ni Villa del Rodeo para el consumo humano, pero si es el sustento de la flora y la fauna.
“Estoy esperando el dictamen técnico y con toda la documentación se definirá la situación procesal de los imputados que ya han terminado todos de declarar. Los cuales se pueden procesar, sobreseer o quedar sin falta de mérito”, apuntó.
Consultado sobre los motivos que lo llevaron a autorizar a la empresa a volver a operar la mina, el magistrado señaló que el Juzgado lo requirió y que las medidas cautelares, “por naturaleza son provisorias”. “Yo no tengo facultades para cerrar definitivamente la empresa minera solo puedo pararla hasta que se asegure un procedimiento seguro”, finalizó Oritja.
