Más de 2.000 personas se manifestaron en el Centro Cívico de Bariloche. También en General Roca (Fiske Menuco) instalaron una radio abierta en una esquina céntrica. Reclamaron la derogación de la ley antiterrorista aplicada en Catamarca para reprimir a manifestantes.

Fuente: diario Río Negro

16/02/2012. La marcha contra la minería con cianuro superó ayer las 2.000 personas en Bariloche, quienes además reclamaron la derogación de la ley antiterrorista aplicada en Catamarca para reprimir a manifestantes. En Roca, unas 50 personas se reunieron en Tucumán y Avenida Roca, donde instalaron una radio abierta.

En Bariloche, muchos de los asistentes expresaron su malestar por las expresiones de la legisladora oficialista Arabela Carreras, quien el domingo acusó los manifestantes de las marchas contra la minería a cielo abierto de recibir «incentivos» para movilizarse.

Ese día, durante un acto del gobierno provincial en Ñorquinco, Carreras aseguró que «tenemos al diputado (Claudio) Lueiro pagando 50 pesos para ir a la marcha (contra la nueva ley minera) y otros referentes organizando».

En Viedma, Lueiro aseguró estar convencido de que el mejor camino para darle punto final a la ley que habilita el uso de cianuro en Río Negro es a través de su revocatoria. «No queremos cianuro en Río Negro. No queremos una provincia devastada por los efectos del cianuro: aguas contaminadas, gente enferma, la extinción de los recursos naturales».

Consideró las declaraciones de Carreras como «otra falta de respeto a la gente. La legisladora no se cansa de bastardear a los barilochenses. Después de embanderarse como luchadora por el medio ambiente en sus cuatro años como concejal, ahora vota a favor del cianuro».

Por su parte el fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gómez, alentó a la ciudadanía a «militar» contra los delitos ambientales y brindó las herramientas para radicar denuncias penales federales frente a casos de presunta contaminación un centenar a asistentes al primer taller.

Durante un encuentro realizado el martes, en la Biblioteca Sarmiento, Gómez hizo una evaluación crítica de la administración de justicia, amparado en las estadísticas elaboradas hasta 2009 que expusieron el escaso margen de resolución de causas, y sostuvo que «la justicia es demasiado importante para dejarla en mano de jueces, fiscales y abogados».

El fiscal Federal aseguró que «tanto las sanciones administrativas, como las multas y los amparos no sirven para un rábano» y sostuvo que la única vía efectiva es la persecución del delito porque «los empresarios temen ir a la cárcel». No obstante alentó la radicación de denuncias administrativas y las acciones civiles para generar antecedentes sobre los eventuales casos de contaminación.

Además destacó la necesidad de dirigir las denuncias hacia los propietarios y directorios de las empresas que contaminen aire, suelo, agua o ambiente y hacia los funcionarios responsables del control.