Ya van nueve días en que los trabajadores de la mina Andacollo acampan sobre la ruta 22 de Neuquén buscando respuestas para su situación: la empresa minera australiana Trident les adeuda dos meses de salarios. Anoche gendarmería rodeó el piquete y realizó un operativo propio de otras épocas: mientras retenían a quienes se acercaban a apoyar el corte, las fuerzas nacionales irrumpieron en sus casas de madrugada para “constatar domicilios”. Se repite la historia de un estado actuando a favor de las multinacionales y en contra de sus propios pueblos.
Por No a la Mina
Nuevamente los estados, que comienzan brindando un marco legal que facilita las ganancias de las empresas, se hacen presentes con la represión cuando las mineras no cumplen con sus obligaciones. En una entrevista a El Zumbido, desde el corte de ruta los trabajadores explicaron que tenían un grupo de 16 compañeros detenidos en la salida de Zapala, donde pasaron la fría noche sin que les permitan ni siquiera bajar al baño o prender los autos para calefaccionarse. Tuvieron que enviarles una trafic porque les secuestraron los autos por incumplir la cuarentena. Además, denunciaron que “como si estuviéramos en época de dictadura, Gendarmería irrumpió a las 2, 3 de la mañana en cada uno de los domicilios para tomarle los datos a su familia, casi tirando la puerta abajo. Eso en democracia está mal, la dictadura se terminó”.
Andacollo y Huinganco son pequeños pueblos situados en las márgenes del río Neuquén, aguas arriba de Chos Malal y a unos 460 kilómetros de la capital provincial. Con una historia agrícola ganadera y forestal pero también de pequeña minería, dado que los “pioneros” mineros se instalaron de inmediato luego que el Estado Nacional le quitara las tierras al pueblo pehuenche. Entre estos dos pueblos, se encuentra la mina Andacollo, concesionada por la Corporación Minera del Neuquén (empresa estatal provincial) mediante usufructo minero con la empresa Trident Southern Explorations, para que explote oro y plata y realice exploraciones en un predio de casi 30 mil hectáreas. En 2015 se dio por concluído el contrato con una filial de Barrick Gold debido a que incumplió la legislación de preservación ambiental y de contaminación de los ríos que tienen la naciente en el predio de la explotación, “acciones peligrosas para el ambiente y el ecosistema” según información oficial.
El último contrato, fue firmado con Trident en 2016 y tenía vigencia hasta 2042 pero en los últimos meses se comenzaron a sentir las consecuencias de una actividad que promete mucho y cumple poco. En un principio la nueva empresa dejó a trabajadores excluídos (una parte la absorbió el estado) y el año pasado hubo conflictos por falta de seguridad e higiene, sueldos atrasados, pagos adeudados a proveedores, así como varios despidos.
Los hechos que acontecieron en los últimos días son un ejemplo de lo que inevitablemente en algún momento sucede: las empresas se retiran, los yacimientos quedan empobrecidos y el pueblo debe cargar con los pasivos ambientales y la falta de trabajo.
Una cuestión que se remarca constantemente desde las asambleas que se oponen a la explotación megaminera en Chubut, es que cuando se acaba el mineral -o bien deja de ser rentable su extracción- las empresas mineras se retiran dejando una peor situación socioambiental que la que había cuando llegaron. Existe todo un marco jurídico favorable a las empresas para que se retiren sin hacerse cargo de las consecuencias y sin generar en los pueblos cercanos alternativas de desarrollo así como tampoco diversificar la economía. Por el contrario, afectan al resto de las actividades económicas sentenciando el futuro de la región.
En ciertos casos, ni siquiera hay que esperar a que se acabe el mineral que se extrae: en Andacollo la minera australiana incumplió con sus propias obligaciones, dejó de pagar el sueldo de los trabajadores y el gobierno neuquino resolvió quitarle la concesión: venía siendo notificada desde principios de 2018 por diversos incumplimientos y nunca había depositado la garantía de un millón de dólares que el contrato exigía para poder operar.
Esta semana se aprobó la feria judicial extraordinaria para evaluar el concurso de acreedores que solicitó Trident Southern Explorations de Argentina SRL, la filial local de la multinacional australiana. Puede ser el primer concurso de acreedores en Argentina que se haga de forma remota, debido a las medidas dispuestas frente a la pandemia.
Trident tiene además de 238 salarios impagos, incumplimientos con proveedores, deudas millonarias con la AFIP y con la Corporación Minera del Neuquén. Se excusa en una mala gestión de su exgerente y en las complicaciones derivadas de la pandemia (pese a que se declaró como esencial a la actividad y que el precio del oro subió un 30%) para solicitar el concurso de acreedores como única posibilidad de que alguien invierta y solucione los problemas que ellos generaron. Por lo pronto, la presencia del Estado en el conflicto se puede ver principalmente a través de las fuerzas de seguridad y no contra quienes incumplen sus obligaciones, sino contra los trabajadores.
