Según informaciones periodísticas recientes, la Cámara Argentina de Servicios Mineros habría ofrecido a Minera San Jorge instalar la planta de tratamiento de su proyecto en el departamento Calingasta, en vez del valle de Uspallata. La propuesta se debería a que los legisladores mendocinos demorarían la decisión de aprobar o rechazar el proyecto hasta después de las elecciones.
Por ello, en los próximos días se reunirían directivos de la empresa minera con autoridades de San Juan y de Calingasta. Ya en 2010 se había difundido esta “amenaza” de que Mendoza podría “perder” el proyecto en “beneficio” de San Juan. Con mayores costos, sería técnicamente factible llevar el mineral por cinta transportadora hasta la vecina provincia.
Pero estos anuncios soslayan que el yacimiento se encuentra inexorablemente en Mendoza, donde también estaría la eventual explotación del rajo a cielo abierto (de 162 hectáreas y 350 metros de profundidad), las escombreras (la mayor: 145 millones de toneladas, 204 hectáreas), el transporte de insumos y productos peligrosos (por día: 13.000 kg para explosivos, 80.000 litros de gasoil, y otros), con todos los impactos y riesgos consiguientes.
Por más ofertas que le lleguen de San Juan, para eliminar el cerro San Jorge, poner en riesgo y afectar nuestro ambiente, y dejar migajas al fisco de la provincia propietaria del mineral, la empresa necesita que la Legislatura mendocina ratifique la Declaración de Impacto Ambiental.
Largas consultas mediante, los diputados ya conocen los sobrados motivos técnicos y legales por los cuales el Ejecutivo no debió aprobar el proyecto. Pero muchos de ellos, y en especial quienes durante 2010 reclamaban su rápida aprobación, ahora pretenden eludir un castigo en las urnas, ocultando hasta después de octubre sus intenciones de ratificar el proyecto en el recinto. Su deber como “representantes” es dar la cara y votar ahora según el interés y voluntad del pueblo mendocino, que ha expresado su rotundo rechazo al proyecto.
Marcelo Giraud
DNI 20.112.286
