Los ambientalistas que se expresan en la Legislatura contra el proyecto de la minera San Jorge, antes de las 20 cortaron la avenida Patricias Mendocinas. El corte durará hasta las 24. A la polémica sobre el emprendimiento en Uspallata, ahora se suma el ‘choque’ entre funcionarios que dirigen la autoridad de aplicación. Video del acampe en la Legislatura.
Fuente: Mendoza On Line y diario Los Andes
24/11/2010. Una veintena de ambientalistas, uno de ellos personificando la muerte, cortaron esta tarde antes de las 20 la Avenia 9 de Julio en la intersección con calle Espejo.
Esto se produjo luego de que durante casi todo el martes se manifestaran frente a la Legislatura contra el proyecto de la minera San Jorge a localizarse en Uspallata.
Con la consigna de que “el proyecto no cuenta con la debida licencia social” los manifestantes aseguraron que el corte de la avenida céntrica se mantendrá hasta las “12 de la noche”, según expresó Carmen Vera, miembro de la Asamblea del Pueblo de Malargüe.
“Estamos haciendo este reclamo porque después de la audiencia pública de Uspallata seguimos apoyando a quienes se expresaron contra el proyecto de la minera San Jorge que fue más de un 80% de la gente que estuvo presente. Sin embargo a la gente que se expresó a favor, los entendemos porque son gente de Uspallata que no tiene trabajo y está ilusionada con ese medio de vida que les han prometido”, dijo Vera.
Sin embargo, la mujer, comprometió al Gobierno provincial “porque ellos son los responsables de conseguirles un trabajo a esa gente. Esto lo tiene que hacer el Gobierno para que no tengan que estar arrodillándose con un trabajo que les va a durar tres meses y nada más.”, manifestó. Y agregó: “Estamos acá porque todavía están ciegos frente al resultado de la audiencia. Porque no hay licencia social para este proyecto, porque es altamente contaminador y destructivo”, marcó.
El proyecto San Jorge reavivó las diferencias en el Gobierno
A la polémica sobre el emprendimiento en Uspallata, ahora se suma el ‘choque’ entre funcionarios que dirigen la autoridad de aplicación.
El proceso de evaluación que llevan adelante distintos organismos y las universidades nacionales de Mendoza respecto del proyecto minero en Uspallata, tuvo un nuevo capítulo ayer.
Es que lejos de aclarar el panorama para saber a ciencia cierta si el emprendimiento propuesto por la firma San Jorge es realmente factible de concretarse en la provincia o no, desde el interior del Gobierno surgieron discrepancias que encendieron aún más la polémica.
Los protagonistas de la discusión fueron nada menos que los dos funcionarios clave del gobierno de Celso Jaque en lo referente a proyectos mineros, el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona y el subsecretario de Hidrocarburos y Minería, Walter Vázquez.
La chispa que volvió a dejar al descubierto las discrepancias entre estas áreas se encendió ayer, durante la primera reunión de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam), que se realizó en la Dirección de Protección Ambiental y Minería. En su discurso, Vázquez propuso que la comisión que debe dictaminar a favor o en contra del proyecto tomara un cuarto intermedio de 72 horas.
La idea fue hacer un ‘paréntesis’ dentro del debate para que los especialistas de la UNCuyo que habían participado del informe planteando sus dudas y dando varias sugerencias que la empresa debería despejar, firmaran tal documento a modo personal.
“Todos los informes sectoriales han sido firmados por las personas que los han hecho. Esto es necesario para ordenar la información”, aseguró Vázquez y sugirió además que la UNCuyo efectúe una exposición “tal como lo han hecho los otros organismos”.
Pero el hecho es que este escrito ya contaba con el aval del propio rector de la UNCuyo, Arturo Somoza. Hay que recordar que el trabajo de esa universidad incluyó el análisis de al menos ocho profesionales académicos de distintas especialidades y fue presentado en marzo de 2009 en el marco de las consultas sectoriales estipuladas por Ley.
“No nos vamos a dejar presionar ni vamos a aceptar chicanas argumentadas en supuestos marcos jurídicos”, expresó el titular de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, quien se mostró molesto con los planteos efectuados por la empresa en la solicitada publicada el domingo en los diarios locales.
A esto se sumó el pedido de Vázquez: “Me llama la atención que la misma persona que me acusa de dilatar el proceso, proponga ahora demorar el trabajo de la comisión”, expresó Carmona y mencionó “que venimos de una serie de presiones inadmisibles por parte de la empresa ante las cuales las distintas instituciones han expresado su molestia”.
En la publicación dominical, Minera San Jorge consideró que el informe de la UNCuyo había sido presentado fuera de término y, por tanto, era carente de validez. En esa solicitada, la firma además recordó que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) había dado su visto bueno al proyecto desde el punto de vista técnico.
Pero lo que más fustigó al área de Medio Ambiente fue que la compañía tildara de ‘dilatorio’ el debate que se está dando entre los especialistas de las quince áreas encargadas de revisar el proyecto minero, tomando en cuenta todos sus puntos a favor, en contra y aquellos que aún no han quedado del todo resueltos.
Cabe aclarar que lo que dictamine la Ceiam es no vinculante. Esto significa que la autoridad de aplicación (Autoridad Ambiental Minera, conformada a su vez por la Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de Minería) puede tomar su decisión final en forma independiente de lo que determine la comisión. Aunque si existieran posturas disímiles corresponderá al Ejecutivo fundamentar su posición bajo una base científica y certera.
Más allá de estos escenarios posibles, lo cierto es que ayer este primer encuentro, clave dentro del proceso de evaluación de la mina que busca extraer cobre y oro de la zona conocida como Estancia El Yalguaraz (Uspallata, Las Heras), no cumplió del todo con las expectativas.
Faltaron representantes de organismos clave, como Irrigación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Por otra parte, los expertos que ayer presenciaron la reunión tuvieron que quedar a la espera de todo el material existente desde que la minera inició el trámite hace dos años hasta la fecha. Se trata de un informe de unas 6 mil páginas divididas en 22 tomos, donde deben aparecer todos los informes sectoriales, dictámenes y presentaciones escritas realizadas al Gobierno.
También debe figurar la desgrabación de la audiencia pública donde se expresaron voces a favor y en contra. Este viernes, todos esos documentos deberán estar en manos de la Ceiam, que ya programó la próxima reunión para el martes que viene.
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