Mientras los directivos de la empresa se reúnen con autoridades sanjuaninas, desde el Ejecutivo no descartan retomar el proyecto que fue rechazado por unanimidad en la Legislatura mendocina en agosto de 2011 (1). Sin embargo, en la legislatura se niegan e incluso piensan en poner aún más restricciones a la actividad.
Fuente: Mendoza On Line
Si con la decisión de la Suprema Corte de ratificar la constitucionalidad de la Ley 7.722, también conocida como Ley Antiminera, se estimaba que la discusión sobre el desarrollo de la actividad en la provincia estaba terminado, pues se cayó en un error.
El Gobierno provincial a través de la Secretaria de Energía, Minería e Hidrocarburos, estudia la factibilidad de los proyectos mineros que pueden avanzar en la provincia y no se descarta la opción de avanzar con San Jorge, pero no sólo con el proyecto biprovincial, sino que reflotar la opción que se rechazó en 2011 por pedido del entonces candidato, Francisco Pérez.
Sin embargo, la posibilidad no cae nada bien en un sector del oficialismo, específicamente en algunos intendentes y legisladores que no están de acuerdo con esa opción y que incluso, estudian las formas para “trabar” el avance del biprovincial, el cual pretende extraer material en Uspallata y llevarlo a San Juan para ser procesado.
Para recordar
El proyecto minero metalífero San Jorge ha pasado por tres etapas en busca de la posibilidad de explotar un yacimiento cuprífero en Uspallata. En primera instancia quiso hacerlo mediante lixiviación para lograr cátodos de cobre, proceso que fue rechazado por el uso de ácido sulfúrico, el cual quedó prohibido después de la aprobación de la Ley 7.722. Luego avanzó con la posibilidad de producir concentrado de cobre mediante el proceso de flotación, que si bien no tenía choques con la ley y se emitió la Declaración de Impacto Ambiental, fue resistido y rechazado por unanimidad en la Legislatura mendocina en agosto de 2011 cuando se discutía el aval legislativo por pedido del entonces candidato a gobernador Francisco Pérez. La tercera opción es la que se mantiene activa y que no tiene conflictos con las normas vigentes, ya que consiste en extraer material en Uspallata y trasladarlo 22 kilómetros hasta Calingasta, San Juan, para su procesamiento a través de lixiviación.
Con ese panorama, y luego de que la Suprema Corte ratificara la legitimidad de la Ley 7.722, las nuevas autoridades del ramo estudian los posibles proyectos mineros a desarrollar, pero bajo ciertas premisas. En ese contexto, el subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos, Emilio Guiñazú, no descartó la posibilidad de avance del denominado San Jorge II, el cual fue rechazado por por la movilización social en 2011.
Todos los proyectos los estamos estudiando de manera integral”, dijo el funcionario a MDZ.
Respecto a la posibilidad de avance de cada iniciativa que se presenta al Ejecutivo, recalcó: “El avance dependerá de que tengan un impacto económico-social positivo, que sean ambientalmente sustentables y que no tengan conflicto con el marco legal”.
En ese sentido, Guiñazú dijo que los especialistas de la subsecretaría estudian los proyectos, incluído el que considera la utilización del método de flotación en la provincia. “El proyecto con proceso de lixiviación está descartado porque va contra la ley. El de flotación no utiliza las sustancias prohibidas y desde el punto de vista técnico no va contra la Ley 7.722”, resaltó el funcionario.
Sin embargo, recalcó que la posibilidad de retomar la DIA rechazada unánimemente en la Legislatura dependerá de que se den además todos los otros factores, “porque la minería es una actividad económica legítima”.
A pesar de que se trata -por ahora- sólo de una opción en estudio, la idea no cayó nada de bien en intendentes y legisladores, aunque a priori ninguno quiso hablar públicamente del tema, para no tener conflictos con Alfredo Cornejo. En el círculo íntimo saben que el gobernador no se opone a la actividad, aunque se cuida de no opinar más allá de lo políticamente correcto por la presión social que significa.
Más allá de que no tengan conflictos con la Ley 7.722 está el tema del uso del agua y por ese lado nos vamos a oponer a que se retome ese proyecto”, dijo un legislador del sur provincial en un estricto off the record.
La cuestión es que más allá de la cuestión política, los representantes provinciales saben que no se puede bajar una orden a la hora de votar sobre minería, “porque Alfredo sabe que no podemos ir contra lo que pide la gente en nuestros territorios”.
La posibilidad de retomar San Jorge II sorprendió a los legisladores que están más cercanos al debate minero y que corresponden al Este, el Valle de Uco y el Sur de Mendoza. Incluso algunos de ellos confirmaron- están buscando alternativas legales para que no avance siquiera San Jorge III, el proyecto biprovincial. “No sabemos aún cómo, pero una alternativa puede ser haciendo un proyecto que limite la cantidad de material que se pueda sacar de la provincia”, adelantó otro de los legisladores.
Lo cierto es que por ahora ninguno quiere ir contra las decisiones que se están tomando en el Ejecutivo, porque nadie quiere ir contra Cornejo, pero aseguran que una vez que se avance con alguna alternativa minera, sea cual sea, se van a generar protestas sociales que pueden derivar en un quiebre dentro del oficialismo.
Sin ir más lejos, el ministro Enrique Vaquié, de quien depende la Subsecretaría de Minería, es uno de los mayores opositores al desarrollo de la minería metalífera, argumentando el alto uso del agua y las complicaciones que hay con el recurso hídrico en la provincia.
Las visiones respecto a la actividad son contrapuestas y extremas en los sectores que tienen mayor representación legislativa, pero en el oficialismo son especialmente distantes y tienen que ver con los territorios a los que representan y la presión social que les hacen sentir.
Por eso, no se descarta que un debate minero genere mucho ruido entre quienes, por ahora, se mantienen muy unidos y en armonía.
La posición de Cornejo
El actual gobernador no ve con malos ojos la minería, bien lo saben los legisladores, pero también saben que no se expondrá más de lo necesario en su defensa. Por ahora no le cierra la puerta al estudio de las opciones, pero seguramente esperará antes de avanzar con la posibilidad de volver a enviar una DIA para tratamiento legislativo, lo pensará bastante y analizará el contexto social.
Cornejo ya tiene experiencia con los cuestionamientos a la minería, basta recordar la polémica que se generó cuando dos diputados y hombres de su confianza viajaron a Macedonia para interiorizarse de los procesos por pedido del entonces intendente de Godoy Cruz. Tal era la confianza que hoy uno es su ministro de Hacienda, Martín Kerchner, y otro es el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés.
Aunque todavía son ideas, en el Poder Ejecutivo y Legislativo están atentos a los movimientos de San Jorge, especialmente luego que se conociera de la realización de una reunión de los representantes la empresa con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. La idea sería establecer algunos parámetros y conversar de la inversión millonaria y los puestos de trabajo que generarían para esa provincia.
Proceso de flotación
El proceso de flotación, el cual se propuso en 2011 por parte de la empresa San Jorge y que fue rechazado, fue resistido por las organizaciones ambientalistas por dos razones principales, el uso del agua y de Xantato (2), un reactivo que se aplica junto con agua, en una especie de “olla” al material molido, a la cual se le inyecta aire. El proceso permite obtener concentrado de cobre.
El procedimiento fue resistido por las organizaciones ambientalistas y por el impacto social que se generó, y previendo un posible efecto electoral, el candidato del Partido Justicialista, Francisco Pérez, pidió a sus legisladores, rechazar la DIA que estaba en estudio para obtener el aval legislativo que establece la norma mencionada.
Por ahora, y a menos de un mes de que la Suprema Corte emitiera su fallo a favor de la Ley Antiminera, sigue adelante la posibilidad del proyecto biprovincial de San Jorge. Respecto a esa opción, Emilio Guiñazú no se mostró tan entusiasmado con su avance, ya que según su visión, si se hace lixiviación a 5 kilómetros del límite provincial los riesgos son los mismos que se hiciera en la provincia. Por eso, considera que tendría un menor impacto la opción de la flotación, tomando todas las medidas y siempre que tenga los avales que establece la norma y el Gobierno provincial.
Mientras, y respecto a la decisión de la Justicia de Mendoza, las empresas que pidieron la insconstitucionalidad de la Ley 7.722 aún no definen si avanzarán con una apelación a la Corte Suprema de la Nación, ya que de las 10 firmas que presentaron recursos, sólo una fue notificada hasta este viernes, Minera del Oeste.
Aunque no se sabe en qué momento se puede avanzar, lo más probable es que Mendoza enfrente un nuevo debate minero, el cual nuevamente podría generar ruido en la política, especialmente en los partidos que hoy están a cargo de la administración provincial.
Referencias:
(1) Ver páginas 74 y 87 del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza en http://www.hcdmza.gob.ar/web/images/archivos/diariosdesesiones/2011/agosto/240811.pdf
(2) El Art.1° de la ley 7722 establece “”A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohibe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.”
