Hoy se reúne la comisión interdisciplinaria que determinará si el emprendimiento minero será beneficioso o no para Mendoza. Aseguran que falta claridad sobre puntos determinantes, como el agua y las sustancias que se usarán para sacar cobre y oro. Tiene un amplio rechazo por parte de los vecinos de Uspallata y otros puntos de la provincia.

 

 

Fuente: diario Los Andes

23/11/2010. ¿El emprendimiento afectaría el agua de Mendoza? ¿Hasta qué punto los pobladores de Uspallata se verían beneficiados? ¿Con qué exactitud científica se podría afirmar si las sustancias utilizadas para extraer cobre y oro en la zona no contaminarán el medio ambiente? ¿Qué pasará a futuro con el suelo, el aire, la flora y la fauna de esta zona cordillerana en el caso de concretarse el proyecto? ¿Sería redituable en términos económicos para los mendocinos?

Ésos son sólo una parte de los interrogantes que se plantean en el marco del debate por el proceso que lleva adelante la empresa Minera San Jorge y que serán puestos sobre la mesa durante la primera reunión de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera, (Ceiam) que se reúne hoy en la Dirección de Minería. Durante la convocatoria estarán presentes representantes de al menos quince organismos del Estado y las dos universidades Nacionales (UTN y UNCuyo).

Ocurre que si bien la firma asegura haber cumplido con todos los pasos exigidos por Ley, desde el Gobierno consideran que aún quedan varios aspectos por dejar en claro antes de otorgar la Declaración de Impacto Ambiental. Vale aclarar que este es uno de los últimos pasos antes de que el proyecto pase a la Legislatura Provincial para ser refrendado.

Días atrás, las voces a favor y en contra del emprendimiento que lleva adelante Minera San Jorge (subsidiaria de la compañía canadiense Coro Minning), que propone extraer metales en un período de 16 años en la zona conocida como Estancia El Yalguaraz, ubicada en Uspallata (Las Heras), se escucharon durante una extensa audiencia pública en la que el pueblo de Uspallata tuvo la oportunidad de expresarse.

Ahora será el turno de los especialistas de distintas áreas y organismos del Gobierno, quienes deberán fundamentar sus puntos de vista. La determinación final será conforme a lo que establezca la mayoría y en todos los casos, ellos tendrán que sostener sus criterios desde un marco científico-académico.

Es que sobre el tema, las diferentes entidades y universidades nacionales, que previamente emitieron sus respectivos dictámenes también mostraron divergencias. Por un lado, Irrigación deberá definir si la provincia cuenta o no con agua suficiente para otorgar los permisos correspondientes.

Las instituciones académicas participantes son la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de Cuyo. La primera de ellas resolvió que desde el punto de vista económico y siempre que se respeten todos los recaudos ambientales «el proyecto tendría un impacto altamente positivo para la provincia y el distrito de Uspallata».

Sin embargo, para los especialistas de la UNCuyo, esta consideración se da sólo en términos técnicos. Ayer, el rector de esta casa de altos estudios hizo una serie de aclaraciones al respecto. En primer lugar, Arturo Somoza explicó que la universidad participó de manera no vinculante en la ronda de consultas y que al igual que otros organismos efectuó un informe en el que se tuvieron en cuenta aspectos tales como el impacto social, económico y medio ambiental que tendría la mina.

Así -explicó Somoza-, lo que los profesionales plantearon se basó en sugerir aquellos interrogantes que todavía no habían quedado del todo claros en el proyecto y para eso se efectuaron algunas observaciones. Sobre esto, la compañía dijo a través de una solicitada, publicada el domingo en los principales diarios mendocinos, que la institución se expidió fuera de término.

La respuesta, por parte del rector de la UNCuyo es que el aporte del ámbito académico había sido solicitado en enero pasado, período en el que los profesionales se encuentran de licencia. Esto cobra un matiz especial teniendo en cuenta que este trabajo -a diferencia del realizado por los técnicos de la UTN- se efectúa en forma gratuita. «Por eso lo presentamos en marzo», añadió Somoza y subrayó que no considera que el proyecto sea inviable, aunque enfatizó que aún es necesario resolver aspectos claves para un emprendimiento de tal magnitud.

El rector de la UNCuyo tampoco aseguró que exista la posibilidad de «unificar criterios» con la UTN, puesto que esto dependerá del análisis que cada especialista haga sobre el caso, según el área científica que le corresponda. Lo que sí será posible es la conformación de una comisión conjunta entre los académicos de ambas instituciones. Esto había sido solicitado por la Secretaría de Medio Ambiente, área encargada de evaluar el proyecto en conjunto con la Dirección de Minería.

Tal instancia fue considerada por Minera San Jorge, como una ‘dilación’ dentro de un proceso que, desde su punto de vista, estuvo ajustado a todos los requerimientos establecidos en las leyes y decretos que establecen las pautas para los emprendimientos económicos con potencial riesgo para el medio ambiente.

Entre estas normativas figura la Ley N°5961 y el decreto 820/06. La primera establece la protección del medio ambiente, mientras que el segundo hace referencia concreta al informe de impacto ambiental que deben tener todos los proyectos mineros a realizarse en la provincia. Ambas disposiciones están ‘abrazadas’ en la Ley N°7722, que, entre otros aspectos prohíbe el uso de sustancias contaminantes para la minería a cielo abierto.