Este artículo pretende instalar centralmente la idea del dinero que dejaría de obtenerse y esconde todos los demás datos, desde la enorme movilización de rechazo social a la megaminería hasta los costos de los perjuicios sobre el agua, la economía y la sociedad mendocinas. Según un informe de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, esa provincia podría incrementar en más de u$s1.215 millones la producción anual si se rehabilitara la actividad minera.
Fuente: iProfesional
Empresas mineras y firmas relacionadas a la actividad en la provincia de Mendoza instaron a la Corte Suprema local a dejar sin efecto una ley que, sostienen, “prohíbe inconstitucionalmente la industria minera metalífera”.
Según un informe de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), esa provincia podría incrementar en más de u$s1.215 millones la producción anual si se rehabilitara la actividad minera metalífera, restringida por la ley 7.722. Este dato implica que, cada cinco años, Mendoza deja de percibir impuestos, directos e indirectos, por u$s232 millones.
Mendoza tiene un importante potencial minero metalífero: cobre, oro y uranio. Por eso, las empresas piden que se declare la inconstitucionalidad de la norma. El petitorio fue firmado por 12 compañías y ya está bajo análisis de la Suprema Corte de la provincia.
El planteo también se apoyó en un dato de magnitud: de acuerdo con la Camem, la ley que impide el uso de compuestos químicos para la extracción de metales mantiene en suspenso inversiones por u$s5.000 millones o, lo que es lo mismo, casi todo el presupuesto comprometido en el proyecto Potasio Río Colorado, que la minera Vale abandonó este año en la provincia.
En los cálculos del sector, reactivar sólo emprendimientos como los de Sierra Pintada (uranio); Don Sixto (cobre y oro) y San Jorge, concentraría en dos años unos u$s1.500 millones, además de crearse 1.500 puestos de trabajo directos.
En su presentación, la Camem asegura que la Ley 7.722, del año 2007, “ha discriminado a este sector industrial prohibiendo los métodos de beneficio e industrialización mineral más conocidos y aplicados en todo el mundo”.
Según la entidad, desde que se puso en vigencia la ley, la Autoridad Ambiental emitió dos declaraciones de Impacto Ambiental para proyectos mineros metalíferos. Uno, San Jorge (en producción) “fue archivado sin fundamento explícito por la Legislatura Provincial conforme la cuestionada ley 7.722” y el otro, Huemul (en exploración) “sigue a la espera de su ratificación legislativa desde fines de 2009”.
Ello “pese a que ambas fueran aprobadas por el Poder Ejecutivo bajo los términos de la Ley 7.722”, aseguró la Camem. “Otros 50 Informes de Impacto Ambiental de proyectos de prospección y exploración minera se encuentran demorados en su proceso administrativo desde que esta Ley fuera aprobada”, asegura el análisis de la entidad sobre la realidad minera provincial.
