Sabedora, como el Gobierno, del consenso que acompaña tal vigencia, denosta la norma con sutileza. Afirma que respondió a necesidades políticas, que no fue analizada ni debatida y “que podría haberse refinado un poco más”.
A regañadientes dice que hay que cumplirla. No puede sostener otra cosa. Pero, en verdad, se propone “revertir la situación, reformar la ley, avanzar con nuevos proyectos mineros y llamar a nuevas inversiones”.
No niega que las empresas obtengan “grandes ganancias”. Pero a continuación atenúa. Dice: “Las inversiones son enormes”. La situación la resolverán con convenios adicionales y aumentando tributos destinados a comunidades locales dueñas de los recursos. Sigue hablando de migajas y de un nuevo engaño. Las empresas se llevan todo. Dejan espejitos de colores, desolación y los bolsillos llenos de funcionarios públicos venales. Lo cierto es que a estos grandes grupos extranjeros, en nuestro país, los costos les resultan diez veces más baratos que en Australia, por ejemplo.
En lo que respecta a la contaminación, nos promete controles. Precisamente, lo que ha faltado, no casualmente, desde el Estado estos dos decenios. Si existieran, perderían razón de ser las inversiones ponderadas por la funcionaria. La capacitación de la que habla es más o menos la misma que la de Pablo Alonso. El otrora director de Control Ambiental de Arturo Lafalla, devenido en gerente de relaciones públicas de San Jorge, habla de “veedores ambientales”. El intendente de Las Heras, Rubén Miranda, instrumentó a “inspectores ambientales”, con los que neutralizó, pesitos mediante, alguna deserción en la lucha contra Cuyoplacas. Tal “participación de la sociedad” es una mentira.
Para revertir la situación anuncia una campaña de difusión que ya iniciaron. La van a sistematizar, coordinar e incrementar con dineros públicos.
A tal punto llega la osadía, que habla de cambiar los programas escolares para hacer la apología de la minería de los grandes grupos que defiende.
Y hace un llamado a especialistas afines y a las empresas mineras para que masiva y articuladamente, contrarresten las opiniones de los “fundamentalistas”. El objetivo es “que la gente cuestione las verdades que escucha y se interese por conocer la verdad científica”.
Su disyuntiva es razón pura o fanáticos irracionales.
“La verdad de la razón y de la evidencia científica; tiene que primar sobre cualquier otra cosa”, afirma.
En nombre de una ciencia que sólo ella y algunos iluminados conocen, subestiman a diestra y siniestra.
Entre otros a Pino Solanas, quien, por ser director de cine, “difícilmente pueda transmitirnos conocimientos científicos valederos”. Un despropósito, cuando no una idiotez total.
Afortunadamente, múltiples expresiones profesionales honran a la ciencia y a las profesiones.
Por ejemplo, los informes de la UNCuyo e Irrigación relacionados con la audiencia pública de San Jorge que ponen en tela de juicio la aprobación por la UTN del informe de impacto ambiental de San Jorge. Facultad que cuenta, entre otros antecedentes, con haber realizado monitoreos de contaminación sonora y vibraciones a Cuyoplacas, en Las Heras, a favor de esa empresa, contradiciendo otros estudios y la realidad que todavía sufren a diario los vecinos de la zona. Su decano, Jorge Balasch, delfín de Julio Cobos en los claustros tecnológicos, resultó ser integrante de la sociedad anónima.
Por más campañas que la directora realice por indicación de Celso Jaque y de la gestión K en Mendoza, no podrán negar que los emprendimientos mineros que impulsan se corresponden con las iniciativas e intereses de conglomerados empresariales australianos, británicos, canadienses y norteamericanos.
Las necesidades militares de EEUU y el crecimiento de la demanda internacional determinaron el movimiento de estos capitales hacia 70 países para apropiarse de los metales. El Banco Mundial estuvo en el negocio y en el diseño de los marcos jurídicos de la década del 90 que hoy rigen. La reforma de la Constitución nacional del 94 les abrió las puertas. El “Acuerdo Minero” impulsado por Carlos Menem y Domingo Cavallo en 1993, ratificado por el Congreso, afianzó el saqueo en nombre del federalismo.
Entre otros lo firmaron Eduardo Duhalde, Eduardo Angeloz, Rodolfo Gabrielli, Jorge Sobisch, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Reutemann. Luego, el ex gobernador Roberto Iglesias salió a ofrecer 17 “zonas de interés minero”. Muy puntualmente Paramillos y San Jorge-Uspallata en orden 1º y 2º. Y hubo leyes mineras nacionales.
Un poco después, el responsable de Minería de la gestión Cobos, Alberto Rubio, afirmaba: “Palabras como sopa química, contaminación, muerte, robo, saqueo y otras, traídas principalmente de actores ajenos a nuestra cultura y a nuestra idiosincrasia, no han hecho más que generar una especie de pánico colectivo”.
Históricamente, Argentina protegió sus recursos naturales como bienes económicos estratégicos reservándole al Estado su explotación. Los años 90 constituyeron una divisoria de aguas, cuando se privatizaron la explotación y exploración de nuestros suelos.
Hoy, 92% de los que participan en minería son holding extranjeros. Aunque en estos festejos del Bicentenario muchos hayan posado de patriotas, el discurso de la directora de Minería de la provincia indica un camino diferente al ideario de Mayo.
Cuando hacen gárgaras con la unidad nacional, tenemos que saber de qué nos hablan. No participaremos de unidades, con quienes han comprometido nuestra vocación soberana y federal respecto de recursos naturales estratégicos y no renovables.
Actuar en consonancia con aquellos ideales y rendirles auténtico homenaje supone desmontar el andamiaje jurídico levantado en beneficio exclusivo de intereses que no son los nuestros. Debemos Impedir en nuestra provincia el saqueo y la contaminación y enfrentar con la verdad la campaña “científica” de las que nos habla la licenciada de marras.
(por Roberto Velez*)
