Andrés Gil Domínguez, abogado que fue parte de los procesos judiciales que en su momento frenaron las iniciativas para reabrir la mina Sierra Pintada, afirmó que “la mina de uranio no puede reabrirse por más que cada tanto el discurso político haga una apuesta”. El proceso depende de la remediación de los pasivos ambientales que quedaron en el lugar cuando cerró la mina y el mismo se encuentra judicializado en el Juzgado Federal de San Rafael.
Fuente: Diario San Rafael
Gil Dominguez manifestó que “oportunamente interpusimos acciones de amparo que fueron obteniendo resultado positivo en términos de que se prohibía la reapertura de la mina Sierra Pintada en la medida que previamente no se remediara la cantidad de pasivos ambientales que quedaron. Y dejando sentado que aunque se remediasen estos pasivos, debía estar sometido a una audiencia pública, no podía ser automática, lo que estaba en juego es el derecho al medio ambiente y la afectación del sistema productivo de esa zona”. Reafirmó luego en entrevista con FM Vos (91.5) que tras esa remediación, la hipotética reapertura tiene que someterse a “una discusión amplia y profunda”. La Suprema Corte ratificó los fallos de las instancias inferiores.
Gil Domínguez dijo que “la remediación ha sido controlada judicialmente por el órgano que preserva el derecho al agua de Mendoza y por nuestros expertos. Todo ha sido autorizado por el juzgado. Quedan pasivos de tratamiento complejo, aún falta para la remediación total”.
En cuanto a los proyectos que buscan modificar la Ley 7.722, que regula la actividad minera en Mendoza, el letrado expresó que “en la medida que la modificación de la ley permita la extracción minera, incorporando alguna de las sustancias prohibidas por la misma, estaría violando el derecho al ambiente. En materia de derechos humanos rige el principio de progresividad y no regresividad. Esto es, alcanzado determinado estadio de tutela de protección de un derecho, no se puede ni normativa ni fácticamente retroceder, por lo cual cualquier modificación que implicase una posibilidad directa o indirecta de usar alguna de esas sustancias, sería inconstitucional, estaría afectando otro derecho humano que es el derecho al agua”.
El proyecto del senador Alejandro Abraham busca cambiar la Ley 7.722, que en su artículo Nro 1 prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y agrega la frase “otras sustancias tóxicas similares”, que deja abierto a la interpretación de la autoridad de aplicación si es o no riesgoso el uso de otros productos químicos. Sin embargo, el cambio más importante que se pretende realizar a la ley, es la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros.
Enlaces:
El trasfondo del proyecto de modificación de la ley 7722
El desafío político y social para detener la contaminación en Sierra Pintada
