El Proyecto San Jorge, para la extracción de cobre y oro, dividió a un pueblo que guarda sus secretos. Hay comerciantes que no se hablan y alumnos enfrentados por la cuestión. La empresa busca captar a los referentes. Habrá un plebiscito.
Artículos relacionados:
• Los mendocinos votan, la minera avanza
• Advierten sobre inaudita encuesta minera en Mendoza
• Alerta Roja en Mendoza por operativos a favor de minería a gran escala
Fuente: Mdzol
Uspallata, Mendoza, Argentina – 09/08/09. La población se divide en tres grupos sociales: los que se oponen a la explotación minera en la zona; los que ven con buenos ojos el desembarco de esta industria porque suponen que el pueblo recibirá un envión hacia la modernidad, y quienes, directamente, ni opinan del tema porque son aves de paso y saben que su estadía en alta montaña será efímera.
Existe un cuarto sector en discordia, pero hay quienes sostienen que no forma parte de la vida cotidiana de lugar, a pesar de los esfuerzos hechos por sus representantes y por las autoridades municipales de Las Heras. Se trata de tres personas claramente identificadas: Fabián Gregorio, Pablo Alonso y Julio César Ortiz: las tres caras visibles que el proyecto minero San Jorge, para la extracción de cobre y oro, tiene en Mendoza.
“No son de acá, no son vecinos de Uspallata. Por más que ellos digan que sí, lo cierto es que no saben nada de lo que ocurre en este lugar”, sostiene Alder Corsanigo, y, más allá de que no todos piensan como él, está convencido de que si sus vecinos no reaccionan a tiempo, no habrá forma de ponerle freno al desembarco de la minera.
Alder es el líder de la asamblea de vecinos autoconvocados que proclama “no a la minería metalífera a cielo abierto” en sus panfletos y publicaciones. Es un grupo que logró juntar a aproximadamente 500 personas en la primera marcha realizada en enero, pero que a duras penas reunió a 100 manifestantes en la última convocatoria hecha hace algunas semanas.
Es esta asamblea vecinal la que levanta la voz de alerta sobre lo que -entienden- puede ser el principio del fin para Uspallata, y advierten que la consecuencias ecológicas de la explotación minera no sólo se sentirá en esa región, sino que repercutirá en el resto de la provincia.
En una casa negra del barrio Jardín Norte de Uspallata, luego de ponerle punto final a una videocharla que lo tenía ocupado, Julio César Ortiz se presenta como el director de Proyecto San Jorge . “Disculpame, tengo que cortar porque hay gente esperando”, dice a su interlocutora del otro lado del monitor. Da por finalizado su trabajo en la notebook y se dispone a responder todo tipo de preguntas.
“Lo que necesiten está a su disposición”, afirma. Y continúa: “Es una pena que no hayan venido antes, porque podríamos haberlos llevado hasta el lugar así sacan unas fotos. Pero a esta hora ya no se puede”.
San Jorge tiene montadas sus oficinas en esa casa. Algunos muebles de oficina estilo modernoso, un par de computadoras portátiles, una mesa con los tomos del informe de impacto ambiental, mapas en las paredes y muestras de rocas de óxido de cobre forman parte de la escena. Ortiz y su secretaria completan el paisaje.
Dentro del trasfondo social que se vive en Uspallata por estos días, la secretaria es tal vez la persona más importante en el cuadro completo. Se llama Adriana de Brown, y antes de ser contratada por la minera, era una de las maestras con mayor prestigio y más influencia del pueblo. Su presencia en las oficinas de San Jorge parece responder claramente a la descripción sociológica de Uspallata que aparece en el informe de impacto ambiental. Allí, justamente, se habla de la importancia que tiene para los pueblerinos la postura de sus líderes de opinión.
“Por favor, pongan que no tenemos problemas con nadie. Nos llevamos bien con todos. Queremos ser buenos vecinos”, comenta Ortiz, y con un humor -mezclado con sarcasmo- completa su idea: “A ver si todavía después escriben que nos llevamos mal con el panadero…”.
El chiste del abogado director de la minera es más que un chiste. La explicación es simple. Ortiz podría haber sugerido llevarse bien con el heladero, carnicero, verdulero o plomero; sin embargo, eligió al panadero. El panadero, en Uspallata es Alder Corsanigo.
En voz baja
Uspallata parece la antítesis de lo que ocurrió hace unos años en San Carlos, cuando el departamento se levantó en contra de la posibilidad de la explotación minera en la región. Y fue parte activa en la confección de la actual ley provincial (la 7.722) que prohibe el uso de químicos altamente contaminantes en la actividad.
Es cierto que, en la misma comparación, hay que tener en cuenta que en aquel caso se trataba de un departamento entero y, en este, de un pueblo que ni siquiera se siente parte de Las Heras.
Salvo por un mural pintado por alumnos de una escuela secundaria, en el que se puede ver el dibujo de los mineros destruyendo la geografía argentina, cuesta entrar a la polémica que se percibe en el pueblo en el día a día.
Se trata de un conflicto que se vive puertas hacia adentro. Como si alguien hubiese impuesto que ningún foráneo debiera saber lo que ocurre en Uspallata; que hay comerciantes que dejaron de hablarse por opinar diferente; que en uno de los colegios secundarios se detectaron dos bandos claramante diferenciados y distanciados por el asunto minero, y que en una escuela primaria no dejaron que los asambleístas pasaran un video de Los Peques.
“El 'no te metás' se multiplica por generaciones en Uspallata. La gente evita hablar del tema o mantiene una posición neutra en público. En privado, muchos piensan como nosotros”, asegura la esposa de Corsanigo, Elba.
Dante Márquez, titular de la Cámara de Comercio de Uspallata, tiene un postura muy particular: “Todo cambio incomoda. Nos va a incomodar un tiempo, pero al final lo vamos a aceptar”.
Algo de eso hay. Una respuesta frecuente escuchada en Uspallata cuando se pide una opinión sobre el Proyecto San Jorge, confirma la postura de los asambleístas: “Qué bárbaro todo, ¿no? Ojalá que alguien haga algo para que no pongan la minera”. Hay una posición clara, pero no hay militancia activa.
A eso se suma una constante desconfianza hacia quienes apoyan el proyecto minero. ¿Por qué? Porque existe la sospecha permanente -y no siempre justificada- del pago de dinero a cambio de gestos de simpatía. También aparecen especulaciones sobre los favores políticos del municipio hacia la empresa, de la empresa hacia el municipio y de las presiones que ejercen sobre el común de la población de Uspallata. Amenazas de cobro compulsivo de impuestos atrasados o la quita de tierras fiscales que habían sido cedidas.
Si esto fue cierto, entonces la respuesta llegó en la elecciones. A pesar de que el tema minería fue vedado y nadie habló de eso durante las semanas previas a los comicios, los hombres del intendente Rubén Miranda sufrieron una derrota incuestionable. Y, para algunos, ese resultado fue un castigo hacia la impronta que el jefe comunal le dio al Proyecto San Jorge.
Miranda llegó a Uspallata con la promesa de 3.900 puestos de trabajo -casi la misma cantidad de pobladores en edad activa laboral-, una inversión de 300 millones de dólares y el progreso soñado para un pueblo que actualmente no ve ni las monedas por la regalías del impuesto que se cobra en el Parque Aconcagua.
En una de las últimas reuniones, el intendente pareció apartarse del entusiasmo minero y sugirió que él no tenía nada que ver con San Jorge. Al oír esas palabras, varios recordaron la furia mostrada por Miranda durante una reunión que se llevó a cabo en el salón parroquial.
El enojo del cacique del PJ tuvo, principalmente, un destinatario: el cura Pablo López. El párroco es uno de los pocos referentes del pueblo que no comulga con San Jorge (la empresa). Y es, en la estrategia armada por los representantes de la minera, un soldado duro de convencer. A tal punto, que hace un mes mandaron a un hombre a hablar con el obispo auxiliar de Mendoza, Sergio Buenanueva. El enviado habría dicho al religioso que no sólo era embajador los intereses de San Jorge, sino que llegaba hasta ese lugar con el aval del gobernador Celso Jaque.
Contaminar o no contaminar, esa es la cuestión
Hasta octubre, los mendocinos tienen tiempo para leer toda la información vinculada con el Proyecto San Jorge, plantear dudas, hacer consultas o cuestionar los datos que aparecen en el informe de impacto ambiental, que actualmente es analizado por profesionales de la Universidad Tecnológica.
“Nosotros tenemos toda información que brindó la minera y la información que distribuye la asamblea de vecinos. Pero la verdad es que casi nadie viene a consultar. La gente parece no estar preocupada por eso”, advierte Analía Páez, miembro de la Biblioteca Popular de Uspallata.
Sólo unos minutos más tarde, Julio César Ortiz da una versión completamente diferente. Muestra los cuatro tomos del informe de impacto, la carpeta donde aparecen las correcciones y asevera: “Casi 30 personas por día vienen a leerlo. Acá les despejamos todas dudas. Pero como ustedes vinieron al mediodía, no creo que venga alguien a esta hora. La gente se acerca después de la siete de la tarde”.
Si bien los directivos de Proyecto San Jorge explicaron una y otra vez que la extracción de cobre se hará por sistema de flotación y no lixiviación -prohibido en Mendoza por usar químicos altamente contaminantes-, la duda pasa por saber qué postura tendrá la empresa una vez que la explotación comience.
La cima del lugar donde se desarrollaría el proyecto está compuesto por óxido de cobre; material rico en mineral, pero que no podría ser utilizado porque, para ello, la única forma conocida es con el empleo de ácido sulfúrico.
Por lo tanto, el proyecto contempla una escombrera para que esas rocas queden allí hasta que, según explican desde San Jorge, se descubra un método que permita obtener cobre sin la necesidad de utilizar ácido.
Para los ambientalistas se trata de un artimaña. Creen que el siguiente paso es conseguir la modificación de la ley 7.722, y que la minera ya tiene el aval del gobierno de Jaque para intentar ese embate legislativo.
“Sólo hablamos de flotación. Y si la gente se quiere quedar más tranquila, puedo asegurar que en ningún momento vamos a intentar cambiar la ley”, sentencia Pablo Alonso, encargado de las relaciones institucionales de San Jorge y ex director de Control Ambiental durante la gobernación de Arturo Lafalla.
Por el momento, el debate sigue abierto, y el clima en Uspallata, enrarecido.
