El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez, aseguró que comenzará a dialogar con autoridades y organizaciones civiles que rechazan la minería –como el proyecto de San Jorge, en Uspallata– para lograr la “licencia social” que el sector necesita para desarrollarse al máximo.
La intención de Álvarez de reflotar los proyectos como San Jorge en Mendoza o Navidad en Chubut, se basa en el “potencial geológico argentino”, el cual genera “un potencial de crecimiento muy grande” para la sociedad.
En lo que respecta a la “licencia social”, significa que se logre el “permiso” de la sociedad para que varios de los proyectos en carpeta se puedan concretar en provincias que restringen la minería metalífera, como es el caso de Mendoza con la ley provincial 7.722.
A partir de las reciente medidas adoptadas por el Gobierno nacional –como la eliminación total de retenciones a la minería– “Argentina se encuentra hoy en un nivel de competitividad, en el que antes no estaba, en comparación con Chile, Perú y otros países de América latina; esto nos permite entrar en igualdad de condiciones frente recursos cada vez más escasos”, definió Álvarez.
“La minería tiene una mala percepción en la comunidad y tenemos que partir de esa base para recuperar el diálogo y reconstruir confianza”, dijo el titular de CAEM y también directivo de la minera GoldCorp.
La Cámara de Empresarios Mineros estimó que “las inversiones además de inyectar a la economía nacional más de u$s 6.500 millones en impuestos, llegará a los lugares donde menos desarrollo hay dentro de Argentina y en los que la minería “puede ser lo que la agricultura fue para la Pampa Húmeda”, en la potenciación de sus recursos naturales.
Por la quita de retenciones a las exportaciones mineras, el Tesoro dejó de percibir u$s 235 millones al año, pero a criterio de Álvarez la medida “nos coloca al mismo nivel de tributación que los países desarrollados y casi al mismo nivel que Chile, Perú y Brasil”.
En ese contexto, en los planes del sector, se afianza la idea de retomar un crecimiento que contempla el desafío de dar valor agregado a la materia prima, desarrollar la inversión infraestructura y la necesidad de implementar planes de desarrollo de largo plazo que se deben construir junto al Estado nacional, las provincias y los actores sociales.
También se plantea avanzar en acuerdos binacionales con lógica bioceánica que permita utilizar el Pacífico como salida para determinados productos mineros, ante la realidad que a pesar de tener la misma cordillera con Chile, el vecino país exporta unos US$ 50.000 millones de dólares al año, y Argentina cerró el 2015 con menos de US$ 4.000 millones.
