Defensa férrea de la ley de minería que prohíbe utilizar químicos contaminantes. Desde la Asamblea del Agua de San Rafael alertan sobre esta situación y se oponen al cambio de la Ley 7722 que prohibe el uso de químicos contaminantes y ponen en riesgo los recursos hídricos. Además, las empresas tienen un régimen impositivo privilegiado y escaso control estatal.

Fuente: Diario San Rafael
La ley 7722, que reglamenta la minería y preserva el agua y el ambiente, se encuentra severamente amenazada. Lo que fuera una iniciativa de un legislador sureño con apoyo de dos pares, ya es una batalla encabezada por el gobernador y algunos ministros, acompañados por cámaras empresarias y sectores del capital. Pero la minería en sí no es una actividad ilícita, y de hecho se realiza cotidianamente. Lo que está prohibido es la minería contaminante, y desde ahí viene el ataque.

Santiago Salgado, integrante de la Asamblea del Agua de San Rafael, explica que «no hay mayor limitación a la minería, la única es la reglamentada por la ley 7722, que prohíbe el uso de las sustancias contaminantes, pero minería se puede hacer todo lo que se quiera. Lo que pasa es que el recurso del agua es tan importante que es lógico que una ley lo cuide. Lo que no se puede hacer es minería contaminante».

Otra situación preocupante es la de la mina de uranio de Sierra Pintada. Salgado expresa que «en este momento, la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) tiene trabajando 70 personas y tiene intención de reabrir. Está avanzado el centro de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu». Luego de que Irrigación encontró una pileta clandestina con el Google Earth -tenía altos niveles de radiación y gérmenes patógenos, porque la usaban de cloacas, y eso va directamente al diamante- le pusieron una multa, pero es el Estado que se multa a sí mismo.

En toda Mendoza, en cada lugar salvo Malargüe, hay una Asamblea del Agua. Y están todas agrupadas en una Asamblea Madre. El asambleísta manifiesta que «ha salido un informe que explica por qué la 7722 es perfectamente constitucional, y por qué el proyecto del diputado Guerra es un mamarracho jurídico». Y concluye afirmando que «la modificación significa la destrucción de la ley».

LA FALACIA DE LAS

INVERSIONES Y LAS

REGALÍAS

El acuerdo minero que data de los tiempos del menemismo, y acordado para 30 años de vigencia, hace que cualquier argumento de desarrollo resulte una vil mentira. En primer lugar, porque dice que todas las inversiones que se hagan serán deducibles de ganancias. Eso significa que las termina pagando el pueblo argentino, y las empresas no ponen un peso.

Además, lo producido de las minas se lleva a puertos tal cual se saca y ahí se embarca sin procesar. Esto quiere decir que las regalías, que van del 1 al 3% (sí, del uno al tres por ciento), son sobre el valor de boca de mina. Además, el Estado no tiene la potestad de controlar cuánto realmente se lleva, sino que se desprende de la propia declaración jurada de la empresa, sin ninguna fiscalización. «El arreglo que la Argentina tiene con los mineros -sostiene Salgado- desde la época del menemismo es suficiente como para no dar ningún permiso y no dejarlas avanzar hasta que ese régimen caduque. Es sumamente pernicioso para el país». Tampoco tributan las maquinarias que entran a nuestro territorio.

Pero además, mientras pagan esa irrisoria cifra de regalías, si exportan por los puertos patagónicos reciben un reintegro del 5%. Si dejaron un 3 y les reintegran 5, quiere decir que les pagamos por llevarse los minerales. Se llevan el 102%, algo verdaderamente demencial.

El integrante de la Asamblea agrega que «de sustentable la minería no tiene nada, porque lo que se llevan no está más, y una vez que contaminaste no se recupera más. Latinoamérica está produciendo el 25% de los minerales que consume el mundo, y consumiendo nada más que el 8%, entonces estamos produciendo las necesidades básicas que tiene el mundo y nos quedamos con la miseria y la contaminación».