Dos legisladores del FIT denunciaron ante la Justicia al ministro de Energía, Marcos Zandomeni y a los radicales Martín Kerchner y Néstor Parés, quienes accedieron al lobby de empresas rusas para impulsar la minería en Mendoza. Quieren que se investigue si violaron el Código Penal, que establece la recepción de dádivas como delito y con penas que llegan como máximo a los dos años de prisión.

Fuente: Mendoza On Line
La izquierda denunció penalmente ese jueves al funcionario del gobierno de Francisco Pérez y a los dos legisladores de la UCR que la semana pasada encabezaron una gira minera por Macedonia y que fueron financiados por las empresas rusas que están intentan reflotar el proyecto San Jorge, en Uspallata.

En ese sentido los legisladores provinciales del FIT, Héctor Fresina y Martín Dalmau, se presentaron ante la Fiscalía de Delitos Complejos que conduce el fiscal Santiago Garay para solicitar que la Justicia investigue una presunta violación a dos artículos del Código Procesal (el 256 inciso Bis y el 259) que establece, sobre todo el segundo artículo, a la recepción de dádivas como delito y con penas que llegan como máximo a los dos años de prisión.

El pedido de investigación apunta al ministro de Energía, Marcos Zandomeni, y a los legisladores de la UCR Martín Kerchner y Néstor Parés, quienes, al menos en estos dos últimos casos, admitieron que recorrieron minas de cinc en Macedonia financiados por Aterra y Solway, las dos empresas rusas que están intentando reactivar la explotación de cobre en San Jorge. Un trámite que deberá ser aprobado por Zandomeni primero y votado en la Legislatura después para que se concrete.

Por otro lado la Izquierda impulsó, el miércoles último y con la firma de los mismos legisladores, un pedido de informes en la Legislatura para que a nivel oficial se ventilen los motivos del viaje a Macedonia de funcionarios y Legisladores. «Con el pago de este viaje, los capitalistas rusos habrían querido mostrar a los viajeros lo bueno que resulta el uso de sustancias tóxicas para la salud de las personas y la armoniosa convivencia que se puede establecer entre la megaminería contaminante y el uso del agua para riego», redactaron en el escrito legislativo que fue aprobado en la última sesión de la Cámara Baja.

«No sería cuestionable tan desprendida actitud de los empresarios rusos, si no fuera porque los invitados son funcionarios públicos de la Provincia de Mendoza, uno de ellos casualmente Ministro de Energía y los otros diputados de la Unión Cívica Radical, y que las empresas son ni más ni menos que las dueñas del otrora impedido por el pueblo «Proyecto San Jorge», siguieron.

Para cerrar: «Estamos ante la posibilidad cierta de que funcionarios del Ejecutivo Provincial y miembros de la Honorable Camara de Diputados, así como los capitalistas de Solway y Alterra, estén incurriendo en el delito de cohecho y tráfico de influencias, en detrimento de los intereses de la población de la provincia de Mendoza».

En base a las informaciones que han trascendido, es que nos hemos presentado ante el Fiscal para solicitarle que inicie una investigación penal para determinar si hubo delito (por el viaje a Macedonia) ya que para nosotros está claro que la actitud del funcionario y de los legisladores viola claramente lo que establecen dos artículos del Código Penal», explicó Fresina a MDZ.

El artículo 256 del Código Penal establece que «será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que este haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones».

Aunque el 259 es un poco más especifico en este caso: clarifica que basta para incurrir en el delito, que el funcionario público admita las dádivas recibidas en consideración de su oficio mientras esté en el cargo. Y también apunta a la actitud empresaria. A ellos les impone penas de un año de prisión en caso de ofrecer las dádivas.
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La semana pasada, impulsados por Zandomeni, el gobierno y los radicales encararon una gira por Macedonia para recorrer minas de cinc en donde los rusos, sostienen, trabajan en sintonía con la agricultura. Cuando la polémica por el viaje estalló, los radicales admitieron que la delegación fue financiada por los privados que tienen intereses mineros en Mendoza. Pero Zandomeni no.

A su regreso, el martes pasado, sostuvo que solventó todos los gastos del viaje de su bolsillo y molestó, trató de desprestigiar a sus críticos. «Es lo que ha pasado, tengo la documentación. Lo pagué yo el viaje, todo», buscó minimizar el ministro.

Pérez respaldó a su funcionario. Con la intención clara de reactivar la minería en Mendoza, el gobernador calificó como «chicanas periodísticas» los cuestionamientos al viaje y dijo en ese sentido que el lobby es legal.

«No me parece mal que vayan a esos lugares para ver qué se hace en distintos lugares con la minería. Si no vemos y trasladamos esa información y se comunica después qué se puede hacer minería sustentable, el debate nunca se va a abrir», despotricó la semana que pasó.

La clave está en que San Jorge está ahora en manos de empresarios mineros de origen ruso, Aterra Capital y Solway Investiment (los financistas del viaje de legisladores y funcionarios), quienes plantean un nuevo proyecto biprovincial para extraer la roca del cerro ubicado en la estancia El Yalguaraz y proceder al proceso de lixiviación (el tratamiento para extraer oro y cobre) en San Juan donde este tipo de procedimientos no están prohibidos por ley como aquí.

Lo que la provincia debe autorizar o rechazar, vía una adaptación de la DIA original, es la construcción de una vía férrea de 22 kilómetros entre el cerro y Calingasta (la ciudad sanjuanina más cerca del límite en esa zona) para desarrollar la explotación. Eso es lo que deberá aprobar Zandomeni y luego ratificar o rechazar la Legislatura.