Sin despertar la furia de los mendocinos, el gobernador quiere reactivar la mina de cobre. Al menos dos reuniones en 10 días ha mantenido el gobernador de Mendoza, Paco Pérez, con los accionista mayoritarios del consorcio minero que tiene la concesión del yacimiento de cobre San Jorge, cerca de la localidad cordillerana de Uspallata. La intención es, de a poco y con mucho tacto, ver las posibilidades de explotación del yacimiento de cobre.
Fuente: La Política On Line
El interlocutor de Pérez ha sido Taras Nechiporenko, designado CEO de los negocios de lo grupos rusos Solway Investiment y Aterra Capital, que entre ambos ostentan 70% del paquete accionario de San Jorge. La intención es, de a poco y con mucho tacto, ver las posibilidades de explotación del yacimiento de cobre, ya explorado y con la certeza de que allí se encuentra el codiciado mineral.
La mina operativa demandaría una inversión nada menos que de 200 millones de dólares, y debería ocupar, como mínimo, a unos 2.000 trabajadores. Al mismo tiempo, las regalías que cobraría Mendoza comenzarían a entrar en el corto plazo, lo que entusiasma a Pérez en un contexto financieron complejo.
Las conversaciones se han llevado adelante en Buenos Aires y en Mendoza, y en ambas ocasiones no fueron incluídas en la agenda pública del gobernador. Al mismo tiempo, y en paralelo, varios dirigentes oficialistas, entre ellos intendentes, legisladores provinciales y hasta el diputado nacional Alejandro Abraham, han salido a pedir la rediscusión de la ley provincial 7.722 llamada antiminera, que prohíbe el uso de químicas en minería metalífera o megamineria.
La estrategia quedó en claro al trascender las reuniones de Pérez: por un lado dirigentes cercanos al Gobierno provincial piden redebatir la norma y por el otro el gobernador tantea a los inversores de San Jorge para saber de primera mano qué inversiones podrían hacer en el corto plazo.
No obstante, es evidente el cuidado que tiene Pérez a la hora de hablar públicamente de minería. No quiere pagar el costo político de promover una actividad que en Mendoza despierta fuerte rechazo ciudadano, o al menos esa sensación queda por el accionar de los grupos ambienalistas, muy activos y organizados.
El karma de Paco se remonta a la época de la campaña del 2011, previo a su elección como gobernador. Por esos días, le pidió al peronismo que aprobora la ley antiminera para sacarse el mote de “prominero” que le colgaron sus rivales de turno por haber sido socio de un estudio de abogados local que atendió a varias mineras extranjeras hace algunos pocos años atrás.
Las alternativas
El yacimiento San Jorge queda al noroeste de la provincia, en las cercanías de la localidad lasherina de Uspallata, un valle cordillerano bellísimo. La mina está a 22 kilómetros al sur de la frontera de Mendoza con San Juan, por lo que una de las alternativas que analizan los accionistas en conjunto con Pérez y también con las autoridades sanjuaninas, es realizar una operación biprovincial del yacimiento.
Esto sería realizar la extracción del cobre en Mendoza, llevarlo el material en crudo en tren 22 kilómetros al norte, y en territorio sanjuanino llevar adelante el proceso con cianuro que necesita el cobre.
En San Juan, cuyas autoridades, encabezadas por el gobernador José Luis Gioja, han hecho de la minería una actividad prioritaria, estarían encantados con la llegada del cobre mendocino a su suelo para procesarlo, porque se quedarían con una parte de las regalías pero además se generaría mano de obra y servicios sanjuaninos.
Esta es una alternativa “realizable” que analiza Pérez, aunque su idea es poder poner en discusión nuevamente la ley 7.722 y modificarla para que las inversions queden 100% en Mendoza.
El dato que está esperando Paco, es que la Corte provincial falle sobre una demanda de las cámaras mineras en contra de las prohibiciones de la ley, lo que habilitaría al Gobienro a darle vía libre al proyecto San Jorge y a otros menores. La decisión de la Corte se conocerá de un momento a otro, y con ese fallo en la mano, Pérez podrá promover la minería metalífera sin costo político, que será pagado por el máximo tribunal.
