La provincia argentina de Mendoza otorgó un permiso de cateo en dos áreas metalíferas, sobre 6.500 hectáreas. La empresa beneficiada es Minera Río de la Plata que de acuerdo a la legislación, debe iniciar ahora la evaluación de impacto ambiental. Fuente: Los Andes
Las máquinas que hicieron trabajos en la minera Vale, un proyecto paralizado por ahora.
Dos áreas que suman en total 6.500 hectáreas entre la localidad lasherina de Uspallata y San Rafael son objeto de un nuevo proyecto en busca de extraer oro, cobre y plata. Así lo confirma una presentación registrada por la firma Minera Río de la Plata SA ante la Dirección de Minería de la provincia, que ya le otorgó el carácter de concesión provisoria para el cateo, primer paso del proceso habilitante para explorar.
Antes de llegar a esa instancia, el procedimiento consagrado en el Código Minero y la ley provincial 7.722 exige la Declaración de Impacto Ambiental, previa evaluación que deberá ser refrendada en audiencia pública. Técnicamente con el permiso concedido, la firma hace una especie de “reserva” para evitar competidores en una gran área que considera de gran potencial, y cuya mensura puede modificarse en la medida que avance la exploración.
Lo cierto es que se trata de la primera iniciativa vinculada al oro y cobre luego de que, polémica mediante, se frenara el proyecto San Jorge, también en Uspallata. Cerca de esa ubicación, Minera Río de la Plata obtuvo la concesión de 1.500 hectáreas correspondientes al yacimiento identificado como La Propicia III, y casi al mismo tiempo, de otras 5.000 al oeste de San Rafael que forman parte del denominado Miranda, en donde además pretende explorar el potencial extractivo de cuarzo.
En cualquier caso, desde el organismo salieron a justificar la concesión al considerar que no implica una violación a la norma provincial. Y que se trata de un visto bueno a la exploración, no así a la explotación.
“Previo al inicio de toda actividad (según art. 249 del Código Minero) deberá el concesionario tener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, conforme lo establecen en los artículos 249 y 251 del Código de Minería”, señala el dictamen de la Dirección, que además advierte la posibilidad de modificar la mensura de la superficie declarada del yacimiento.
De todos modos, no es el primero que favorece a la sociedad anónima, que figura en los registros de la Cámara de Empresas Mineras de Mendoza (Camem) desde 2007. En julio de 2012, había obtenido uno similar.
Primer paso
El marco legal establece que, previo al proceso de evaluación de impacto ambiental, sólo los superficiarios (dueños del terreno en el que está el yacimiento) pueden poner reparos a la intención de una minera.
Entre ellos está Selley Group SA, una firma estadounidense dedicada al negocio del real state, oriunda de Colorado y propietaria de la gran parte de la superficie en el Sur provincial.
Además de precisar que la autorización no tiene vigencia temporal, según el director de Minería, Carlos Molina, “de acuerdo a la ley nacional 3.790, cuando se pide un cateo hay que concederlo, no hay un impedimento legal. Adelante hay un camino larguísimo hasta llegar a la exploración; éste es el primer paso, y suponiendo que se verifique potencial de explotación, hasta el DIA y la aprobación final pueden pasar años”.
Para el funcionario, “cualquier proyecto debe ser económicamente rentable y también ambientalmente sustentable. Por eso, y porque la inversión requerida es inmensa, de cada diez exploraciones sólo una resulta positiva”.
Mientras desde la Unidad de Evaluaciones Ambientales confirmaron que “luego del proyecto San Jorge no ha ingresado nada vinculado a la minería metalífera”, los empresarios se manifestaron a favor de un avance.
“Debió salir hace tiempo. Ahora esperamos que siga su curso normal, y que llegado el momento de la discusión, se discuta”, señaló Roberto Zenobi, gerente general de Camem. Por su parte, el titular, Mario Chabert, consideró que “dependerá del proceso que se aplique. Obviamente, si se trata de concentración de minerales de tipo mecánico no debería haber objeción”.
Minera Río de la Plata fue una de las doce empresas que impulsaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley provincial 7.722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la minería metálica. Y tras un litigio con la canadiense Portal Resources, en 2009 se quedó con una mina de uranio en la zona de Sierra Pintada, a 35 kilómetros de San Rafael.
