Desde la campaña que lo llevó a la gobernación, la minería fue un tema tabú para el gobernador. Ahora, espera que la Corte resuelva la constitucionalidad de la 7722.
Miles de personas marcharon contra la minería en el Carrusel
Convertida en un karma desde la campaña que lo llevó a la gobernación, la minería representó para Francisco Pérez un vía crucis cuyas primeras 12 estaciones (o meses) superó con sobresaltos.
Condicionado por una diversidad de actores, el gobernador llegó al final de su primer año de gestión herido por la presión de la presidenta e intendentes que impulsan la actividad y arrinconado por los mendocinos que resisten la llegada de emprendimientos metalíferos.
Para complicar aún más la estrategia de Pérez -evitar dar precisiones sobre la llegada de la minería metalífera, al menos durante su primer año- la canadiense Coro Mining volvió a la carga y presentó el proyecto San Jorge II que, al rechazo original de las asambleas del agua, sumó el de las cámaras de empresas y servicios mineros, ya que la iniciativa contempla extraer el mineral de los cerros mendocinos y procesarlo en San Juan.
Mientras tanto, un sector del peronismo, encabezado por el intendente de Malargüe, Juan Agulles, y por el diputado José Muñoz insistió para que se apruebe una nueva ley de regulación minera que reemplace a la 7722/07, bajo el argumento de la supuesta inconstitucionalidad de la norma vigente. En este sentido, la Suprema Corte recibió 11 presentaciones que se hicieron contra la ley y ya puede definir si da lugar a los reclamos.
Asimismo, durante los primeros 12 meses como gobernador, Pérez intentó justificar la inclusión de Mendoza en la Ofemi (Organización Federal de Estados Mineros), que incluyó la firma del Acuerdo Federal Minero para potenciar la actividad, a partir de la impronta de la minera Vale en Río Colorado, de Malargüe. En ese sentido, destacó que la firma brasileña invertirá una suma millonaria para extraer sales de potasio. Sin embargo, la toma del yacimiento y el comunicado de la empresa alertando que reconsiderará el proyecto atentaron contra el optimismo oficial.
Durante los primeros 12 meses, Pérez intentó justificar la inclusión de Mendoza en la Ofemi con la impronta de la minera Vale.
La promesa de las 20 minas
A las pocas semanas de asumir, Pérez nombró a Carlos Molina al frente de la Dirección de Minería de la provincia. El nuevo funcionario, un ingeniero con antecedentes en emprendimientos de mediana y pequeña escala, anunció que el objetivo inmediato era reactivar 20 de las 1.000 minas inactivas que existen en la provincia. Además, aclaró que serían emprendimientos de segunda y tercera categoría (canteras, talco, bentonita, piedra caliza, cuarzo), muy diferentes a los proyectos metalíferos de gran escala como San Jorge.
A medida que transcurrió el año, el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, relativizó aquel anuncio que Molina realizó en enero y señaló que la reactivación de 20 minas de segunda y tercera categoría es un objetivo para los cuatro años de gestión. De hecho, transcurridos los primeros 12 meses, ninguno de esos emprendimientos abandonados ha vuelto a explotarse y las novedades en materia minera -al menos las que surgieron desde el Gobierno- se circunscribieron a un mayor poder de control sobre las empresas que ya funcionaban.
En mayo, después de que Coro Mining presentó el segundo proyecto San Jorge y ante las versiones difundidas sobre la falta de controles a las empresas del rubro, el gobernador reactivó la Policía Minera y admitió que era un órgano que había quedado relegado. Dos meses después, Molina anunció el primer resultado que arrogó el órgano de control minero: el cierre de una cantera clandestina en Cacheuta que entorpecía la construcción de la nueva cárcel federal.
De todos modos, en un 2012 donde las actividades de la Subsecretaría de Hidrocarburos se centraron en la Dirección de Petróleo a partir de la nacionalización de YPF, desde la Dirección de Minería son optimistas y aseguran que durante estos 12 meses se ordenó el desorden administrativo que impedía la reactivación de los emprendimientos abandonados y los trabajos de campos en otros yacimientos.
La 7722
Once son los pedidos de inconstitucionalidad contra la 7722 que ingresaron a la Suprema Corte y sobre los que deberá resolver. Si bien no existen plazos, el máximo tribunal ya cuenta con los alegatos de las empresas que accionaron contra la ley de regulación minera y también del Estado, que tiene que defender la vigencia de la norma. En este contexto, se esperaba que la resolución se tomara antes del 31 de diciembre, pero todo indica que los plazos se extenderán hasta el próximo año.
Quizás la mayor incógnita sea quién resolverá las presentaciones contra la ley 7722: la sala número 2 -donde se encuentra la causa- o la Corte en su conjunto. Ante las sospechas de que la sala integrada únicamente por 3 ministros (Carlos Böhm, Mario Adaro y Herman Salvini) declarara inconstitucional la normativa, desde la ONG de protección ambiental Oikos pidieron al procurador Rodolfo González que ante la trascendencia del tema sea la totalidad de los jueces (7) quienes decidan.
Mientras tanto, el intendente del Malargüe aún reserva su propio proyecto, aquel que intentó introducir en la Legislatura de la mano de legisladores de su departamento -la senadora Silvia Calvi y el diputado José Muñoz- y que apunta a eludir el control de la Legislatura. “Sin minería, Malargüe no podría tener desarrollo económico”, enfatizó el diputado Muñoz sobre su departamento, cuya principal fuente de recursos son las regalías petroleras que representan más del 80 por ciento del presupuesto municipal.
Más allá de la eventual caída o ratificación de la ley provincial 7722/07, la dirigencia malargüina guarda una carta debajo de la manga: los dirigentes del sur comentan que la reforma de la Constitución les daría la posibilidad de autorizar los trabajos de campo sin el control de la provincia. Extraoficialmente, esperan que la inclusión de la autonomía municipal (un nuevo ítem que se pretenden contemplarse en la Carta Magna) pudiera entregarles -según comentan- potestades de poder de decisiones, no así sobre los recursos.
Por el momento, cada vez que se lo consultó sobre el tema, Pérez respondió enfáticamente que hará cumplir la ley. Y durante su primer año de gestión, la normativa vigente fue la 7722. Sin embargo, un intendente que promueve la actividad confesó que el gobernador es consciente de supuestas irregularidades de la ley. “Sabe que la ley tiene falencias”, dijo Agulles a comienzos de agosto sobre Pérez.
Vale, el escudo de Pérez para protegerse de Cristina
En la cumbre del Mercosur que se realizó el jueves en Brasilia, Cristina insistió en potenciar el desarrollo minero de la región, ratificando una postura que incrementó públicamente durante 2012 y cuya síntesis es “Argentina va a potenciar su perfil minero”. Sin embargo, en Mendoza se resiste la llegada de emprendimientos metalíferos a gran escala, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las provincias que integran la Ofemi.
Ante esto, después de la firma del Acuerdo Federal Minero que promueve el desarrollo de la actividad, Pérez intentó justificar la adhesión de Mendoza a través de la mina de Potasio Río Colorado a cargo de la brasileña Vale. De hecho, la presidenta anunció la millonaria inversión que haría la empresa en Argentina: 6.000 millones de dólares de los cuales unos 2.200 millones de dólares quedarían en Mendoza. De ahí que Pérez, al menos durante su primer año, pudo resistir la presión nacional para avanzar en minería metalífera.
Sin embargo, a lo largo de este año, los responsables del megaemprendimiento que se desarrolla en Malargüe pusieron en duda la viabilidad del proyecto a partir de los costos y la inflación. Posteriormente, los bloqueos y la toma de las instalaciones completaron un panorama que opacó el optimismo oficial sobre el yacimiento que aún no comienza a explotarse. Además, ha sido un desafío para la firma cumplir con los requisitos de la Legislatura mendocina.
A mediados de 2011, el Gobierno provincial suspendió las actividades en el yacimiento de Malargüe porque Vale no cumplía con la contratación de un determinado porcentaje de personal mendocino ni tampoco contrató a cierto número de empresas locales. Ambos son requisitos que estableció la Legislatura cuando aprobó la declaración de impacto ambiental (DIA) de la empresa.
La saga San Jorge
Nunca ocultó haber trabajado para el estudio de abogados que representó a Coro Mining en Mendoza, pero negó que esto se traduzca en una posición a favor de la empresa. De todos modos, en la primera etapa de su campaña dio señales a favor de la actividad minera a gran escala. “Hay que ampliar la matriz productiva de Mendoza”, repitió una y otra vez cuando se lo consultó sobre el proyecto San Jorge, cuya DIA se encontraba en la Legislatura.
Sin embargo, cuando el rechazo a San Jorge comenzó a asomar como el estandarte de campaña del radicalismo, Pérez no dudó en ir a la Legislatura y ordenar a los diputados del PJ que acepten el tratamiento de la DIA de San Jorge y que votaran en contra del proyecto. Así, dio un giro inesperado, generó reacciones de todo tipo en su contra, pero dejó al radicalismo en offside y hacia una derrota casi segura en las elecciones del 23 de octubre del año pasado.
Ya con Pérez en la gobernación, Coro Mining volvió a la carga con la segunda parte de la saga. A comienzos de marzo, presentó San Jorge II que, a diferencia del original, fue pensado como un proyecto biprovincial: extraer las rocas de Mendoza, transportarlas a través de una línea férrea de 22 kilómetros y procesarlas en San Juan -donde los requisitos ambientales son más flexibles-para producir cátodos de cobre.
A partir de allí, en agosto comenzaron los análisis técnicos del proyecto que aún continúan. De todas maneras, con críticas de sectores ambientalistas y de las cámaras de empresas y servicios mineros, todo indicaría que no habrá voluntad política en la provincia para autorizar un emprendimiento de esta categoría -compartido con San Juan- más allá del resultado de los análisis técnicos y de impacto ambiental que realiza el Ejecutivo provincial.
En lugar de ejercer presión para que avance esta iniciativa, desde Malargüe alzaron la voz para que la Legislatura analice la DIA que presentó Mineral S.A. (con mayoría de capitales canadienses) para explorar la mina de uranio Huemul, similar a Sierra Pintada, el yacimiento sanrafaelino que el Gobierno amagó con reactivar pero que ante la falta de remediación de pasivos ambientales, se dio marcha atrás y la mina que fue clausurada en los ’90 seguirá sin actividad.
