El tema minero se ha ido convirtiendo en una caldera en la que sube la presión en forma constante y nadie se preocupa por darle escape para evitar que se produzca un lamentable reventón. Este día agentes antimotines de la Policía Nacional Civil, acompañados de personal de la mina El Tambor, arremetieron contra los pobladores de San José del Golfo, quienes desde marzo vienen reclamando una consulta popular para decidir el futuro de ese proyecto minero en el que la empresa canadiense que hizo la exploración y obtuvo la licencia de explotación, vendió su participación por considerar que era un activo demasiado conflictivo.
Fuente: La Hora (Editorial)
El Gobernador de Canadá, quien en realidad es el representante de la Reina de Inglaterra y por lo tanto no tiene ningún poder efectivo, dijo que le parecía importante que las partes, es decir las empresas mineras y los pobladores, abordaran el tema dialogando para determinar las ventajas, si es que las hay, de cada proyecto y los acuerdos para defender el ambiente. Lo que pasa es que existe una gran arrogancia de parte de los inversionistas que menosprecian a los pobladores porque saben que al final del día, siempre pueden contar con los garrotes y las lacrimógenas de los antimotines para despedazar cualquier resistencia popular.
Y ciertamente en San José del Golfo, como en otros lugares, la fuerza puede hacer que la mina funcione y que la oposición de los pobladores se vea aplastada para asegurar a los inversionistas que puedan hacer las cosas como se lo han propuesto. Y decimos que como se lo han propuesto, porque en este país es de balde decir que las cosas se hagan conforme a la ley, porque la ley está en pública subasta y prostituida para que sirva al mejor postor que, por supuesto, siempre son los que disponen de recursos para pujar en la subasta.
No tenemos un verdadero estado de Derecho ni instituciones garantes del respeto al derecho ajeno. Aquí se puede comprar un estudio de impacto ambiental porque toda la administración pública está en venta. Se puede comprar una licencia de explotación porque los funcionarios no llegan a sus puestos con visión de Estado sino a recuperar la inversión de una campaña política que les costó un ojo de la cara. Por ello invocar el estado de Derecho para aplastar a pobladores que protestan es absurdo, porque las resoluciones que se esgrimen para “aplicar a ley” son producto de la componenda y del vicio de la corrupción. Quien niegue eso es ciego y no reconoce la realidad de nuestro sistema que no responde más que a los intereses económicos de políticos y empresarios que se reparten la vaca en forma constante y descarada.
