Ley 7.722: esta ley fue escrita en el 2007 por el pueblo en los diferentes cortes de ruta. Luego de lograr su sanción se presentaron 13 pedidos de inconstitucionalidad por parte de empresas mineras y sus representantes. Hoy, son 10 los que siguen en pie. La ley, principalmente, evita la minería hidrotóxica al prohibir la utilización de sustancias tóxicas en cualquier proceso minero (cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización). Por otro lado, determina que cada etapa que genere un gran impacto de un proyecto, no solo debe ser tratado por el poder ejecutivo, sino que también necesita la ratificación legislativa.

Por Asamblea Popular por el Agua

Uno de estos pedidos es:

Minera San Jorge S.A.:
La minera canadiense Coro Mining Corp, intentó llevar adelante su primer proyecto megaminero en la Argentina llamado SAN JORGE S.A., ubicado en el valle de Uspallata-Las Heras.
En este proyecto, se buscaba extraer oro y cobre, crear una finca productora de frutas para sidra, verduras y hortalizas, una fundación, centros nocturnos e implementar junto a la provincia el Casino Mendoza. Trayendo así un desarrollo increíble para el poblado de Uspallata y aunque la minera no se instalara continuarían porque les interesaba la sociedad que allí vivía.
Fue así como se creó la fundación San Jorge con su proyecto Uspallata 2030, se instaló el casino, se creó la finca y se buscaron los lugares para los centros nocturnos.
Luego del rechazo por parte de la sociedad uspallatina al proyecto, corrompiendo así su historia de «pueblo minero» que delineó su historia desde los Huarpes con la explotación de las minas en Paramillo; las grandes movilizaciones en la capital mendocina; la presión política del momento electoral; los amparos y medidas judiciales; la poca seriedad de la empresa al presentar su Evaluación de Impacto Ambiental con 141 fallas técnicas, citas y autores no existentes, falta de información de algunas temáticas, tergiversar estadísticas, etc. el proyecto Megaminero San Jorge fue rechazado y archivado en la Legislatura provincial por unanimidad.
Así, fue como la bolsa de Coro Mining en Toronto Canadá, cayó abruptamente y con ella sus inversiones en Uspallata. La finca fue abandonada, los locales nocturnos no se crearon, la fundación desapareció y el casino prontamente se retirará del pueblo.

¿Dónde quedó el compromiso de la empresa con Uspallata?
Pues estas inversiones desaparecieron junto con el proyecto megaminero.
Hoy, esta empresa lleva adelante uno de los 10 pedidos de inconstitucionalidad frente a la Ley 7.722 que bloqueó su intento de ingresar a la provincia. Esto se debió a que en uno de sus artículos, determina que cada proyecto megaminero debe ser aprobado no solo por el poder ejecutivo, sino que también por el legislativo.
San Jorge S.A., presentó el pedido que hoy tiene como número de expediente 90.599 en la Corte Suprema de la provincia de Mendoza. Lo curioso es que este pedido, fue creado por la «Compañía de Abogados BRGPG», siglas que representan lo siguiente:

· Barraza Alejandro,
· Rodríguez Raúl Javier,
· Gregorio Marcelo,
· Pérez Francisco
· Gabutti Jorge.

Estas 5 personas, ocuparon y/u ocupan cargos públicos. Entre ellos, se encuentran Gregorio Marcelo y Rodríguez Raúl Javier a quienes Minera San Jorge el 15 de enero de 2008 decide otorgar poder general amplísimo. Poder que permite realizar:
*Poder General para Pleitos y Cobranzas: Para representar al otorgante en juicios y efectuar cobros.
*Poder General para Actos de Administración: Para que el apoderado administre bienes e intereses del otorgante.
*Poder General para Actos de Dominio: Para que se compren, hipotequen, donen o vendan bienes del otorgante.

Luego, en abril de 2008, la empresa convierte en su vicepresidente a Gregorio Marcelo.

Otro de los nombres que podemos resaltar, es el del actual gobernador Francisco Pérez, que al asumir como ministro de infraestructura renunció a la compañía.
En su campaña electoral a gobernador, vivió las presiones del puedo para evitar que el proyecto San Jorge se instale y sea así la puerta de entra a la megaminería en la provincia.
Luego de grandes marchas, acampes, festivales, charlas públicas, presentaciones legales, juntadas de firmas, cortes de rutas, toma de la legislatura e incesantes acciones, el candidato a gobernador pidió de forma pública a los legisladores del FPV que rechazaran el proyecto. Acatando así, la voluntad del pueblo que ponía en riesgo su llegada al poder.

Exigimos a la Corte Suprema de Mendoza que:
Respete la voluntad del pueblo.
Decidan en pleno los pedidos.
Trate de forma inmediata y rechace los pedidos de inconstitucionalidad
Vele, respete y ejerza la PLENA VIGENCIA Y CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 7722.

LA LEY 7722 NO SE TOCA
Basta que querer saquearnos y contaminarnos
NO A LA MEGAMINERÍA.
NO AL URANIO
NO A LA MINERÍA CONTAMINANTE.
Vale NO vale la pena.

Por agua pura, por vida…