Ubicado en la Puna jujeña, sus escuelas, el hospital y hasta el registro civil pertenecen a Glencore, la dueña de la mina de plata, zinc y plomo cuyo cierre anunció para dentro de un año.
Por Gabriela Tijman para Motor económico
En enero de 2022 habrán terminado las operaciones de la Mina Aguilar. En 2023 la empresa se irá definitivamente y El Aguilar será, después de casi un siglo, solamente un pueblo más de la Puna jujeña. Para entonces, se habrá cerrado el ciclo de cuatro generaciones de mineros que pasaron por los socavones del yacimiento, la mayoría de ellos oriundos de las ciudades de Abra Pampa, La Quiaca y Humahuaca.
El 16 de noviembre pasado la Compañía Minera Aguilar comunicó “con tristeza” el cese de las operaciones productivas en la Puna jujeña. La razón: el agotamiento de los recursos minerales.
La localidad El Aguilar nació con la mina. Ubicada al norte del departamento Humahuaca, en el límite entre la Puna y la Quebrada, hoy tiene categoría de municipio, con un Concejo Deliberante de seis ediles, tres instituciones educativas y profesionales, un hospital, un registro civil, un mercado de abastecimiento y dependencias policiales.
Para acceder al pueblo hay que traspasar una casilla de seguridad y una barrera de la compañía. Las casas, los caminos, el hospital, la escuela, incluso la cancha de fútbol de césped sintético inaugurada en enero de 2018, todo es de la empresa.
Allí viven hoy cerca de 4000 personas. El cierre de la mina implica la pérdida de 630 puestos de trabajo directo, que es el 90% de la mano de obra local, según precisó el intendente de El Aguilar, Sergio Alejo. El impacto negativo se sentirá también en las localidades cercanas.
“Si se muere El Aguilar, no se muere solo. Se mueren muchos otros pueblos”, dijo Santos Cayo, obrero de la mina con 24 años de antigüedad. Es que en los alrededores hay varios parajes, como Casa Grande, Vizcarra, La Poma y El Portillo, cuyos pobladores hacen sus compras y sus trámites en El Aguilar.
El intendente Alejo se muestra más optimista. Afirma y repite que “el pueblo continúa, el pueblo no se va”. En diálogo con Tiempo, contó: “El pueblo está muy triste. Nos cayó de sorpresa la noticia, y eso es lo que más nos dolió a todos. La gente no estaba preparada para esto”.
Al anunciar el cierre de la mina, la compañía –que pertenece a la multinacional Glencore–, propuso un programa de retiro voluntario para los 630 obreros que calificó de “beneficioso”. Después de varias reuniones entre el sindicato, la empresa y el gobierno provincial, finalmente el 12 de enero se firmó un acuerdo.
“Tal como lo dijimos, resguardamos los intereses del pueblo de El Aguilar y se ha logrado la doble indemnización para los trabajadores que queden desvinculados de la empresa”, señaló el gobernador Gerardo Morales, que encabezó la última reunión. En rigor, la doble indemnización les corresponde por derecho, pues está vigente el decreto presidencial 961/2020 que así lo dispone.
El intendente Alejo aseguró: “Vamos a buscar todas las alternativas para que el pueblo siga funcionando”. Con este fin es que ya en diciembre se presentó una serie de propuestas productivas cuya viabilidad financiera analizará la gobernación desde febrero. Algunos de esos proyectos implican oportunidades de inversión para los trabajadores que cobren el retiro o la indemnización, “para que la plata les rinda más”, describió Alejo.
El yacimiento de plata, plomo y zinc fue concesionado por primera vez en 1929, y cuatro años después la Compañía Minera Aguilar comenzó a extraer el mineral. Tras haber pasado por varias manos, en 2005 el grupo suizo Glencore compró las acciones de la empresa que tenía el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, y se hizo con el control de la compañía. En ese momento, anunciaron un plan de exploraciones “para prolongar la explotación hasta 30 años adicionales”. Pasaron solo quince.
El mismo día del anuncio del cierre, la delegación Aguilar de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) advirtió que “no era cierto” que no hubiera más mineral para extraer. Su secretario general, Carlos Trejo, repitió en cada reunión el pedido de que se haga una auditoría externa al respecto. Su reclamo quedó plasmado en el acta acuerdo, así como también la respuesta negativa tanto de la empresa como del gobierno provincial.
“El cierre es una atrocidad”, dijo Trejo, y denunció que “la empresa hizo que no le cierren los números”. A pesar de no haber logrado mantener las fuentes de trabajo, Trejo consideró como “un triunfo” la cuestión de la doble indemnización, que implica montos muy superiores a los retiros voluntarios que había ofrecido la empresa al anunciar el cierre y que se suspendieron a mediados de diciembre, cuando empezaron las negociaciones.
La pregunta que queda flotando es si existe la posibilidad de que otra compañía aterrice en El Aguilar para hacerse cargo de la mina. El intendente Alejo cree que sí, que es posible: “No ahora, pero en un futuro cercano seguramente van a vender y vendrá otra empresa a explotar la mina. Pero primero esta empresa tiene que realizar todo el saneamiento y el cierre. Estaremos atentos”. «
Un acuerdo con patas demasiado cortas
Desde que comenzaron las negociaciones, los mineros realizaron varias marchas hasta la capital provincial. El martes 12, mientras se desarrollaba la última reunión, estuvieron en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, expectantes, con sus overoles naranja.
Los puntos centrales del acuerdo establecen que el proceso de cierre va a llevar un año, que la empresa se compromete por dos años a sostener el pueblo, mantener los caminos, no promover ningún desalojo y mantener los servicios de energía, cloacas, recolección de residuos y provisión de agua potable. Sobre el destino de las 700 viviendas, se acordó constituir una mesa de trabajo. Las tareas de remediación ambiental llevarán cinco años.
Además, van a seguir sosteniendo el hospital por seis meses, y habrá un período de transición con corresponsabilidad entre el gobierno de la provincia y la empresa. En el acta quedó aclarado que “nunca podrá bajar el nivel de prestación” y que se atenderá tanto a quienes tengan obra social como a quienes no.
Morales se comprometió a gestionar con Nación el cobro del seguro de desempleo y la jubilación para los mineros que no cumplan el requisito de edad. El gobernador, además, agradeció en las redes sociales “el compromiso del gobierno nacional por el futuro del pueblo de Mina El Aguilar”, luego de haber mantenido una reunión con el ministro del Interior, Wado de Pedro, los primeros días de diciembre. Ni desde el gobierno provincial ni desde la cartera nacional brindaron precisiones sobre cuál sería el papel de Nación en este tema.
Fuente: Telam
