Jujuy, Argentina – 16/10/08. La Red Puna y Quebrada y otras organizaciones sociales solicitaron al Procurador General de la Nación –Dr. Esteban Righi- que ordene a los Fiscales a cargo de la Fiscalía Federal Nº1 y Nº2 de de Jujuy a continuar las investigaciones penales de presunta contaminación ambiental por la actividad minera que lleva a graves situaciones en numerosas comunidades de nuestra puna por la contaminación de sus ríos, aire y suelo a causa de esa actividad depredadora. Las actuaciones preliminares fueron cumplidas por el Fiscal Antonio Gustavo Gómez quien remitió los expedientes a las fiscalías federales N° 1 y N° 2 de nuestra Jujuy, para llevar adelante las investigaciones preparatorias, llegado el caso se inicien los juicios y condena a los responsables. A más de un año de remitidas dichas actuaciones estas investigaciones están en la misma situación que cuando fueron remitidas. Están involucradas las empresas y explotaciones Mina La Pulpera, Minera Aguilar, Mina Loma Blanca y Mina Providencia, contaminación en Abra Pampa por metales tóxicos, Orosmayo-Pirquitas y Pan de Azúcar.
Por Red Puna y Quebrada
Jujuy 16 de Octubre de 2008
Sr. Procurador General de la Nación,
Dr. Esteban Righi:
Los abajo firmantes, integrantes de la Organización Red Puna y Quebrada y demás organizaciones sociales que adhieren a la presente, nos dirigimos a Ud. a fin de ponerlo en conocimiento sobre la situación en la que se encuentran numerosas denuncias penales radicadas en las Fiscalías Federales de nuestra provincia por casos de contaminación ambiental y para requerirle tenga bien instar a los Sres Fiscales para que cumplan con su función de llevar adelante las investigaciones penales respectivas.
En los últimos años hubo un gran salto en lo que hace a la conciencia jurídica respecto al cuidado del ambiente. Esto se tradujo en numerosas leyes y tratados ambientales y en un mayor control ciudadano sobre las actividades que pueden degradarlo. Pero sabemos que la protección ambiental no depende sólo del dictado de normas y el conocimiento de las mismas por los ciudadanos, sino también del esencial rol de la justicia a la hora de tutelar en cada caso concreto los derechos reconocidos.
Creemos que con esta idea Ud. ha creado por resolución PGN 123/06 la Unidad Fiscal para la investigación de delitos ambientales (UFIMA), teniendo por objeto generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso que se vinculen con delitos contra el medio ambiente y, en particular, las referidas a los hechos que constituyan infracción a la ley de residuos peligrosos (ley 24.051) a aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados con la protección del medio ambiente (arts. 200 a 207 del CP), a las infracciones a la ley 22.421 de protección y conservación de la fauna silvestre, así como aquellos delitos conexos con la materia.
Cumpliendo con su misión, el Fiscal General José Antonino Gómez (*)- actuando como enlace de la UFIMA en las provincias del NOA- a partir de numerosas denuncias recibidas, inició una serie de actuaciones preliminares para determinar la posible comisión de hechos ilícitos ambientales en nuestra provincia. Estas investigaciones dieron origen a seis expedientes caratulados: “Actuación Preliminar N° 119/07 Mina La Pulpera P.S.A Infr. Ley 24.051”; “Actuación Preliminar N° 116/07 Minera Aguilar S/ Presunta Contaminación”; “Actuación Preliminar N° 123/07 Mina Loma Blanca y Mina Providencia P.S.A Infr. Ley 24.051”; “Actuación Preliminar N° 118/07 Contaminación en Abra Pampa por metales tóxicos”; “Actuación Preliminar N° 121/07 Orosmayo-Pirquitas P.S.A Infr. Ley 24.051”; y “Actuación Preliminar Nº127/07 Pan de Azúcar P.S.A. Infracción a la ley Nº24.051”.
Las investigaciones llevadas adelante dieron cuenta de la grave situación en la que se encuentran numerosas comunidades de nuestra puna, por la contaminación de sus ríos, aire y suelo como consecuencia de la actividad depredadora de las empresas mineras.
Cumplidas las actuaciones preliminares, el Fiscal Gómez remitió los expedientes a las fiscalías federales N° 1 y N° 2 de nuestra provincia, para que se inicien las respectivas investigaciones preparatorias y para que, llegado el caso, se inicien los juicios a fin de establecer la responsabilidad y consecuente condena a los sindicados como responsables de los graves hechos denunciados.
A más de un año de remitidas dichas actuaciones, nos encontramos con que estas investigaciones no han seguido curso, encontrándose en la misma situación en la que se hallaban cuando fueron remitidas.
Bien sabemos que la justicia se encuentra colapsada, que existen grandes cantidades de causas a la espera de una resolución y que los recursos humanos y materiales son escasos para hacerles frente. Pero también conocemos el funcionamiento del sistema penal y la selectividad con la que opera. “…la regla general se traduce en la selección (a) por hechos burdos o groseros (la obra tosca de la criminalidad, cuya detección es más fácil); y (b) de personas que causen menos problemas (por su incapacidad de acceso positivo al poder político y económico o a la comunicación masiva). En el plano jurídico, es obvio que esta selección lesiona el principio de igualdad, que no sólo se desconoce ante la ley, sino también en la ley, o sea que el principio de igualdad constitucional no sólo se viola en los fundamentos de la ley sino también cuando cualquier autoridad hace una aplicación arbitraria de ella.” (Zaffaroni, Eugenio Raúl). Estas palabras ilustran lo que nos está pasando: “Las leyes son como las telas de araña, que aprisionan a los pequeños, pero son desgarradas por los grandes” (Solón). Delitos que tienen como autores a empresas de grandes caudales económicos y poder político (delitos de cuello blanco) quedan al margen de la persecución penal y, sin embargo, los bienes jurídicos dañados afectan a miles de habitantes, causando muchas veces daños irreversibles a la salud y al ambiente. En palabras del Fiscal Gómez: ” Los Fiscales Federales representamos el interés público. Es nuestra obligación iniciar todas las causas penales que sean necesarias ante la flagrante violación a los arts. 55 y 56 de la ley 24.051. Para que el derecho a la igualdad en un ambiente sano no sea una utopía, para que ese derecho humano esencial no sea una diferencia que nos separe”. En fin, podemos sostener que el problema actual de los derechos humanos ya no reside en sus fundamentos y reconocimiento legal, sino en las garantías que los estados deben ofrecer para darles concreción y vigencia (Bobbio, Norberto).
Por último, y sin querer ahondar en el tema, pero fieles a la lucha que llevamos hace años, dejamos dicho que los casos que están pendientes de prosecución judicial, se encuentran en territorios de pueblos indígenas (en su mayoría Kollas) y que reflejan la situación de los mismos respecto al Estado y los poderes económicos: las políticas públicas siguen beneficiando al capital extranjero, excluyendo a los pueblos indígena del acceso a derechos humanos básicos.
No habiéndose avanzado en las investigaciones penales reseñadas y considerando que los delitos que allí se investigan continúan generando los efectos contaminantes y sus responsables siguen impunes, es que solicitamos al Sr. Procurador General de la Nación que, como jefe máximo de los fiscales y responsable del diseño de la Política Criminal del País, ordene a los Fiscales a cargo de la Fiscalía Federal Nº1 y Nº2 de la Provincia de Jujuy a realizar las diligencias pertinentes para continuar las investigaciones penales y así arribar a la verdad real de los hechos que se han denunciado.
A la espera de una pronta respuesta, nos despedimos de Ud. saludándolo atentamente.
(*) Nota del editor: el nombre es Antonio Gustavo Gómez
