Jujuy, Argentina – 30/09/08. Silvana Morel, asesora del movimiento Tupaj Katari, abogada de la Comunidad Aborigen de Cangrejillos y miembro de la Asamblea Socio Ambiental del NOA, afirmó que hay un fuerte impulso para declarar a la provincia de Jujuy en emergencia ambiental, al tiempo que aseguró que las comunidades aborígenes no quieren más minería mientras lo único que ésta genere sea contaminación. Morel hizo estas apreciaciones tras una reunión que se realizó el miércoles en el Salón Marcos Paz de la Legislatura provincial, de la que participaron diputados, representantes aborígenes y la fundación Prohuna. En ese encuentro –donde se retomó la discusión acerca de la cuestión minera- se analizaron varios aspectos vinculados a la explotación de esta industria, especialmente en lo que hace a las inversiones extranjeras, la normativa fiscal en vigencia, el problema del empleo, el impacto al medio ambiente y los pasivos que deja la minería.
Fuente: diario Jujuy al Día
La joven abogada convocó a la sociedad a sumarse a lo que denominó “una lucha socio ambiental”, en defensa de las tierras y del agua, “porque el agua vale más que el oro”, definió.
Sostuvo que las comunidades aborígenes a las que representa tienen una visión negativa de los efectos de la actividad minera. “Hasta ahora, sólo dejaron muerte y destrucción”, consideró.
Fue tajante al decir que “las comunidades no queremos mega minería, no queremos más contaminación y no queremos seguir empobreciéndonos a costa de la vida y de la salud de nuestros hijos”, perjuicios éstos que atribuyó al “desgobierno que hay en el Ministerio de Producción y Medio Ambiente y en el Juzgado de Minas, porque allí el derecho de los pueblos originarios –es decir, donde se van a instalar las minas- está siendo totalmente vulnerado”.
Añadió que, a pesar de las explicaciones oficiales, no se está dando participación a las comunidades y los informes de impacto ambiental “son totalmente falsos”.
En cuanto al hecho de que las comunidades son parte de la Unidad de Gestión Ambiental Minera (UGAM), que funciona en dependencias de la Dirección Provincial de Minería, Morel dijo que ella comprobó -a través de la propia experiencia, en un expediente de pedido de cateo en Cangrejillos por parte de Minera El Aguilar- que las comunidades “no tienen voz, no se les corre traslado de las cuestiones que se resuelven en el Juzgado de Minas, mientras que al abogado de las empresas mineras se le corre traslado, se le avisa, se le otorgan los permisos, le dan plazos. Pero a la comunidad no le dan plazos y no les llegan los radiogramas”.
Otro problema que se suscita es que en el marco de la UGAM, “cuando viene a Jujuy un representante de las comunidades, sus declaraciones son totalmente desvirtuadas por los intereses de un equipo de gente de la Dirección de Minería y de la Secretaría de Derechos Humanos. Es decir: es todo el equipo del Gobierno contra una o dos personas de las comunidades. No se los escucha”, aseguró.
Indicó que se ha rechazado categóricamente, a través de un escrito presentado por Morel, los informes de impacto ambiental y los pedidos de cateos en la comunidad aborigen de Cangrejillos, pero aún no se le ha dado ningún tratamiento. Por ese motivo, anunció que solicitará la nulidad de los expedientes que se tramitan en el Juzgado de Minas, iniciados por Minera El Aguilar.
Emergencia ambiental
Morel indicó que la Asamblea Socio Ambiental del NOA considera que Jujuy “está en una crisis ambiental y por eso la queremos declarar como una provincia en emergencia ambiental. Hay que terminar con el mito de que ésta es la capital nacional de la minería”, declaró.
Y anticipó: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias en lo que se refiera al derecho a la vida, a la salud de los pueblos y al derecho que tienen las comunidades a decidir sobre el desarrollo productivo, la biodiversidad, el respeto a las culturas ancestrales y el amor a la tierra”.
