Mineras, petroleras y el agronegocio condicionan cada vez más la actividad periodística en todos sus formatos. Pautas millonarias, inversión en “acercamiento a la sociedad” para reemplazar al Estado y legitimarse en la población y un método aceitado para invisibilizar críticas y cuestionamientos. El verso del progreso, de Catamarca a Chubut con tres décadas de diferencia.
Fuente: Revista Cítrica – por Agustín Colombo
Fotos: Juan Pablo Barrientos
Durante los años anteriores al mayor derrame de cianuro de la historia, un hecho que la convirtió por primera vez en noticia nacional, el equipo de comunicación de Barrick Gold tenía una obsesión: que en los medios se dejara de anteponer el artículo “la” a Barrick. Sus voceros explicaban en almuerzos y off con periodistas que era una manera de estigmatizar a la compañía, porque nadie decía “La Bayer”, “La Chevron” o “La Panamerican Energy”.
Ese detalle semántico –ya sabemos quién está en los detalles– sirve también para entender hasta qué punto trabajan el discurso y la comunicación las multinacionales extractivas en el país y en el mundo.
Pero lejos de circunscribirse sólo a cuestiones del lenguaje, mineras, petroleras y agroindustriales condicionan cada vez más la actividad periodística en todos sus formatos y en todas sus organizaciones: medios locales, regionales y “nacionales” sufren un lobby que a veces es sigiloso y con buenos modales, y otras veces es bastante más burdo.
“Algunos medios directamente nos pidieron dinero para darnos cobertura. En otros los propietarios se sinceraron y nos dijeron que si nos daban espacio se quedaban sin pauta y sin contratos”, cuenta Domingo Jofré, de la Asamblea Jáchal no se Toca, que hace más de una década observa, denuncia y visibiliza los daños al agua y al medio ambiente en general que ocasionan proyectos como el de la Barrick Gold en mina Veladero, San Juan.
Lo de la pauta sucede en grandes, medianas y pequeñas empresas. Pero lo de los contratos es una particularidad que podríamos atribuir a la actividad extractiva: hay trabajadores o trabajadoras de medios locales o regionales que aparecen bajo la órbita de municipios, pero cuyo único trabajo es asegurar complicidad y silencio en portales, diarios o programas de radio y televisión.
No es la única relación que existe entre los distintos Estados y los medios, obviamente. Cuando ocurrió el segundo derrame de cianuro de la Barrick, a Veladero llegó Canal 13: por primera vez uno de los dos canales con más ráting del país ponía su atención ahí.
Parte de los informes del programa de Lanata se hicieron a bordo del helicóptero de la gobernación. “Ante lo explícito del desastre generado solo se ocuparon de salvar la imagen del gobernador –dice Domingo–. Ahí se les termina la grieta”.
La disputa por el sentido
La censura ya no se practica como en las dictaduras pasadas. Hay métodos que la sofisticaron. Y que también sirven para sembrar algo que en los medios tradicionales crece año a año: la autocensura. Suavizar coberturas o directamente no abordarlos por temor a hipotéticas represalias dentro de las mismas empresas periodísticas. En ese aspecto, las multinacionales extractivas y los gobiernos provinciales y municipales comparten un mecanismo aceitado.
En Chubut, en estos últimos dos años, quedó explicitado: la mayoría de los medios de la provincia tienen pauta de las mineras, que intentan voltear una ley que las prohíbe y relativizar el consenso que existe entre la sociedad, que hace 18 años, en una consulta popular histórica en Esquel, le dijo “No a la mina”.
En ese afán de consolidar a la minería, a veces aparecen en una publicidad tradicional; y otras veces en forma de PNT (Publicidad No Tradicional): publinotas que minimizan los impactos de la actividad y realzan sus pocas bondades. ¿La consecuencia? Falsa información, o información que va en detrimento de la verdad y la rigurosidad. Se evidencia en Chubut y Neuquén al leer las noticias de asesinatos laborales en los yacimientos de la región: despersonalización de la víctima, el carácter “accidental” del hecho y la vaguedad de la ubicación real. En ningún caso, los medios mencionan el nombre de las petroleras en cuestión.
El trabajo cultural de las empresas extractivas incluye a los medios, por supuesto, pero también los excede: es mucho más abarcativo. La docente Magalí Stoyanoff, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), lo describe: “Un fenómeno que se intensificó es el inmenso esfuerzo, en particular de la empresa Panamerican Energy y de sus fundaciones, ya no en plata contante y sonante por publicidad en distintos medios, sino una difusión muy dirigida a trabajar sobre la imagen de la empresa ante la sociedad. Esta orientación se lleva a cabo junto al Ministerio de Educación de Chubut”.
Eso, que sucede del lado cordillerano y petrolero de la provincia, puede unirse a una serie de situaciones que se tornaron habituales en toda la meseta chubutense, la nueva fruta codiciada por las multinacionales mineras. Con el Estado intencionalmente corrido en esa región, empieza a repetirse que pueblos enteros se queden sin luz y sin agua durante días.
¿Qué pasa entonces? Cada vez que aparecen esos problemas derivados de la falta de inversión pública, también aparecen las mineras para cumplir un rol propio del Estado. De esta manera, se legitiman socialmente y buscan el consenso y apoyo de las vecindades y comunidades.
Eso, que se observa en la calle, también se observa en los estados contables: solo en 2019, Pan American Silver invirtió seis millones de dólares en Chubut, una provincia que tiene prohibida la actividad minera. De acuerdo a los registros de la multinacional con sede en Canadá, responsable del Proyecto Navidad que busca extraer plata en una superficie de 10 mil hectáreas, esos seis millones figuraban bajo el rótulo de “acercamiento a la sociedad”, un eufemismo que se materializa en cada rincón de la provincia en forma de notas pagas, regalos, ropa y bolsones de comida en barrios populares.
Mejor no hablar de ciertas cosas
Como menciona uno de los textos del dossier Contaminación informativa. Medios, extractivismo y soberanía, en Catamarca existen en la actualidad 16 minas operativas, 34 proyectos en etapa avanzada y más de 250 en exploración. El primer megaemprendimiento extractivo fue el de Bajo Alumbrera, presentado en pleno menemismo por los dos principales diarios del país –Clarín y La Nación– como un salto hacia el progreso y el desarrollo del país.
Bajo Alumbrera había prometido por aquellos años puestos de trabajo, hospitales equipados, más escuelas y mejoras en la calidad de vida de los pobladores de Santa María, Belén y Andalgalá. En los casi 20 años que duró la explotación, esas promesas nunca se cumplieron.
El verso del progreso, soliviantado por medios y periodistas, sigue hasta hoy. Y decimos verso porque la realidad se impuso: 15 años después de esa presentación propia de la pizza y el champagne menemista, el municipio de Andalgalá declaró oficialmente la “emergencia económica” por la grave situación financiera que atravesaba: la minería había generado contaminación y cada vez más pobreza.
En los 90, Bajo Alumbrera había prometido puestos de trabajo, hospitales, más escuelas y mejoras en la calidad de vida. Nada se cumplió
La estrategia que se llevó a cabo en Andalgalá es la que se intenta instalar hoy en Chubut. De norte a sur, de este a oeste, el modus operandi es el mismo: no fue casualidad que en 2010, un año después de esa “emergencia económica” el Gobierno de Catamarca anunciara la concreción del proyecto Agua Rica, de la canadiense Yamana Gold. Casi en paralelo surgió la Asamblea El Algarrobo, que el 15 de febrero de 2010 realizó un corte de ruta selectivo –solo le obturaba el paso a los camiones y máquinas de la minera– que terminó en una brutal y recordada represión.
Ese día, entre el reclamo, los palos de la policía y las detenciones arbitrarias, había solo un medio que transmitía en vivo lo que ocurría: Radio La Perla. Durante los primeros años, esa radio era la única que difundía la problemática que generaba la minería y que amplificaba la voz de la comunidad. “Pero luego la compraron: el dueño se la alquiló a un representante minero y la Asamblea perdió ese espacio”, recuerda Ají Buttowski, uno de los referentes de El Algarrobo. No fue incidir en los contenidos ni comprar voluntades con pauta o regalos: la minera directamente compró la radio.
Con los medios tradicionales de la provincia como El Ancasti, El Esquiú y La Unión vedados y a disposición del lobby minero, la Asamblea El Algarrobo debió generar su propia radio y contó con el apoyo de medios autogestivos, que convirtieron a la población consciente de Andalgalá –como a Jáchal– en emblemas de lucha. Una lucha que se explica en una palabra y en cuatro letras: agua.
Porque si la bajante histórica del Río Paraná o los recientes incendios en Córdoba llenan de postales distópicas la crisis ambiental que sufre la Argentina, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU acaba de agregarle a esas postales algunas palabras de repercusión internacional: la situación ya es “irreversible”, la temperatura global seguirá aumentando, los hielos continuarán derritiéndose y el nivel del mar subirá inevitablemente.
El mundo debate sobre el futuro climático y Argentina se desangra por las venas abiertas de su extractivismo. El nuevo yacimiento de Agua Rica de Yamana Gold en Andalgalá tendría permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día. Y en Chubut, donde los lagos se convierten en desiertos de arena como pasa más al norte en las provincias atravesadas por el Paraná, la falsa solución que promueven medios y gobiernos es el ingreso de la megaminería, con el Proyecto Navidad al frente.
Cuando los medios advierten este contexto y emergen críticas fundadas, las empresas mueven sus hilos para silenciar esas voces. “Cada vez que digo algo sobre el tema me llaman por teléfono para pegarme un tironcito en donde más duele. Nosotros no podemos hablar de megaminería en el programa”, le dijo Víctor Morales, conductor del programa “Miradas al Sur” del Canal 7 de Rawson, a FM Namuncurá, uno de los medios autogestivos chubutenses que creció en audiencia y suscripciones –como Radio Sudaka– por tener a la defensa del medio ambiente como bandera.
“Nosotros no podemos hablar de megaminería en el programa”, le dijo Víctor Morales, conductor del Canal 7 de Rawson a FM Namuncurá
Pero los autogestivos y comunitarios crecen, a lo largo y ancho del país, no solo por ese motivo. La hendija que abre la precarización del trabajo periodístico en medios comerciales fue cubierta en parte por esos espacios.
Ante la decisión (por falta de presupuesto o de interés) de medios tradicionales de no enviar a periodistas para producir información desde el lugar, los autogestivos y comunitarios intervienen en la agenda mediática porque son y están ahí, en los pueblos y pequeñas ciudades perjudicadas directamente por prácticas extractivas: el territorio de la noticia.
Lejos de romantizarlos, estos medios también están atravesados por una precarización que se refleja en los ingresos de quienes ejercen el oficio allí. Afectados por el discrecional reparto de la pauta estatal, muchas veces invisibilizados y con salarios (o retiros) incluso más bajos que en los medios tradicionales ya de por sí pulverizados, los y las periodistas de los medios autogestivos deben compartir ese trabajo con otras actividades para subsistir, lo que también va en detrimento de la calidad de la información. Una información que, pese a todo eso, no responde ni a los intereses ni a los proyectos de las multinacionales extractivas.
Esta nota forma parte del dossier Contaminación informativa. Medios, extractivismo y soberanía, realizado en conjunto entre la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Fundación Rosa Luxemburgo.
