Existe una disociación entre la autodenominación (y el concepto) “nacional y popular” y el gobierno de Alberto Fernández que es difícil de explicar. Por no decir imposible. Se presenta como un gobierno democrático y progresista pero continúa con las macropolíticas del despojo.
Para impulsar el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, Alberto Hensel afirma que “En la Cordillera hay otra pampa húmeda” trascendiendo el significado geográfico y apelando a la connotación económico política devenida del siglo XIX: la expansión agrícola-ganadera con concentración de la propiedad de la tierra en manos de unos pocos adinerados que nos colocó en el lugar de proveedores primarios, fundamentalmente de alimentos. Atrasa la idea de proveer minerales/metales, de seguir primarizando, de continuar concentrando en pocas manos -esta vez los adinerados de ayer vinculados con las transnacionales- la explotación de los bienes de todas y todos.
Hay además, un ingrediente de perversidad en la estrategia o mecanismo al que apelan el Secretario de Minería y el Ministro de Producción: convocar a “ONG ambientalistas” que nadie conoce, que nadie nombró como representante, que no actúan en territorio y que por lo tanto no tienen legitimación social. Este mecanismo se da de bruces con lo nacional y popular y con el espíritu democrático que pregonan como propios.
Por lo visto, están dispuestos a multiplicar la conflictividad social. Leamos sino, la nota de Florencia Barragán publicada en Ámbito.
En Argentina, el Gobierno lanzará el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, que contará con objetivos, plazos y estrategias para desarrollar la minería en los próximos 30 años. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo consideran que este sector será una “palanca” al desarrollo, sobre todo por el potencial exportador. “En la Cordillera hay otra pampa húmeda”, aseguró el secretario de Minería, Alberto Hensel, durante un seminario que organizó el think tank Fundar.
Según afirma Ámbito, las exportaciones de minería treparon 83,2% interanual en junio, el salto más elevado del último año. Durante el primer semestre las exportaciones fueron por u$s1.422 millones, una suba del 19,2%, comparado con el primer semestre 2020.
Para el Gobierno sin embargo, la cifra está muy lejos del potencial. “Chile exporta minería por u$s34 mil millones, siendo su principal complejo exportador. En Argentina, la principal exportación es la soja, por u$s16 mil millones, y la minería recién está en quinto lugar”, analizó Hensel. La minería contribuye al 0,6% del PBI argentino, mientras que en Chile aporta al 12% del PBI, o en Perú al 10%.
Hensel consideró que la importancia del sector se observa actualmente en las economías regionales. “Hay provincias que fueron consideradas inviables, hasta que decidieron incursionar en el potencial geológico”, afirmó el secretario. En provincias como San Juan, Santa Cruz o Jujuy las exportaciones de minería representan hasta el 78%.
Según estimaciones oficiales, hay proyectos mineros, que pueden durar 20 años, que pueden tener un balance de divisas favorable de 20 mil millones de dólares cada uno. Por eso el Gobierno avanzará con el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, que formará parte del Plan de Desarrollo Productivo Verde, que lleva adelante el Ministerio que encabeza Matías Kulfas. El programa tendrá un consejo consultivo para recibir consultas y sugerencias, se anticipó a aclarar Hensel.
Es que el Gobierno tendrá dos grandes trabas a la hora de avanzar en este plan. La primera es que los recursos pertenecen a las provincias, de las cuales 9 tienen prohibida la explotación. Pero la más difícil de sortear será la conflictividad social. Hensel aseguró que se cumplirán con todas las regulaciones de carácter ambiental. “Cuando se habla de eliminar la combustión fósil y afrontar el cambio climático, no lo vas a poder hacer si no contás con los minerales para la transición”, argumentó Hensel.
Desde 2005, los conflictos sociales por la minería se incrementaron en un 500%. Argentina es el cuarto país en cantidad de conflictos. Los proyectos que se suspendieron o cancelaron por movilizaciones fueron el 53%, mientras que en el mundo es de tan solo 25%. “El caso argentino es el único en detención de proyectos por la movilización social”, analizaron las investigadoras Lucrecia Wagner y Mariana Walter en el seminario.
En las últimas semanas, Daniel Schteingart, quien trabaja junto a Kulfas como director del CEP XXI, citó a ONG ambientalistas al Ministerio. Durante su exposición en el seminario, afirmó que la minería puede ser una “palanca” al desarrollo y consideró algunas variables a tener presente como la contribución exportadora, el ahorro de divisas, la generación de empleo (con una accidentabilidad laboral por debajo de la media).
