En el marco de las maniobras de Nación para despejar de población la Patagonia y habilitar así el ingreso de empresas mineras y petroleras, el gobierno de Mauricio Macri analiza cortar todas las transferencias a las seis provincias patagónicas, por 140 mil millones en el Presupuesto 2019.
Fuente: La Política Online (LPO) y réplicas en Jornada, El Patagónico
El Gobierno nacional analiza recortar todas las transferencias a la Patagonia para ahorrarse 140 mil millones, publicó el 29 de junio La Política On Line (LPO). Según el diario Jornada, de la provincia de Chubut, LPO es “uno de los portales de noticias que maneja buena información, sobre todo de la Casa Rosada”.
De acuerdo a ese medio, varios ministros ya deslizaron la idea en un encuentro con el senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto.
Según esta versión, Mauricio Macri presiona a los gobernadores peronistas para compartir el costo del ajuste fiscal que exige el FMI, pero ya recibió una respuesta clara: “Presentá el presupuesto con tu propuesta de ajuste y discutimos sobre eso”, repitieron, palabras más palabras menos, los interlocutores del peronismo.
Los interlocutores del peronismo sin embargo no dejan de estar siempre dispuestos a negociar, en vistas a las elecciones de 2019, en las que también muchos de ellos pretenden presentarse a nuevos mandatos.
La ley dispone que el presidente Macri envíe el presupuesto del 2019 el 15 de septiembre. El acuerdo con el FMI lo obliga a incluir una baja del gasto que va entre los 200 mil y los 270 mil millones de pesos, para que el déficit primario pase de 2.7% a 1.3% del PBI, como se comprometió Nicolás Dujovne ante Christine Lagarde.
Este esfuerzo, como es obvio, no tiene destino posible sin acuerdo al menos con una parte del peronismo. Hasta ahora más allá de la retórica acuerdista del macrismo, lo único concreto fue un reciente encuentro de Rogelio Frigerio y Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal con Miguel Angel Pichetto y Juan Schiaretti, entre otros.
El recorte en detalle
En esa reunión, los funcionarios de Macri deslizaron una propuesta audaz: Cortar todas las transferencias “discrecionales” -de acuerdo al artículo de LPO- a la Patagonia, lo que implicaría un ahorro -según las cuentas de la Casa Rosada- de unos 140 mil millones. Según el sitio digital, “Esto indignó a Pichetto, que representa a la patagónica provincia de Río Negro”.
La propuesta del gobierno es cortar a cero la asistencia al régimen de promoción de la industria electrónica de Tierra del Fuego, los reembolsos a puertos patagónicos y hasta los plus que se pagan en planes sociales, jubilaciones y asignaciones familiares a los que viven en la Patagonia, por las más duras condiciones de vida que implica instalarse en esa región.
Pero el debate está planteado. Como anticipó meses atrás LPO, la Casa Rosada hace rato que viene coqueteando con cortar todas las transferencias no automáticas a las provincias. Es una de las tres patas del diseño del ajuste que tantea el Gobierno.
Energía, Transporte y Obra pública
Trazando un panorama negro para la población trabajadora -y en coincidencia con los múltiples esfuerzos de los gobiernos para “vestir” a las empresas mineras y de fracking petrolero como una “gran salvación” para la región patagónica-, se puede prever con claridad una fuerte disminución en los puestos de trabajo, en especial en el ámbito de la construcción y tendido de vías de comunicación terrestres. Lo mismo en relación a las tarifas de transporte.
En efecto, según LPO “Dujovne ya le anticipó a los legisladores de Cambiemos que el ajuste se completará con recortes a los subsidios a energía y transporte y a la obra pública. Esto contradice las declaraciones de Frigerio y Guillermo Dietrich sobre la continuidad de la obra pública y del flamante ministro de Energía, Javier Iguacel, sobre el freno al recorte de subsidios”.
“Si suena contradictorio es porque acaso lo sea”, sugiere LPO, que continúa afirmando que, “como sea, el tema se empezó a discutir muy por arriba con Pichetto y con el diputado Pablo Kosiner”.
Las contradicciones están en la Casa Rosada. En los próximos días Iguacel anunciará una reducción aún más gradual de los subsidios a la energía, para paliar los efectos de la devaluación y hasta analiza la posibilidad de imponer una suerte de tarifa plana para darle “certidumbre” a los usuarios.
El transporte es el rubro más asistido por la Nación, la mayor parte a la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Los gobernadores presionan para disminuirlo al máximo. Pero serían unos 60 mil millones de piso que deberían absorber los dos distritos estrella que gobierna el PRO. O trasladarlos a tarifa, con su consiguiente costo político.
También en esa región funciona con fondos nacionales Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa) y los gobernadores piden que Vidal y Larreta paguen parte del costo de mantenimiento de la empresa. Ya se descartó transferirla por la complejidad técnica de dividirla, cuando la región metropolitana es una en los hechos.
Los giros discrecionales que se quieren cortar son programas de salud, educación, empleo o producción que la Nación ejecuta en el país y se hacen sentir en provincias chicas.
En algunas representa hasta 15% del presupuesto local y no será fácil recortarlo de un plumazo. “Tampoco podemos tener déficit y las provincias superávits”, repiten los referentes de la mesa económica.
Un caso: este viernes los tabacaleros de Salta denunciaban demoras en la asistencia que reciben entre las cosechas. Son las partidas que Dujovne quiere recortar y exigirle al gobernador que se haga cargo.
Tampoco será tan sencillo recortar obras públicas, porque el presidente promete reemplazarlas con Programas de Participación Pública Privada (PPP) pero no convence a todos. “Hasta ahora sólo licitó corredores centrales y nada en el interior”, se quejó ante LPO Kosiner.
Mientras tanto, aprovechando la crisis salarial y financiera provincial, empresas mineras, políticos, funcionarios y sindicalistas a sueldo de las corporaciones despliegan incesantemente una gran cantidad de eventos y maniobras para imponer la habilitación de la explotación minera en Chubut, cuya población, agua y territorio están protegidos por la Ley 5001 y por su Constitución, y donde hace años una Iniciativa Popular, producto de un proceso de amplísima participación en 2013 y 2014, aguarda su debido tratamiento en la Legislatura.
