Sigue sin haber acuerdo entre Nación y Provincias y debió postergarse la firma del Pacto Federal Minero al menos una semana, informaron ayer fuentes oficiales. Al rechazo total de Chubut que no quiere desarrollar la megaminería, se suma ahora el de la provincia de Salta pidiendo “reglas de juego claras” para los inversores. El ministro de Energía y Minería, Jorge Aranguren, se había dirigido al empresariado del sector prometiendo que el Pacto traerá nuevas rebajas salariales e impositivas para que se sumen al gobierno nacional con una presión de “pinzas” sobre las provincias.
Fuente: La Izquierda Diario y Tiempo Sur
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“En tiempos de vacas flacas hay que tratar de generar condiciones para bajar esos costos y cuando las vacas son un poco más gordas se puede aflojar un poco el cinturón”, había sostenido el funcionario el pasado 9 de mayo.
En principio, la suscripción del acuerdo se estaba diagramando para el próximo 5 de junio, pero voceros de la cartera que comanda Juan José Aranguren indicaron que “el lunes no se firma y pasó para la otra semana”.
El texto del documento fue elaborado por el Ministerio de Minería y Consejo Federal de Minería (COFEMIN). Pero las provincias involucradas en el negocio extractivo quieren saber exactamente cuál será el beneficio de cada una. En las últimas horas surgió la voz disidente del gobernador de Salta, Juan José Urtubey, quien sostuvo que “se requiere mayor discusión sobre el proyecto porque, hoy, la Argentina necesita sostener reglas de juego claras para alentar inversiones y, en este documento, existen puntos que atentan contra eso. Por tal motivo, nuestra provincia no adherirá”.
En mayo el gobernador de Chubut Mario Das Neves afirmó categóricamente: “No voy a firmar absolutamente nada”, y añadió: “Mi conclusión, me tomo de las actividades que hay en Catamarca, San Juan y Santa Cruz, es que no hay ganancias, los que tienen la torta y se la llevan toda son las mineras y dejan un impacto ambiental muy importante”. En Chubut existe un alto rechazo a la actividad minera y las asambleas ciudadanas impulsan un proyecto de ley por Iniciativa Popular para prohibir la minería metalífera y de radioactivos en todas sus etapas y formas.
El convenio lleva varios meses de discusión y el objetivo del gobierno es acordar primero el reparto del negocio con todos los estados provinciales que tengan intereses en la minería para que el proyecto pase sin trabas en el Congreso Nacional.
Durante el acto por el Día de la Industria Minera el 9 de mayo pasado, Aranguren había anticipado que “en las próximas semanas se firmará un acuerdo de productividad para el sector minero que va a facilitar la llegada de inversiones” y se escudó en que “ese acuerdo va a contemplar estrictos controles para el cuidado ambiental”, negando la actividad extractiva y contaminante que hoy desarrollan libremente las empresas mineras en el país.
“Las inversiones tanto en el sector minero como en el energético son de 30 ó 35 años y se necesita estabilidad”, argumentó en ese momento el ministro para justificar los sendos beneficios que reciben las mineras, quien sostuvo que “hemos discutido con el sindicato del sector minero y estamos convencidos de que podemos lograrlo (el acuerdo) en las próximas semanas”.
Consultado sobre si ese acuerdo implicaba una rebaja salarial, Aranguren expresó que “la reducción de costos es para todos, también para las empresas y es para crear condiciones para generar un desarrollo en el tiempo”.
