El modelo minero de San Juan nos muestra la impunidad con que se mueven las grandes empresas mineras en Argentina. A casi nueve años del derrame de cianuro de Barrick Gold en San Juan, el juicio oral sigue demorado. Por el hecho se iniciaron dos causas federales en las que se imputó a funcionarios públicos. En 2018 se dictó la elevación a juicio, pero la jueza Servini de Cubría demora la fecha de audiencias. El Poder Judicial también es parte del sistema de injusticia, contaminación e impunidad que blinda a las mineras.
Por Asamblea Jáchal No Se Toca para Agencia de Noticias Tierra Viva
Foto de portada: Sitio web Barrick Gold
Setenta y un mil firmas. Hace un año, integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca viajaron desde San Juan a la ciudad de Buenos Aires. Llevaron consigo miles de firmas de ciudadanas y ciudadanos que reclamaban a la Justicia Federal el inicio del juicio oral por el derrame de cianuro y mercurio de la mina Veladero, operada por Barrick Gold, en septiembre de 2015. Pasaron casi nueve años del mayor desastre minero en la historia del país, y un año de aquel reclamo colectivo. Pero en el Juzgado a cargo de la Jueza María Romilda Servini de Cubría aún no hay novedades. Sigue pendiente la elevación a juicio oral de la causa que investiga la responsabilidad de la empresa canadiense en el derrame.
La demora es otra expresión del sistema de injusticia, contaminación e impunidad que sustenta a la megaminería en Argentina. Este sistema fue implementado en San Juan por el ex gobernador José Luis Gioja y continuado por sus sucesores, Sergio Uñac y Marcelo Orrego. Esa impunidad nació en San Juan para proteger a la empresa Barrick Gold por los continuos derrames de sustancias peligrosas desde su mina Veladero. Y se ha extendido al ámbito nacional de tal manera que los ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández encubrieron, junto con sus funcionarios, las violaciones de esta mina a la Ley de Glaciares, a la Ley General del Ambiente, a la Ley de Residuos Peligrosos y al Código de Minería.
Ahora, con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el presidente Javier Milei pretende blindar a todas las corporaciones mineras que vengan a Argentina para que no se preocupen por cumplir las leyes de protección ambiental. De esta manera, seguirá resguardando a Barrick Gold y también a la empresa china Shandong Gold por las infracciones que siguen cometiendo en San Juan.
Foto: Asamblea Jáchal no se Toca
HISTORIA DE UN JUICIO DEMORADO
El sistema de injusticia, contaminación e impunidad también fue implementado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando repartió la competencia de la causa penal por el derrame ocurrido en 2015. Al hacerlo, dejó en manos del juez Pablo Oritja de San Juan la investigación por la responsabilidad del ex CEO de Barrick en Argentina (Guillermo Caló) y de un grupo de funcionarios provinciales. De esa manera, la Corte Suprema le garantizó impunidad a Caló: pese a ser el responsable de Barrick en el país cuando ocurrió el desastre, el juez Oritja ni siquiera lo llamó a declarar.
Por este motivo, por expresa disposición de la Corte Suprema que no le permitió al juez Sebastián Casanello investigar a la Barrick Gold, la denuncia iniciada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, a cargo de Casanello, no pudo avanzar en la investigación sobre la responsabilidad del ex CEO.
La Asamblea Jáchal No Se Toca, representada por los abogados Enrique Viale y Diego Miguel Seguí, fue aceptada como querellante por Casanello en 2016. El Juez tomó la decisión después de haber recibido 3.000 firmas de ciudadanos jachalleros. En el fuero provincial, Oritja negó la participación de la Asamblea como querellante.
El juez provincial fue el más fiel practicante del sistema de injusticia, contaminación e impunidad. Nos negó la posibilidad de presentar al hidrogeólogo Robert Moran como perito, que sí fue aceptado por Casanello. Además, el juez federal dispuso la creación de una comisión de expertos para evaluar el funcionamiento del establecimiento minero de Barrick Gold. Y resolvió que en dicha comisión tengamos participación la Asamblea Jáchal no se toca y la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia.
El juez Oritja también ocultó un informe de Gendarmería en donde aparece la verdadera causa del “primer derrame” en Veladero. Alegó que la causa fue la rotura de una válvula, que nunca se peritó.
El 16 de octubre de 2018, el juez Casanello dispuso elevar a juicio la causa contra Sergio Lorusso (ex secretario de Ambiente de la Nación), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería de la Nación). A los tres se les imputó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se concluyó que habría existido, por parte de los funcionarios, falta de precaución, principio fundamental que debe regir en materia ambiental.
Foto: Sitio web Barrick Gold
UNA SEGUNDA CAUSA JUDICIAL EN ESPERA
De esta primera causa federal en Buenos Aires se derivó otra, por el incumplimiento de la Ley de Glaciares (causa 16156/16). El 5 de junio de 2018, la misma también fue elevada a juicio oral. En ella se encuentran procesados los ex secretarios de Ambiente de la Nación Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso; y el ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Ricardo Villaba, por el delito de abuso de autoridad.
Casanello sostuvo que los funcionarios crearon un documento (“Cronograma y Fundamentos de Ejecución”) en clara contradicción con la Ley, que impidió que fueran inventariados, conocidos, y por lo tanto protegidos, muchos cuerpos de hielo existentes en la zona de Lama-Veladero, donde se ubica la mina. La extrema aridez de ese lugar hacía aún más necesaria la preservación de estas reservas estratégicas de agua. El Juez concluyó que los incumplimientos vulneraron al menos dos derechos humanos fundamentales: el derecho al ambiente sano y el derecho al agua, en perjuicio de toda la comunidad.
Ambas causas hoy están “acumuladas” esperando el juicio oral ante la Jueza Federal María Romilda Servini de Cubría. La fecha de las audiencias se había dispuesto para el año 2020, pero fue suspendida por la pandemia. Cuatro años después, no se logra una nueva resolución al respecto, pese a haber entregado hace un año 71.000 firmas pidiendo el inicio del juicio. Parece que la Jueza también aplica el sistema de injusticia, contaminación e impunidad a la perfección.
Los distintos poderes del Estado argentino se confabulan para proteger a la Barrick Gold. Por esto sospechamos que nunca se llevará a cabo el juicio oral en Buenos Aires. De la misma forma que nunca avanzaron los juicios en la provincia de San Juan. Todos utilizan a rajatabla el sistema de injusticia, contaminación e impunidad.
