Milei firmó el Pacto de Mayo el 9 de julio enfocándose en la explotación de recursos naturales. Pese a su discurso accidentado, el acto se destacó por la presencia de gobernadores y la ausencia de mujeres. El pacto refuerza el extractivismo y amenaza leyes ambientales, exacerbando la desigualdad y el conflicto social bajo un régimen autoritario que prioriza intereses corporativos.
Por: Maristella Svampa – Enrique Viale
Superado el traspié con la ley ómnibus, devenida luego de seis meses en Ley de Bases, el pasado 9 de julio el presidente Javier Milei firmó el diferido Pacto de Mayo. En un despojado escenario tucumano, con temperaturas gélidas en todo el país, el presidente libertario leyó un largo discurso, desarrollando cada uno de los diez puntos del pacto.
Pese a que habló mucho de la necesidad de poner el énfasis en la alfabetización primaria y secundaria, la lectura accidentada del texto parecía desmentirlo. A nadie se le escapó que en todo momento Milei, tropezaba con las palabras y parecía a punto de despeñarse. Sin embargo, la mala lectura es lo de menos; la anécdota es absolutamente olvidable en medio de tanta desmesura destructiva. Lo importante es que Milei logró su cometido; tuvo su foto de época, su foto del poder, en la cual se destacan los 18 gobernadores presentes, con sus rígidos trajes oscuros y ante la ausencia estentórea de mujeres. Tiempo de disciplinamientos, de nuevas subalternidades, como también de retornos machirulos explícitos. Sola la hermana presidencial sobresalía con su larga cabellera y el rojo de la vestimenta, aun si hay que recordar que ella también ostenta un apodo masculino, “El Jefe”.
La letanía se advierte ya en la primera oración que arranca con “Ante la mirada del Eterno…” Y la última oración, “Dios bendiga a todos los argentinos y nos otorgue la sabiduría y la fortaleza necesarias para superar los desafíos que enfrentamos como sociedad, para construir un futuro próspero para nuestra Nación. Que las Fuerzas del Cielo nos acompañen”.
Ante tal imprecación, los gobernadores continuaron con sus rostros inmutables. Todo suena a escándalo y al mismo tiempo ya no lo es tanto. Los argentinos estamos normalizando el brutalismo y la destrucción social, todo ello en nombre de fuerzas divinas. Así, estamos en las manos de Dios, nos dicen. No sabemos de qué Dios, ni tampoco qué Fuerzas del Cielo. Pero para aquellos que todavía conservamos una mirada laica de la política, aquellos que creemos que lo social sólo se explica por lo social y no por la intervención de fuerzas divinas, resulta claro que hasta hace poco estábamos en manos de las y los distintos diputados y senadores, esos mismos que, pese a las grandes movilizaciones sociales, finalmente decidieron entregar facultades delegadas a un presidente con abierta vocación antidemocrática que asegura además haber venido, como un “topo” para destruir el Estado… Hecho el pase legislativo, otorgada ya en bandeja el arma de destrucción masiva al ejecutivo con la Ley de Bases, desde el 9 de julio todo quedará en las manos exclusivas de Milei y su equipo, con la colaboración de los gobernadores, la cual se espera sea muy, pero muy activa. Y a eso vamos.
Uno de los puntos más destacados del pacto de mayo es el número 7, que establece “El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Una sentencia que viene a reasegurar lo que ya dice el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), que impulsa la profundización de las figuras extremas del extractivismo, como la gran minería, el gas y petróleo, la industria forestal y el agronegocio, todas actividades primarias que se integran a un régimen de entrega que casi no encuentra parangón en el mundo. Recordemos, además, que el RIGI tiene una cláusula que le otorga prioridad absoluta a las grandes corporaciones para obtener los insumos que necesite en su proceso extractivo. Y que, con está cláusula, por ejemplo, las empresas tendrán prevalencia en el uso del agua, incluso sobre el consumo humano de una comunidad, en el caso de escasez del vital recurso.
Pero lo que esencialmente el Pacto de Mayo viene a decir también es que ahora es el turno de los gobernadores, quienes para abrir el juego del RIGI, deberán derogar o hacer caso omiso a las leyes que protegen el ambiente en las provincias, leyes contra la minería que utiliza sustancias contaminantes, ordenanzas locales de protección contra las fumigaciones y el fracking, leyes y ordenanzas que limitan la deforestación de bosques y montes.
Así, otra cláusula del RIGI establece que cualquier norma provincial que se oponga o entorpezca las actividades beneficiadas, serán nulas de nulidad absoluta. Con ello atacan las leyes provinciales de protección ambiental, como la Ley 7.722 de Mendoza, que protege el agua, o la 5.001 de Chubut, la primera ley provincial (de 2003) que limita la minería contaminante. Más simple, van a militarizar los territorios a fin no solo de “proteger” los intereses específicos de las empresas, sino sobre todo para garantizar la instalación y avance de nuevos proyectos extractivos, ahí donde hay resistencias y/o donde están prohibidas ciertas actividades extractivas desde hace más de 15 años. Así blindarán con fuerzas federales no sólo Vaca Muerta sino también las zonas con litio y otros minerales críticos, buscando barrer con cualquier resistencia de las comunidades locales. En el caso de que una comunidad salga a protestar por escasez de agua o en defensa de sus leyes protectoras, o simplemente en defensa de la salud y los ecosistemas, aparecerán las fuerzas federales para reprimir. El combo perfecto para concretar el saqueo y entrega. Un Estado deliberadamente ausente para regular en términos de derechos y bienes colectivos, pero muy presente para garantizar por la fuerza el despojo, ahora en nombre del “individuo”, que en realidad termina siendo no el individuo común y silvestre, sino las corporaciones económicas.
En simultáneo con el RIGI, hubo un anticipo del Ministerio que ocupa Patricia Bullrich. Mediante la Resolución 499/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional (publicada el 10 de junio pasado en el Boletín Oficial), el gobierno acaba de conformar una “unidad de seguridad productiva” que permite blindar los territorios del extractivismo. Así habilita el despliegue de fuerzas federales en las provincias en el caso de conflictividad social ante el avance del extractivismo.
En consecuencia, se advierte un nuevo embate contra los movimientos socioambientales, único colectivo que el Presidente nombró expresamente en su enrevesado discurso. No es casual: los ambientalismos territoriales cuestionan de raíz los modelos de maldesarrollo y denuncian su carácter neocolonial; cuestionan la destrucción de los territorios y el empobrecimiento de las poblaciones; cuestionan también la hipocresía y el desinterés de los gobiernos en dar respuestas a la crisis climática.
Los ambientalismos territoriales desafían al modelo extractivista que se ha venido profundizado como política de estado durante más de veinte años, pese a que más de la mitad de los pibes y pibas argentinas siguen hundidos en la pobreza. Sostienen que si durante décadas, con la expansión del fracking, el agronegocios y la minería a cielo abierto, más del 50% de la población sobreviven bajo la línea de pobreza, proceso además acompañado por la concentración de riqueza y la expansión de conflictos ambientales, parece poco razonable que, haciendo más de lo mismo, vayamos a tener resultados distintos.
Es por ello que en nuestro país no hay tensión real entre ambiente y desarrollo. Para decirlo de otro modo: no es que la Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales. El agronegocio, las forestales, el fracking en Vaca Muerta y la megaminería, son todas actividades que se llevan a cabo casi sin límites ni controles ambientales por parte del Estado (en sus diversas escalas). Nuestro país está absolutamente liberalizado desde el punto de vista ambiental. Y los resultados están a la vista.
Es cierto que no todo es nuevo en el discurso negacionista de Milei. Parte de los lugares comunes que el Presidente dijo al hablar sobre el punto 7 del Pacto de Mayo (explotación de Recursos Naturales) también están presentes en sectores conservadores e incluso progresistas. Por ejemplo, el ex ministro Matías Kulfas —y su equipo—, cuando ocupaba el Ministerio de Producción de la Nación, fue una muestra de la falta de conexión con los territorios y la ausencia de empatía e indiferencia sobre los impactos locales —ambientales y sociales— de las figuras extremas del extractivismo. Así desde la ciudad de Buenos Aires se desplegaron varias campañas de demonización: “ambientalismo bobo” o “ambientalismo falopa”, al tiempo que sectores del oficialismo trataron de instalar a jóvenes referentes ambientales sin conocimiento del territorio, que aceptaban el extractivismo y rol de la Argentina como proveedores de naturaleza. Con ello, buscaron instalar otros interlocutores, darle aire en los medios, para intentar invisibilizar las voces de las luchas socioambientales territoriales.
También hay casos más extremos. Hace muy poco, alguien con tan pocas credenciales democráticas como Guillermo Moreno defendió en una entrevista a Jair Bolsonaro por el “nacionalismo en la Amazonia”. Si, decimos bien: defendió al expresidente brasileño que, entre otras cosas, instauró el “día del fuego” y provocó un verdadero ecocidio en la Amazonia brasilera con la deforestación en manos del agronegocio, lo cual fue también una declaración de guerra contra los pueblos indígenas.
Pero volviendo a Milei, hoy lo novedoso es que en su discurso en Tucumán volvió a colocar al ambientalismo en el lugar del enemigo interno, ya no de la mano de un negacionismo climático implícito o interpretativo (como el de muchos progresistas), sino de un negacionismo climático explícito o literal. Y ello no es casual, pues quienes defienden el negacionismo climático de modo literal (como Trump, Bolsonaro y Milei) no sólo niegan la responsabilidad de la actividad económica humana en la destrucción de los ecosistemas y el calentamiento global. En el fondo, lo que buscan es rechazar cualquier tipo de regulación estatal que limite la actividad económica y la propiedad privada; cualquier política que apunte a la protección de los bienes naturales o combata la crisis climática. Y claro está, quienes promueven esas regulaciones protectoras así como políticas de adaptación no son otros que los ambientalistas. Alberto Benegas Lynch hijo lo puso en claro en varios artículos, en donde incluso sugirió la privatización del mar en nombre de la propiedad privada… Detrás del ambientalismo “se agazapa el socialismo”, “como una manera más eficaz de liquidar la propiedad privada” también dijo, entre otros desvaríos a los que ya nos tienen acostumbrados, Benegas Lynch nieto.
Más allá de los elementos antediluvianos que encontramos en el paleolibertarianismo, el caso es que en todas partes del mundo, mucho más en el sur global, donde el extractivismo se despliega, suele hacerlo con corrupción y represión, reduciendo la democracia al mínimo. Por ello es tan peligrosa la posición del Presidente, máxime en América Latina, región que ostenta el triste récord de tener la mayor cantidad de defensores/as ambientales asesinados y perseguidos.
En definitiva, en estas confesiones de invierno, los gobernadores fueron a avalar un “Pacto para el Saqueo”. Y se les pidió que no se hagan los distraídos, que hagan los “deberes”. Como consecuencia de ello, el ambientalismo territorial y el ambientalismo crítico serán nuevamente perseguidos, pero ahora en el marco de un Estado de excepción, de la mano de un gobierno que instaló de modo vertiginoso el brutalismo, la política de la crueldad y el disciplinamiento social, como arma de destrucción masiva de la sociedad.
No tenemos dudas de que el modelo que viene de la mano de Milei (y no de las fuerzas del cielo) no es otro que el de la autocracia y del capitalismo del fin. La reforma, derogación o modificación de leyes y normas ambientales por la vía del DNU, el RIGI en la Ley Bases, profundizarán la crisis ecológica y apuntalarán la desigualdad producida por el actual modelo económico concentrador, excluyente y extractivista. Abiertamente vienen por más extractivismo y por menos democracia. Vienen por más colonialismo y mayor reprimarización de la economía. Vienen por mayor ganancia de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio, y mayor desigualdad social y ambiental. Imposible mirar para otro lado. Habrá que elegir el campo, en una lucha que no solo es ambiental, sino también política, económica, social y cultural, y que inevitablemente nos involucrará a todos y todas.
Publicación original: https://www.eldiarioar.com/opinion/confesiones-invierno-pacto-saqueo-caceria-ambientalistas_129_11518179.html?s=08
