Esta Ley fue aprobada por unanimidad de la Legislatura provincial a fines de septiembre 2008, luego de un profundo trabajo técnico y legal de meses, con la participación de todos los actores involucrados.
El sector minero funda su reclamo en afirmaciones falaces, llegando al extremo de sostener que la actividad minera desarrollada por la CNEA en la Provincia de Córdoba, no ha producido ningún tipo de contaminación, ni daño a la salud de persona alguna. Esta contaminación ha sucedido y es de público y notorio conocimiento. La secretaría de Minería de la provincia lo sabe y así lo ha reconocido. Cabe destacar que la ley 9526, tal cual fue expresado por los propios dirigentes mineros, no perjudica la Minería existente en nuestra Provincia.
Confiamos en que el Tribunal Superior de Justicia velará por el Bien Común del pueblo cordobés, pueblo que se vería afectado en su totalidad ya que el agua de la provincia (la potable y la de riego) en su mayoría procede de sus montañas, donde “casualmente” se encuentran los posibles yacimientos de material nuclear que desea ser explotado por la CNEA, defendiendo el derecho a un ambiente sano y equilibrado (art. 41 de la Constitución Nacional) al agua pura, por encima de los intereses privados de algunos sectores.
