Reclaman que el Estado argentino reconozca el derecho a la propiedad, la consulta y la participación indígenas en relación a la megaminería. Por Agencia Tierra Viva
Organizaciones que luchan por los derechos de los pueblos indígenas presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación, por parte de la provincia de Chubut y del Estado argentino, de derechos de los pueblos originarios. La acción judicial fue informada por la Coordinación Regional Sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa). Motiva el reclamo el intento por parte del gobernador Mariano Arcioni de aprobar de forma inconsulta el proyecto de ley provincial de zonificación minera, que afecta a las tierras que habitan las poblaciones mapuches de la meseta chubutense.
La denuncia se ha realizado a petición de las Comunidades Mapuche Tehuelches Los Pino, Mallin de los Cual, Chacay Oeste y Laguna Fría. “Exhortamos a las autoridades de la provincia del Chubut, especialmente a la presidencia y los miembros de la Legislatura Provincial a cesar en su actitud violatoria de los derechos humanos, a fin de evitar ulteriores consecuencias graves tanto para el Pueblo Mapuche Tehuelche como para el Estado”, manifestó Endepa en un comunicado.
Un proyecto inconsulto
El hecho que motiva la presentación ante la CIDH es la pretensión gubernamental de modificar de forma inconsulta la ley provincial que protege a los territorios comunitarios indígenas, prohibiendo la actividad megaminera. De aprobarse esta reforma, “se expondría a las comunidades a convivir con explotaciones de megaminería a cielo abierto promovidas desde el Estado, privando de un ambiente sano y de seguridad y futuro al mantenimiento de la vida en común”, explica Endepa.
Además, sentaría un grave precedente respecto al desconocimiento del derecho a la propiedad y a la consulta y participación indígenas. Por eso, la presentación requiere que la Corte Interamericana solicite al Estado al Estado argentino que la Legislatura de la Provincia del Chubut suspenda el tratamiento del proyecto 128/2020 denominado “Desarrollo Industrial Minero Metalifero Sustentable de la Provincia del Chubut” hasta que se efectivice la consulta y participación con las comunidades indígenas involucradas y afectadas por el mismo. El 5 de febrero estaba previsto su tratamiento, pero una cautelar suspendió provisoriamente el trámite.
“Solicitamos además que se indique al Estado argentino que la consulta previa a los pueblos indígenas no consiste en una mera información o reuniones formales sino en un procedimiento tendiente a la obtención del consentimiento previo, libre e informado”, afirma Endepa. En ese sentido, deben seguirse las indicaciones que para dichos procesos han elaborado los órganos competentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La urgencia del pedido se sustenta en que una acción posterior a la reforma de la ley tendría un tiempo de sustanciación que no impediría el asentamiento de emprendimientos económicos. “No queremos solicitar posteriormente al daño una indemnización, sino evitar que el perjuicio se produzca de modo irreparable, lo que ocurriría inevitablemente si la modificación legal que el Estado propone se realiza”, aseguran en la denuncia.
La Comunidad Mapuche Tehuelche Los Pino tiene una población de aproximadamente 50 personas que integran diez familias. Por su parte, la Comunidad Mapuche Tehuelche Mallin de Los Cual tiene alrededor de 40 personas integrando seis familias. La Comunidad Mapuche Tehuelche Chacay Oeste y Laguna Fría tiene aproximadamente 160 personas que integran 20 familias.
Derechos vulnerados
Según informó Endepa, el riesgo inmediato consiste en la afectación a las comunidades de los artículos 21 (derecho a la propiedad comunitaria indígena) y 23 (derecho de participación política) de la Convención Americana y de los artículos referidos al derecho a la protección del medio ambiente sano, derecho a la participación indígena y derecho al desarrollo de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además los resultados de la falta de consulta a las comunidades afectarán en el futuro su asociación cultural, su integridad familiar en nuestro entorno cultural y los derechos de que los niños sean criados en su cultura.
“Nuestras comunidades sufren una acción invisible y constante del Estado tendiente a su desaparición. La falta de todo tipo de ayuda económica y de créditos, así como la ausencia de todo plan de desarrollo de la región producen como resultado la migración de parte de nuestros jóvenes a las ciudades en busca de oportunidades económicas”, contextualiza Endepa en la denuncia elevada a la CIDH.
Además de las políticas orientadas a megaemprendimientos dañinos al ambiente y el desconocimiento de derechos básicos de propiedad comunitaria y consulta y participación, las comunidades viven “en una situación de vulnerabilidad que se agravaría notablemente” con la modificación legal cuya suspensión se solicita. “Reiteramos que ni siquiera tenemos titularizada la propiedad de nuestros territorios y que jamás en la historia política provincial han existido mecanismos participativos y de consulta a nuestras comunidades”, dice la presentación judicial.
