Sin manifestar demasiado interés y con argumentos dilatorios, dos de las tres diputadas cordilleranas relativizaron el tratamiento del proyecto de ley para prohibir la minería metalífera y de radioactivos presentado por Iniciativa Popular. Fue en un encuentro junto a los concejales de Esquel donde vecinos y concejales remarcaron y fundamentaron la necesidad de tratar el proyecto.
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Por Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut – UACCh
Así quedó expuesto en el encuentro del concejo deliberante de Esquel “en comisión” que recibió a las tres diputadas provinciales de la región cordillerana para intercambiar acerca del planteo que vienen realizando los vecinos de la provincia para que la legislatura trate el proyecto de ley presentado por Iniciativa Popular con el aval de más de trece mil firmas de chubutenses motorizado por la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UACCh) y que nunca fue tratado.
A la convocatoria del cuerpo deliberante esquelense asistieron las diputadas María Cecilia Torres Otárola (FPV), Zulema Anden (ChST) y Jacqueline Caminoa (Cambiemos) y la totalidad de los concejales de Esquel. Se había cursado invitación a los ediles de Trevelin pero no asistieron. También participó un grupo de vecinos.
El presidente del cuerpo, Jorge Junyent (Cambiemos), comenzó el encuentro requiriendo a las diputadas que manifiesten sobre su posición acerca del tratamiento de la Iniciativa Popular.
La diputada Anden, con su habitual discurso sinuoso, manifestó estar a favor de tratar y aprobar el proyecto de ley aunque también señaló la posibilidad de una consulta a todos los chubutenses demostrando así si dualidad. A la vez, Andén realizó un planteo hacia el concejal Oscar Cheuque sobre las motivaciones de esta convocatoria, quien le respondió que era voluntad del concejo deliberante de Esquel ahondar en las posibilidades productivas regionales pero distintas de ese tipo de minería.
La diputada Caminoa, que es firmante de la Iniciativa Popular, manifestó que presentó una nota ante la comisión de asuntos constitucionales para que se expida sobre la presentación realizada por la UACCh donde se fundamenta ampliamente el pedido de nulidad de la sesión del 25 de noviembre de 2014 y se celebre una nueva sesión para tratar el orden del día previsto para aquella fecha y que no fue abordado por los legisladores.
Tanto Torres Otárola como Anden se esforzaron en manifestar que numerosos intendentes de la meseta piden para habilitar la actividad. Torres Otárola volvió a usar el remanido argumento de que los legisladores deben “escuchar a todos” agregando de que así sería si otros pobladores acercaran también trece mil firmas a favor de la minería.
Estas manifestaciones merecieron la respuesta de diversos concejales y vecinos.
Una de las vecinas presentes señaló que no existe ningún trámite de Iniciativa Popular a favor de la mega minería. Otra esquelense requirió a Torres Otárola y Anden que definieran si respaldaban el pedido de nulidad de la fraudulenta sesión legislativa del 25 de noviembre de 2014 para dar paso al tratamiento del proyecto nunca abordado, pero ambas respondieron con argumentos vagos como que es imposible anular la sesión legalmente o que la Iniciativa Popular perdió estado parlamentario y debe ser presentada nuevamente.
Un vecino interpeló a una de las diputadas sobre el escandaloso rol de los gobiernos como promotores de la explotación minera, como lo manifestaron el jefe de gabinete provincial, Víctor Cisterna, o el ministro de medio ambiente nacional, Sergio Bergman, entre otros funcionarios, a pesar del inocultable rechazo social a la actividad.
El concejal Flavio Romano (FteVecinal) indicó que la Iniciativa Popular no puede estar en un “limbo” legislativo ya que no existe tal estado en las instituciones políticas. Romano también manifestó que es deber de los representantes del pueblo advertir a quienes demandan a favor de la minería a gran escala, que se trata de una actividad con graves consecuencias para los acuíferos, la salud de la población y la economía de las regiones donde se instalan.
Mientras que la concejal Valeria Saunders (ChST) señaló que la Iniciativa Popular no debe perder el carácter de ley presentada por el pueblo por derecho constitucional para que aparezca ahora como un simple proyecto de ley más.
Antes de retirarse el conjunto de vecinos, una de ellas reseñó el extenso y profundo proceso de difusión y recolección de firmas en toda la provinica a favor del proyecto luego ingnorado por los legisladores, y del entusiasmo de la gente de la meseta. “Vimos bajar de un colectivo repleto de gente, comunidades de la meseta, desesperados por tener cada uno, una de las trece cajas con mil firmas cada una para entregarlas en la Junta Electoral. Y como no olvidaré nunca ese histórico 4 de marzo del 2014, les digo que por respeto a ese pueblo, a esas 13.007 firmas: ¡NOS DEBEN UNA LEY!
