El Poder Ejecutivo promulgó la Ley XVII Nº 127 que abre la puerta para la explotación minera metalífera “con licencia social” en cada región donde pretenda realizarse esta actividad. El gobernador Martín Buzzi firmó el viernes 28 el Decreto N°1641 a tal fin. Buzzi ratificó en declaraciones periodísticas su acuerdo como «una salida lógica» al tratamiento dado en la Legislatura a la iniciativa popular de los asambleístas, que entró en contradicción con las posiciones a favor de la minería de algunos vecinos de la meseta, ciertos sindicatos y empresas, y un grupo de intendentes y jefes comunales del interior.
Fuente: El Chubut
El diputado del FPV, Gustavo Reyes, confirmó que el viernes al mediodía el Gobierno envió el decreto 1641 que promulga esta ley sancionada el martes en la Legislatura, a partir de un dictamen que obtuvo una mayoría en la Cámara de 15 a 12 votos. Implicó una serie de modificaciones que los legisladores realizaron a la iniciativa popular contra la megaminería que presentó la Unión de Asambleas Ciudadanas.
A partir de ahora, conforme lo establece el artículo 2º de la Ley XVII Nº 127, queda suspendida en toda la provincia cualquier actividad minera metalífera de primera categoría, en tanto que el Ejecutivo deberá promover el debate minero en todo el territorio de Chubut. A su vez, esta ley introduce que todo proyecto de explotación minera metalífera que las empresas quieran desarrollar en una determinada región o localidad, deberá contar con la aprobación de las comunidades a las que se les realizará una consulta popular vinculante, previamente al inicio de la actividad.
De todas maneras, tal como aclaró días atrás el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, todavía no hay plazos previstos para realizar la consulta popular, porque el Gobierno implementará este mecanismo una vez que las empresas presenten los respectivos proyectos. Antes de esto -aclararon desde el Gobierno- las empresas deberán tener aprobados los estudios de impacto ambiental correspondientes.
Vale recordar que en su artículo 1º de la ley promulgada es el único que se introdujo copiado del proyecto de Iniciativa Popular, ya que los restantes artículos no se condicen en absoluto con aquél proyecto. Ese artículo enuncia el cumplimento de los principios de sustentabilidad ambiental. También es preciso aclarar que la ley 5001 que prohibe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cinauro en la Provincia y sige vigente ya que no fue alterada por la promulgación de esta nueva ley.
POLEMICA La sanción de la ley que introduce la licencia social como condición previa a la explotación de cualquier actividad minera-metalífera en la provincia, despertó el repudio de asambleas y organizaciones sociales que se movilizaron en forma masiva en Esquel y en la Legislatura en Rawson.
Integrantes de la unión de Asambleas Ciudadanas pusieron el grito en el cielo esgrimiendo que había sido modificado el espíritu de la iniciativa presentada con 13 mil firmas, la cual en su texto original prohibía la minería metalífera en la provincia.
De la misma forma, el dictamen votado por el PJ y el FPV despertó la indignación de los bloques del radicalismo, Chubut Somos Todos, el Polo Social y el socialista del FPV en disidencia Anselmo Montes, quien llegó a hablar de «corrupción». Los ánimos de caldearon aún más cuando trascendió en los medios locales, regionales y nacionales una fotogafía que capta en el recinto al diputado justicialista Gustavo Muñiz mensajeándose por celular con el gerente de una minera. El hecho será denunciado ante la Justicia por la Unión de Asambleas Ciudadanas. También desde el arco político las voces de repudio no se hicieron esperar.
El senador radical Mario Cimadevilla sostuvo que la votación debe ser anulada, en tanto que el diputado nacional Mario Das Neves calificó como «una vergüenza» las votaciones de los 15 diputados que acompañaron el polémico dictamen.
